El Gobierno de Joe Biden está deportando a migrantes a un gran ritmo. Los jueces federales cerraron casi un millón de casos en el año fiscal 2024, el mayor número desde 2015, cuando se iniciaron los registros. La Administración saliente está calentando los motores de la gran maquinaria de expulsiones que Donald Trump quiere poner en marcha una vez que vuelva a la Casa Blanca el 20 de enero. Sin embargo, el enorme rezago que existe en los expedientes de inmigración puede servir de dique a los temidos planes de deportaciones que el presidente electo pretende llevar a cabo. Unos 3,5 millones de expedientes aguardan resolución en alguna de las 71 cortes federales que hay en el país. Entre estos figuran 1,7 millones de casos en los que se ha solicitado asilo.
El año fiscal 2024 (del 1 de octubre de 2023 al pasado 30 de septiembre) fue el más activo para estos tribunales, que dependen del Poder Ejecutivo y no de la rama judicial. Los 700 jueces especializados en la materia cerraron 914.000 casos, un 36% más comparado con los 674.000 concluidos el año fiscal 2023. Es el año más intenso, con unos 58.000 expedientes resueltos mensualmente en promedio. Mayo rompió todas las marcas con 87.000 casos cerrados. Cerca de 850.000 recursos del año 2024 involucraban órdenes de deportación.
La mayoría de los casos se resolvieron en Miami (47.000), seguida de Nueva York (45.000), Orlando (36.000), Chicago (32.000) y Dallas, (29.000). La tasa más alta de expulsiones se registró en Montana y la más baja en Rhode Island, el Estado más pequeño del país.
En noviembre se otorgó el asilo a 2.042 inmigrantes y se negó a unos 800 después de que argumentaran sus motivos frente a un juez. Casi cuatro de cada diez casos que llegan a manos de estos jueces terminan en una orden de expulsión. Un análisis de la Universidad de Syracuse (Nueva York) indica que, de seguir con la tendencia, el año fiscal 2025 romperá los récords en casos resueltos y órdenes de deportación. Hasta finales de noviembre ya se habían recibido 165.000 nuevos casos y decidido otros 151.000.
Los jueces están ordenando más expulsiones. Han decretado la salida forzosa o voluntaria de 64.000 personas, el 45,4% de los casos analizados por los togados. La mayoría de estos son de nacionalidad mexicana. El porcentaje supera la media de los años fiscales 2023 y 2024, cuando rondó el 39%.
Sin embargo, las órdenes de expulsión no garantizan que un inmigrante abandone inmediatamente el suelo estadounidense: el Gobierno de Biden deportó a 271.000 personas en el año fiscal 2024, una cifra inferior a las decisiones judiciales que apuntan en este sentido.
En algunas ocasiones, no obstante, la localización, procesamiento y expulsión de una persona puede llevar varios años. Este retraso se da incluso en casos de alto perfil, como ocurrió recientemente con el criminal de guerra somalí Yusuf Abdi Ali, de 71 años. El Gobierno estadounidense anunció la semana pasada que al fin había puesto en un avión a quien fue entre 1987 y 1988 el comandante de la quinta brigada del ejército del noroeste de Somalia bajo las órdenes del presidente Mohamed Siad Barre. Desde ese cargo, Ali ordenó varias violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, el incendio de varias poblaciones y el uso indiscriminado de minas antipersonales contra la población civil.
Ali, quien era conocido por sus víctimas como el coronel Tukeh (cuervo), había vivido a salto de mata desde los años 90, cuando Said Barre fue derrocado. Una cadena canadiense de televisión lo identificó en 1992 cuando Ali trabajaba como guardia de seguridad en Toronto. Las autoridades canadienses lo deportaron poco después. El criminal de guerra entró en 1996 a Estados Unidos, a pesar de que este país le había vetado la entrada. En 2019, Yusuf Abdi Ali fue nuevamente localizado cuando vivía en Virginia y trabajaba como chofer de Uber, donde tenía una calificación como conductor de 4.89.
Un centro del Departamento de Seguridad Interior dedicado a localizar a violadores de Derechos Humanos y criminales de guerra inició en marzo de 2020 una investigación para dar con él. Fue detenido por un grupo de agentes especiales dos años más tarde, en noviembre de 2022. La orden de expulsión del territorio estadounidense se emitió en febrero de 2024 en una sentencia de 65 páginas. El juez de inmigración que presidió el caso lo responsabilizó de la tortura del campesino Farhan Tani Warfaa en 1997. El togado decretó la vuelta de Ali a Somalia, algo que ocurrió finalmente el 23 de diciembre.
Las cifras estudiadas por la Universidad de Syracuse indican que solo el 0,74% de las órdenes de deportación están relacionadas con actividades criminales de un individuo (aparte del ingreso irregular al territorio estadounidense).
El presidente electo Trump ha señalado que su gran deportación comenzará con los criminales o personas con antecedentes penales. Esto no es nuevo. Las personas bajo custodia de alguna autoridad son las que se exponen a una pronta deportación y son removidas más rápido del territorio. Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía unas 38.000 personas bajo su vigilancia hasta el 1 de diciembre. El “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, buscará que el Congreso amplíe el presupuesto de ICE para que pueda custodiar a unas 100.000 personas.
