El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta mañana la cuarta sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra él por un presunto delito de revelación de secretos que habrían afectado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esta nueva jornada, el número 1 de la Fiscalía contará con la testifical de seis periodistas que, según la versión dada en fase de instrucción, declararán que ya tenían el documento en cuestión antes de que llegara a manos del ahora acusado.
Uno de los redactores que darán su versión de los hechos es Miguel Ángel Campos, de la cadena Ser. Su testimonio será especialmente relevante porque el juez que ha sentado a García Ortiz en el banquillo, Ángel Hurtado, considera que precisamente fue él quien dio la noticia en la que se cometió la filtración. Para el magistrado es uno de lo indicios que Campos publicase la noticia sobre el correo en cuestión minutos después de que García Ortiz lo recibiese en su correo electrónico.
Campos ya dijo en su declaración como testigo, que horas antes de que lo tuviese el fiscal general, él había podido acceder al correo enviado por el abogado de Alberto González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos el 2 de febrero del 2024, y por el que ofrecía un acuerdo de conformidad para evitar que el novio de Ayuso llegase a juicio, a cambio del pago de una multa y el reconocimiento de dos delitos fiscales.
La fuente de la planta tercera
De hecho apuntó que su fuente tenía el despacho en la planta tercera de un edificio, al que acudió, leyó el documento y se fue. Sin embargo, su fuente no le autorizó a publicarlo hasta la noches del día 13 y después de que el diario El Mundo publicase otro correo posterior y deducía que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo a González Amador.
Sin embargo, el juez no quiso darle credibilidad dada, dijo en el auto de procesamiento “su subjetividad y no aportar datos objetivos”. Según Hurtado, su declaración pudo estar condicionada “de alguna manera, por su deber deontológico de proteger su fuente de información”, a pesar de que éste negó que su fuente fuese Álvaro García.
Para Hurtado también fue clave para sostener de manera indiciaria que el fiscal general fue la fuente de Campos porque éste en su crónica radiofónica dijo aquella noche que la Fiscalía estaba elaborando una nota de prensa explicando lo sucedido para el día siguiente, lo que a juicio de Hurtado evidenciaba que la fuente provenía de la Fiscalía Gerenal.
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Este argumento lo ha desmontado la directora de comunicación del organismo, Mar Hedo, quien en su delcaración en el juicio explicó que ella dijo a todos los periodistas que le llamaron esa noche que desde la Fiscalía se daría una explicación al día siguiente. “Fue una manera muy educada de que me dejaran en paz”, sostuvo durante su interrogatorio.
Sobre la fuente de la planta tercera de la que habló Campos en su declaración en instrucción, permitió a la defensa de García, que lleva la Abogacía del Estado, preguntar en el juicio a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en qué planta tiene su despacho, contestando ella que en la tercera. Misma pregunta hicieron a su jefe de prensa, quien aunque explicó que trabaja en la tercera planta negó tener un despacho. Aún así aclaró nunca ha recibido a ningún periodista allí, sino que lo hace fuera del Tribunal Superior e Justicia de Madrid, donde está físicamente ubicado. Tanto Lastra como su jefe de prensa explicaron en el juicio cómo ellos estaban en contra de publicar una nota de prensa dando detalles de los contactos entre el fiscal que investiga a González Amador, Julián Salto, y su abogado.
También defienden la versión del fiscal general varios periodistas de El País, que acudieron ante notario para dejar constancia de una conversación con el abogado de González Amador, y que demostraría que ya sabían con anterioridad al conocimiento de García Ortiz de la existencia del correo del 2 de febrero.
Este acta notarial, presentado por la Abogacía del Estado al Supremo, ”recoge y autentifica el contenido de los mensajes de whatsapp y correos electrónicos intercambiados por los referidos periodistas con el letrado de González Amador”.
Se explicaba que el medio había recibido el pasado 12 de marzo de 2024, un día antes de la filtración investigada, la noticia de que el novio de Ayuso aceptaba pagar una sanción y reconocer los delitos, por lo que trató de contrastar la información con el abogado de González Amador, sin recibir respuesta alguna.
Hurtado tampoco tuvo en cuenta su testimonio, cuando luego fueron a declarar al Supremo. El instructor sostiene que su declaración pone de relieve que éstos sabían de la existencia de unos correos pero eso no significa que tuvieran el correo en cuestión.
El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta, tendrá que valorar a la hora de redactar la sentencia si la declaración de todos estos periodistas, a los que se une la prestada la semana pasada por otros de El Diario y La Sexta, tienen la suficiente credibilidad para desvirtuar las acusaciones del instructor. ¿Estaba ese correo en poder de más personas que pudieron filtrarlo a varios periodistas antes de que llegara a manos del fiscal general del Estado? Ahí está cuestión. Una, si realmente García Ortiz envió ese documento a alguien ajeno a la Fiscalía y si éste ya se había filtrado porque no hay revelación de un documento ya revelado.
