El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció nuevas restricciones para los docentes: a partir de ahora, no podrán expresar opiniones sobre religión, política o sexualidad en el aula.
La medida se oficializó a través de un reglamento interno que fue enviado a las escuelas y generó fuertes críticas desde distintos sectores.
El documento establece que los docentes tienen prohibido “expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”.
Censura: La Ciudad no permitirá que los docentes hablen de política y religión
La secretaria general de Ademys, Amanda Martín, fue una de las primeras en denunciar la situación al compartir una captura del reglamento en redes sociales. “En caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa del estudiante, el docente deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación”, indica el documento.
Desde el gremio docente consideraron que esta medida es un intento de censura y de control ideológico sobre la educación pública. En la misma línea, la diputada nacional Vanina Biasi llevó el tema al Congreso y lo vinculó con otras decisiones recientes del Ejecutivo porteño.
“Estamos en presencia de un proceso de persecución política e ideológica contra la docencia”, sostuvo en el recinto. Además, repudió al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por haber impulsado esta normativa, que calificó como “una estrategia para disciplinar y censurar a los trabajadores de la educación”.
La decisión del Gobierno de la Ciudad se da en un contexto de creciente debate sobre el acceso a contenidos de Educación Sexual Integral (ESI).
En enero, la gestión de Macri ya había bloqueado material didáctico en los portales oficiales bajo el argumento de que se realizaría una “revisión exhaustiva” del contenido.
Mientras el oficialismo defiende la medida como parte de una política de “neutralidad” en las aulas, los sectores críticos advierten sobre el impacto que puede tener en la formación de los estudiantes y en la libertad de cátedra de los docentes.
Censura en el INTA: prohíben hablar de cambio climático, agroecología y sustentabilidad
El Gobierno nacional comunicó a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que, de acá en más, no podrán hablar de “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “prohuerta”.
Por esta situación, el sindicato pidió explicaciones al Consejo Directivo de la entidad, pero no obtuvo respuestas. En paralelo, avanza ahora con un pedido a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para que se tomen acciones en esta dirección y se realice un pedido de acceso a la información.
El titular del sindicato, Mario Romero, explicó a la que la comunicación para que no utilicen los términos fue transmitida al referente nacional de comunicaciones del instituto en una reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Bioeconomía, y que luego de esa reunión se enviaron comunicaciones de forma verbal e informal a los comunicadores regionales.
“No es una sorpresa para quienes trabajamos en el organismo, ya que están propiciando no tratar la Agenda 2030 que está trabajando todo el mundo”, dijo. Y añadió que, en paralelo, “todos los trabajadores están recibiendo propaganda de la vocería presidencial todas las semanas”, al que “en otros tiempos hubiese sido un escándalo”.
“Recomendaron que no se usen esas palabras y que se baje la presencia en Twitter, diciendo que es donde el Gobierno da la discusión política», afirmó al respecto el secretario general del sindicato, Mario Romero, quien insistió: “Nos llegó información de que en los equipos de comunicaciones regionales del INTA recibieron una bajada de línea sobre no utilizar esas palabras”.
De la misma manera, la Asociación criticó el uso de “bots/trolls que realizan comentarios descalificadores en contra de las publicaciones institucionales en redes sociales”. “Los posteos agresivos, insultos vulgares y difamaciones en redes sociales dirigidos a nuestra institución y a otras instituciones de ciencia y tecnología por parte de personajes que posteriormente pasan a ser funcionarios del gobierno actual”, describieron los trabajadores, quienes pidieron a las autoridades del organismo que se expidan por estos episodios al igual que por los constantes envíos de “correos electrónicos de propaganda política / adoctrinamiento” por parte del área de comunicación del gobierno que depende de la Secretaría General de la Presidencia.
La “censura impuesta” se basa sobre “la divulgación de los ejes del Plan Estratégico Institucional 2015-2030”, aclararon desde la Asociación en un comunicado publicado hace un mes. Sin embargo, lejos de aplacarse, la situación se pronunció según publicó la Agencia de Noticias Tierra Viva. De acuerdo a este portal, hace dos semanas hubo un encuentro de comunicadores regionales del INTA que plantearon esta problemática. Incluso, estaba presente el titular del organismo Juan Cruz Molina Hafford.