Casi 350.000 personas podrían ser deportadas en breve después de que el gobierno de Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS.
El lunes, abogados defensores de los derechos de los migrantes instarán a un juez federal de San Francisco a que retrase dos decisiones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que impedirían a los migrantes procedentes de Venezuela permanecer en Estados Unidos en virtud del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés).
Las protecciones legales permiten a personas procedentes de naciones con problemas, como Haití y Ucrania, vivir y trabajar legalmente en el país. Pero según las medidas que Noem adoptó en febrero, empezarían a expirar para algunos venezolanos, poniendo a casi 350.000 personas en riesgo de deportación ya en abril, y a cientos de miles más a finales de este año.
En una audiencia que se celebrará el lunes, los demandantes, una organización de defensa de los migrantes y un grupo de venezolanos titulares del TPS, pedirán al juez que aplace las decisiones de Noem mientras se litiga su caso. Sostienen que la secretaria de Seguridad Nacional violó los procedimientos administrativos y actuó con prejuicios raciales al revocar las prórrogas de las protecciones concedidas bajo el gobierno de Joe Biden. Los funcionarios federales han rechazado las acusaciones de discriminación y han respondido que Noem actuó dentro de sus competencias.
El caso forma parte de más de una decena de demandas que pretenden frenar los agresivos esfuerzos del gobierno de Donald Trump por expulsar a millones de migrantes de Estados Unidos. A medida que los agentes federales de migración han tratado de intensificar los esfuerzos para deportar a migrantes indocumentados, la Casa Blanca también ha revocado la situación legal de cientos de miles de migrantes que han tenido permiso temporal para quedarse, con el argumento de que algunos podrían amenazar la seguridad nacional.
El viernes, el gobierno de Trump puso fin a otra iniciativa, un programa creado bajo el mandato del presidente Biden conocido como CHNV, que permitía a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela volar a Estados Unidos y obtener rápidamente una autorización de trabajo, si aprobaban la investigación de seguridad y tenían un patrocinador financiero.
La demanda en California, junto con otras en Massachusetts y Maryland, son intentos de evitar las medidas del gobierno de Trump para poner fin a partes importantes del programa TPS. Esa forma de protección legal, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente George H. W. Bush, se encuentra disponible para los migrantes de determinados países que han sufrido catástrofes nacionales, conflictos armados u otro tipo de inestabilidad extraordinaria.
Los venezolanos han constituido el mayor grupo de titulares de TPS en Estados Unidos —unas 600.000 personas—, ya que la represión y la devastación económica bajo el líder autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, han llevado a millones de personas a huir de la nación en los últimos años.
Aproximadamente 500.000 haitianos también pueden optar ahora al TPS tras el asesinato del presidente de Haití en 2021, el cual provocó el colapso del gobierno y la matanza de miles de personas a manos de las bandas que controlan gran parte del país. Algunos migrantes haitianos gozan de esa protección desde 2010, cuando el gobierno de Obama amplió por primera vez ese estatus a los ciudadanos haitianos tras un terremoto.
Pero los funcionarios del gobierno de Trump sostienen que el programa, que ha durado décadas, ha permitido a algunos migrantes permanecer en Estados Unidos indefinidamente. A lo largo de la campaña presidencial de 2024, el presidente Trump y sus aliados acusaron al gobierno de Biden de ampliar indebidamente la elegibilidad de la protección legal temporal y de otros programas, mientras lidiaba con el gran número de migrantes que llegaban a la frontera sur.
El lunes, se espera que los abogados que representan a los titulares venezolanos del TPS y a la Alianza Nacional del TPS, la organización de defensa, argumenten que el fin repentino del estatus causaría un daño irreparable a las familias. Muchos venezolanos con TPS trabajan como educadores, obreros y cuidadores, afirman, y correrían el riesgo inmediato de ser deportados. En los documentos presentados ante el tribunal, citan los comentarios nativistas de Trump contra los migrantes venezolanos y haitianos durante la campaña y los comentarios de Noem comparando a algunos venezolanos con miembros de bandas y “escoria” como prueba de discriminación.
Los abogados federales afirman que un retraso en el cese de las protecciones esencialmente bloquearía las decisiones del gobierno sobre el TPS en todo el país, algo para lo que el tribunal no tiene autoridad, según su argumento.
También sostienen que la justificación de Noem para no permitir que los recientes titulares venezolanos del TPS permanezcan en el país no se basa en prejuicios raciales, sino en la protección del interés nacional de Estados Unidos. Al igual que el gobierno ha intentado justificar sus vuelos de deportación a El Salvador, Noem ha argumentado que entre los ciudadanos venezolanos que han cruzado la frontera en los últimos años se encuentran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
El enfrentamiento se produce en un momento en que la Casa Blanca de Trump ha situado a los migrantes venezolanos y haitianos en el centro de su ofensiva contra la migración.
En las últimas semanas, el presidente ha invocado una rara autoridad de tiempos de guerra de 1798 conocida como Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos a El Salvador sin el debido proceso. Él y los funcionarios de su gobierno han discutido con el juez federal que restringía esos vuelos de deportación, llevando la disputa al borde de una crisis constitucional, y han presionado a Maduro para que empiece a aceptar de nuevo a los deportados de su país.
En febrero, el gobierno revocó una prórroga de 18 meses de las protecciones del TPS para los venezolanos concedida antes de que Biden dejara el cargo y puso fin al TPS para los venezolanos que se inscribieron inicialmente en 2023 para obtener el estatus. Posteriormente, anuló parcialmente otra prórroga de 18 meses concedida bajo el gobierno de Biden a los migrantes haitianos. Los funcionarios no han indicado si pondrán fin al programa por completo.
No es la primera vez que Trump elige como blanco esta forma de protección legal de los migrantes. Durante el primer gobierno de Trump, la Alianza Nacional para el TPS utilizó con éxito argumentos similares para impedir que el gobierno pusiera fin al TPS de más de 400.000 personas.
Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times y cubre la campaña presidencial de 2024. Tiene su base en Washington. Más de Jazmine Ulloa
Advertisement
