By MANUEL RUEDA and ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ, Colombia (AP) — El regreso del antiguo capo Fabio Ochoa a Colombia tras su deportación de Estados Unidos, donde pasó más de 20 años en prisión por narcotráfico, ha reabierto viejas heridas entre las víctimas del cártel de Medellín, y algunos han expresado consternación por la decisión de las autoridades colombianas de dejar a Ochoa en libertad.
Algunas de las víctimas del cártel dijeron el martes que esperan que el excapo al menos coopere con los esfuerzos en curso de grupos de derechos humanos para investigar uno de los períodos más violentos de la historia de Colombia y desean que lo interroguen fiscales colombianos.
A finales de la década de 1980 y principios de los 90, el cártel de Medellín mató a policías, políticos, jueces, periodistas y gente de a pie mientras libraba una guerra contra el Estado colombiano, el cual intensificó sus esfuerzos para interceptar envíos de drogas, arrestar a narcotraficantes y confiscar sus propiedades. Algunos historiadores en Colombia atribuyen 10.000 asesinatos al líder del cártel, Pablo Escobar.
Ochoa, de 67 años, era uno de los operadores clave del grupo criminal en ese momento y vivió varios años en Miami, donde fue responsable de un centro de distribución de cocaína del cártel. Ochoa niega estar involucrado en los asesinatos del cártel. Pero muchas víctimas y sus familiares son muy escépticos respecto a esa afirmación.
El actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tenía 12 años cuando su padre, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, fue asesinado por sicarios del cártel en 1989.
El lunes por la noche, Galán escribió en un mensaje en la red social X donde dijo que es “inaceptable” que Ochoa no enfrentara ningún cargo en Colombia.
El hermano mayor de Galán, Juan Manuel Galán, fue más allá: “La mayoría de sus crímenes (del cártel de Medellín) siguen impunes. Junto a miles de víctimas, esperamos conocer toda la verdad sobre su propia responsabilidad y la de sus aliados en asesinatos, secuestros y atentados terroristas indiscriminados”.
Ochoa fue deportado a Colombia el lunes después de cumplir más de 20 años en prisión en Estados Unidos por una condena de tráfico de drogas, que no estaba relacionada con ningún asesinato en Colombia.
Las autoridades le tomaron las huellas dactilares en el aeropuerto de Bogotá y quedó en libertad después de que funcionarios de inmigración que verificaron su nombre en una base de datos y confirmaron que no era buscado por las autoridades colombianas.
Hablando con periodistas en el aeropuerto, que lo rodearon frenéticamente, Ochoa afirmó que había sido incriminado por los fiscales estadounidenses por un caso en el que “no soy culpable, me lo montaron”.
Ochoa fue liberado en 1996, pero fue arrestado nuevamente en 1999 y extraditado a Estados Unidos en 2001 en respuesta a una acusación en Miami que lo nombraba a él y a más de 40 otros como parte de una conspiración de contrabando de drogas.
Gonzalo Enrique Rojas era un niño en 1989, cuando su padre murió en un avión comercial que fue destruido por el cártel de Medellín, matando a las 107 personas a bordo.
Rojas, quien ahora lidera una fundación para víctimas del conflicto en Colombia, dijo que el regreso de Ochoa a Colombia presenta una oportunidad para que se conozcan más detalles sobre ese incidente, como qué motivó al cártel a atacar un avión lleno de civiles y cuáles eran sus relaciones con miembros del gobierno colombiano.
Dijo que los fiscales colombianos deberían interrogar a Ochoa sobre este evento y otros crímenes cometidos por el cártel. Añadió que su fundación, Colombia con Memoria, también intentará buscar una reunión con el antiguo capo.
“Yo creo que los años de prisión terminan siendo indiferentes para quien fuimos víctimas del cártel de Medellín. Yo creo que realmente lo que repare, digámoslo el dolor o el hecho, es la verdad y la justicia”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
