La Administración de Donald Trump ha lanzado este domingo en Chicago una operación contra la inmigración irregular, apoyada por funcionarios del Departamento de Justicia, que se unirán a los agentes de inmigración para hacer frente a una “emergencia nacional”, en palabras del fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, que se ha desplazado a la ciudad para supervisar el operativo.
Chicago es una de las grandes ciudades gobernadas por los demócratas a las que han llegado decenas de miles de migrantes desde la primavera de 2022, enviados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para presionar al presidente Joe Biden. La nueva Administración republicana ha prometido redoblar los esfuerzos para ejecutar sus anunciados planes de deportación masiva, movilizando para ello a diversas agencias dependientes del Departamento de Justicia, como el FBI, la DEA y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF, en sus siglas inglesas) para secundar y reforzar la actuación de los agentes del Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés), tanto en Chicago como en otros lugares. A diferencia de otras redadas en días previos, como la efectuada en Newark (Nueva Jersey), que hizo sonar la alarma en los gobiernos locales, la operación de Chicago ha sido anunciada previamente.
La aplicación de las leyes de inmigración es atribución del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa agencias como el ICE. Pero la Administración republicana está dedicando más personal del Departamento de Justicia a esos esfuerzos a medida que adopta medidas más agresivas, como demuestran las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en su primer día de mandato.
Bove ha señalado en un comunicado que el despliegue “al unísono” de los funcionarios de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional pretende “hacer frente a una emergencia nacional derivada de cuatro años de política de inmigración fallida”. El Departamento de Justicia, añadió, está trabajando también “asegurar la frontera, detener esta invasión y hacer de Estados Unidos un país seguro de nuevo”. A los funcionarios se les han concedido “poderes adicionales” para ejecutar las órdenes.
Inmigración y Aduanas ha confirmado el despliegue en un comunicado, en el que afirma que las agencias federales han iniciado “operaciones específicas reforzadas” en Chicago “para hacer cumplir la ley de inmigración de EE UU y preservar la seguridad pública y la seguridad nacional, alejando a los extranjeros criminales potencialmente peligrosos de nuestras comunidades”. La primera fase de la deportación afectará en teoría a los extranjeros sin papeles con antecedentes delictivos y aquellos sobre los que pesasen órdenes de expulsión previas.
La víspera, grupos defensores de los inmigrantes presentaron una demanda contra la Administración de Trump y el ICE por considerar que las redadas de deportación planeadas son una represalia y violan la Primera Enmienda constitucional. Los demandantes alegan que las redadas se dirigen específicamente contra la ciudad por su condición de santuario o refugio para los extranjeros y suponen una violación de su derecho a la libertad de expresión, recogido en la Primera Enmienda, y de las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros y confiscaciones sin justificación.
Vance defiende las redadas en colegios
La demanda fue interpuesta pocas horas antes del inicio de la operación de registro e identificación de extranjeros, cuando arreciaban los rumores sobre la inminencia de la operación relámpago de los agentes de inmigración en la ciudad, que ya en vísperas de Navidad clausuró un macroalbergue con capacidad para casi 2.000 personas.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker (demócrata), ha declarado este domingo en la CNN que su Estado va a cooperar con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados condenados por delitos o con órdenes de deportación pendientes. Sin embargo, subrayó que las fuerzas del orden estatales no participarían en redadas selectivas ni realizarían identificaciones de personas que pudieran carecer de papeles. Según Pritzker, no hay ninguna base legal para la amenaza que deslizó Bove la semana pasada, acerca de una posible investigación y persecución legal de funcionarios de las jurisdicciones que se nieguen a cooperar en la ofensiva contra la inmigración.
El viernes, agentes del ICE vieron rechazado su intento de acceder al menos a un colegio de la ciudad, por parte de funcionarios de la red de Escuelas Públicas de Chicago. El vicepresidente J. D. Vance ha defendido este domingo los registros en colegios e iglesias, teóricamente inviolables, en declaraciones a la cadena CNN. “Apoyo que hagamos cumplir la ley contra criminales violentos, ya sean inmigrantes ilegales o cualquier otra persona”, dijo Vance, quien, “como católico practicante”, lamentó una crítica carta de la Conferencia Episcopal de EE UU contra los planes de deportación. Los obispos, subrayó, “no han sido un buen socio en la aplicación de la ley de inmigración con sentido común” y, como católico devoto, manifestó su esperanza de que “lo hagan mejor”.
