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- Autor, Guillermo D. Olmo
- Título del autor, BBC News Mundo
- Twitter, @BBCgolmo
Las autoridades locales y nacionales y los reyes de España fueron recibidos este domingo con lanzamiento de barro, objetos e insultos durante su visita a la zona cero de las inundaciones que dejaron al menos 217 muertos en el sureste del país, cifra que se teme que se multiplique en los próximos días
Felipe VI y la reina Letizia y los políticos se encontraron en la localidad de Paiporta con una reacción que refleja la indignación popular con la falta de previsión antes del desastre y la lentitud de la respuesta después.
“Nos habéis abandonado”, le reprochó un joven al monarca, cuando este insistió en acercarse a escuchar a los vecinos, resumiendo un sentir extendido en Valencia, la provincia más afectada, y en el resto de España.
La ola espontánea de solidaridad que la tragedia desencadenó en gran parte del país, con una multitud de voluntarios que se dirigía por sus propios medios para ayudar en las poblaciones arrasadas por el agua, contrasta con la respuesta oficial y el hecho de que días después de las lluvias torrenciales aún había poblaciones a las que no había llegado el despliegue de emergencia anunciado por las autoridades.
Después de días de intercambio de reproches entre políticos de uno y otro signo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció el sábado que “la respuesta que se está dando no es suficiente” y admitió “problemas y carencias severas”.
Con cadáveres aún por recoger, cientos de desaparecidos sin localizar y miles de familias y negocios que lo han perdido todo, muchos españoles se preguntan cómo se ha llegado hasta aquí y por qué sus dirigentes no han estado a la altura.
El gobierno regional y el central, muy cuestionados
Tanto la gestión del gobierno central, liderado por el Partido Socialista de Sánchez, como el regional de la Comunidad Valenciana, en manos del Partido Popular, está siendo muy cuestionada.
Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado a primera hora de la mañana del martes la alerta roja, el presidente valenciano, Carlos Mazón, dijo al mediodía de ese mismo martes que el temporal se desplazaba, “por lo que se espera que hacia las 18:00 disminuya su intensidad” en la Comunidad Valenciana.
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Mazón no decretó ninguna medida extraordinaria y la población, acostumbrada a este tipo de tormentas en esta época del año, aunque no de la magnitud de la del martes, siguió haciendo vida normal.
Tampoco desde el gobierno central se tomaron medidas y esa misma noche, la tormenta sorprendía a muchos en los autos o casas bajas en los que perdieron la vida ahogados.
Solo a las 8 de la tarde, cuando muchos ya veían con sus ojos como el agua se lo iba tragando todo, llegaba a los teléfonos de los valencianos un SMS de alerta indicándoles que se protegieran. Solo entonces, el gobierno regional solicitaba también al gobierno central el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la unidad especial del Ejército que tiene como misión responder rápidamente a desastres o situaciones de riesgo dentro de España.
Al día siguiente, con las imágenes de pueblos enteros sepultados por el lodo y autos a los que el agua había arrastrado como fichas de dominó, España y el mundo tomaban conciencia de la magnitud del desastre.
“España, las muertes evitables” afirmaba la portada del rotativo francés ”Liberation” dando cuenta del desastre de Valencia.
Una respuesta oficial tardía
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Mientras los primeros efectivos de la UME comenzaban a trabajar en colaboración con unos servicios de emergencia locales totalmente desbordados, desde la ciudad de Valencia, una multitud ciudadana se dirigía espontáneamente a las zonas afectadas.
Equipados con escobas, palas, víveres y lo que encontraron, se lanzaron a ayudar cuando a muchos lugares aún no había llegado ningún auxilio oficial. En algunos de ellos, los únicos que trabajaban en la limpieza de calles y vías eran los mismos vecinos que lo habían perdido todo.
Entonces, tanto Mazón como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que el gobierno central había enviado a Valencia para coordinar la respuesta a la emergencia, pedían a los voluntarios regresar a casa para dejar libres las vías para los servicios de emergencia.
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La víspera, antes de que en muchos municipios hubieran visto al Ejército, ya habían empezado los reproches entre los políticos.
El 1 de noviembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciaba el envío de más militares a la zona y prometía que llegarían más aún “si fuera necesario”.
Cuando le preguntaron por qué el gobierno central había tardado tanto en enviar al Ejército, Robles culpó al Gobierno regional: “Eso me pregunto yo también. Los militares estaban todos preparados para ir, pero la dirección de la emergencia corresponde a la Generalitat, no corresponde al gobierno de España”.
El gobierno valenciano respondió reprochándole a Robles “una intolerable deslealtad”.
Al día siguiente, Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del partido al que pertenece el presidente valenciano, decía que “en una emergencia nacional ningún gobierno espera sino que actúa, como hace con admirable resistencia la Generalitat valenciana”.
Este sábado, el presidente del gobierno español, Sánchez, anunció el “mayor despliegue en tiempos de paz” del Ejército español y lanzó un mensaje al presidente de la Comunidad Valenciana.
“Si necesita más recursos que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso”, dijo Sánchez.
Diego López Garrido, director de la Fundación Alternativas, un centro de análisis vinculado al partido de Sánchez, le pidió declarar el estado de alarma, uno de los mecanismos previstos en la Constitución para que el gobierno central asuma el control en situaciones de emergencia que ya se activó durante la pandemia de covid.
“Esto no es un asunto de una comunidad autónoma, es un asunto de Estado”, dijo López Garrido.
Pero Sánchez ha descartado esa opción. “No se trata ahora de que la Administración General del Estado reemplace a la administración autonómica; ahora hay que apoyar”, dijo el sábado.
Por qué se tardó tanto en responder
El desastre de Valencia ha puesto de manifiesto con una situación sin precedentes los problemas del reparto de competencias y responsabilidades en el Estado autonómico español.
España es un estado descentralizado en el que, sin ser federal, el país se divide en comunidades autónomas con un alto nivel de competencias y autogobierno.
Pero el reparto de competencias entre el gobierno central y las comunidades autónomas, muchas veces en manos de partidos políticos enfrentados, son motivo habitual de controversia política y jurídica, y es frecuente que acabe siendo el Tribunal Constitucional quien tenga que dirimirlas.
Jorge Olcina, experto en Climatología de la Universidad de Alicante, le dijo a BBC Mundo que “lo ocurrido en Valencia ha mostrado que el modelo de Estado autonómico adoptado en España no tiene mecanismos engrasados para hacer frente a un emergencia de esta magnitud”.
“Ante una situación como esta no cabe la disputa política ni distinciones entre lo local y lo nacional; se requiere una iniciativa a tiempo”, cree el experto.
Para Juan R. Gil, periodista y director general del diario valenciano “Levante”, el desastre ha mostrado “una crisis de gobernanza inédita. El Estado es el gobierno central, el autonómico y los alcaldes. Y en el desastre de Valencia, solo una parte, la de los alcaldes, parece haber cumplido”.
En un país poco acostumbrado a desastres naturales tan devastadores, el de Valencia ha supuesto un examen sin precedentes para sus instituciones y sus autoridades.
Y muchos ciudadanos creen que lo han suspendido estrepitosamente.
“Se sabía y nadie hizo nada por evitarlo”, le dijo un joven al rey este domingo mientras Sánchez era evacuado de la zona al ser increpado en una jornada de máxima tensión.
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