Una nueva ley busca acabar con el racismo medioambiental en Canadá | RCI

Ahora, una nueva ley exigirá que el gobierno de Canadá haga un mejor seguimiento de esta injusticia y apunte a corregirla.

El proyecto de ley C-226, patrocinado por la líder verde Elizabeth May, se convirtió en ley el pasado 20 de junio, casi cuatro años después de que se propusiera por primera vez una legislación similar en el Parlamento. La ley requerirá que el gobierno federal desarrolle una estrategia nacional sobre el racismo medioambiental en un plazo de dos años.

No hay duda de que Canadá ha tenido un problema de racismo medioambiental durante décadas y ahora es necesario tomar medidas.

Los proponentes de esta ley han estado presionando durante años para que se apruebe una legislación que ponga un freno al racismo medioambiental, que se manifiesta en el hecho de que las fábricas contaminantes y otras actividades dañinas para el medio ambiente están ubicadas desproporcionadamente cerca de comunidades indígenas o racializadas.

Como se describe en la legislación, la estrategia nacional debe incluir un examen del vínculo entre raza, estatus socioeconómico y riesgo medioambiental, además de las medidas que se pueden tomar para hacer frente al racismo medioambiental.

Esas medidas podrían incluir cambios a las leyes, políticas y programas federales.

La profesora de la Universidad McMaster, Ingrid Waldron, autora del libro Hay algo en el agua, coprodujo la película del mismo nombre. Su investigación sobre el racismo ambiental inspiró la creación del proyecto de ley C-226.

Ha sido un largo camino, dijo Ingrid Waldron, profesora del programa de paz global y justicia social de la Universidad McMaster, quien ha estado presionando por una ley de este tipo.

Ella es una de las fundadoras de la Coalición Canadiense para la Justicia Ambiental y Climática y la autora del libro There’s Something in the Water, que documentó los impactos de los peligros ambientales en la salud de las comunidades negras e indígenas en Nueva Escocia y más allá, así como las acciones que esos sectores de la población han tomado para luchar contra la contaminación que envenena a sus comunidades.

La legislación, dijo Waldron, significa que suceden dos cosas. Primero, se le podrá exigir cuentas al gobierno y, en segundo lugar, creará una mayor transparencia ahora que hay mucha más presión para que las autoridades hagan algo.

El doble rasero medioambiental

Los defensores de los derechos medioambientales a menudo señalan la experiencia de la Primera Nación Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek, conocida como Grassy Narrows, en Ontario, como uno de los ejemplos más flagrantes de racismo medioambiental y los impactos desproporcionados en las comunidades racializadas.

Los residentes de esa comunidad indígena han sufrido durante décadas los impactos en la salud debido a la contaminación por mercurio producida por una antigua fábrica de pulpa y papel.

La Primera Nación presentó una demanda ante la Corte Superior de Ontario a principios de este mes, argumentando que los gobiernos no han protegido a la población ni remediado los efectos de la contaminación por mercurio en el sistema del río English-Wabigoon.

Judy Da Silva, una abuela en Grassy Narrows y coordinadora de salud ambiental de la comunidad, comparó la experiencia de su comunidad con la de Walkerton, un pequeño pueblo en el sur de Ontario , donde siete personas murieron y más de 2.000 más enfermaron debido a la contaminación con E. coli en Mayo de 2000. Se ordenó una investigación el mismo mes del brote y se ofreció a los residentes una compensación al año siguiente.

Fueron compensados ​​muy rápidamente mientras que Grassy ha estado pasando por esta situación durante décadas, y todavía no hay una solución, dijo Da Silva a principios de este mes. Creo que esto es racismo medioambiental.

En opinión de las poblaciones indígenas, el racismo ambiental también se ha manifestado durante los procesos regulatorios para proyectos importantes como el oleoducto Trans Mountain Pipeline, a menudo mediante la falta de consentimiento previo.

Es realmente importante crear conciencia sobre lo desigual que es el proceso, dijo Rueben George, gerente de Sacred Trust, una organización lanzada por la Primera Nación Tsleil-Waututh en Columbia Británica para luchar contra el proyecto de expansión del oleoducto ya que afecta sus territorios.

George dijo que su experiencia con el Regulador de Energía de Canadá y otros organismos de revisión del sector energético le hicieron sentir que la industria de los combustibles fósiles tenía prioridad sobre las preocupaciones de las Primeras Naciones.

La ley contra el racismo medioambiental es necesaria y es un buen paso en la dirección correcta, dijo.

La ley puede tener repercusiones en otras áreas

Un informe de 2020 del Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos señaló en Canadá existe un patrón en el que los grupos marginados,y los pueblos indígenas en particular, se encuentran en el lado equivocado de una división tóxica, sometidos a condiciones que no serían aceptables en otros lugares en Canadá.

Cheryl Teelucksingh, profesora de sociología en la Universidad Metropolitana de Toronto que investiga el racismo medioambiental, dijo en una entrevista que el proyecto de ley también podría tener implicaciones en áreas como la salud pública, la planificación urbana y los derechos de los trabajadores.

Tener el lenguaje y el reconocimiento de que el gobierno federal ve esto como algo importante otorga derechos a las personas, y defender los derechos es algo que todos los ciudadanos canadienses deberían tener, dijo.

Según la nueva ley, el gobierno recopilará estadísticas de salud para lugares cercanos a peligros medioambientales y posiblemente trabajará con grupos comunitarios para desarrollar la estrategia, que deberá ser publicada en 2026 y reexaminada cinco años después.

Los defensores de esta ley de justicia medioambiental también señalaron que se necesitará dinero para poner el plan en acción.

Fuente: CBC / B. Shingler

Adaptación: RCI / R. Valencia