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Comienza el voto anticipado en Georgia, ¿cómo funciona el proceso?
03:29 – Fuente: CNN
(CNN)– Un juez de Georgia suspendió una nueva norma de la Junta Electoral del Estado de Georgia que habría obligado a los funcionarios a contar a mano el número de papeletas emitidas en cada colegio electoral, criticando a los funcionarios electorales del estado por aprobarla tan cerca del día de las elecciones.
El juez Robert McBurney, del Tribunal Superior del condado de Fulton, escribió en su orden de este martes: “No se imprtarió formación (y mucho menos se desarrolló), no se emitieron protocolos para el manejo de las papeletas de voto por escrito, y no se hicieron asignaciones en el presupuesto electoral de ningún condado para el personal adicional y otros gastos necesarios para aplicar la regla de recuento manual”.
“El caos administrativo que se producirá -no que puede producirse- es totalmente incompatible con las obligaciones de nuestras juntas electorales (y de la SEB) de garantizar que nuestras elecciones sean justas, legales y ordenadas”.
La nueva norma de recuento manual -que estaba previsto que entrara en vigor el 22 de octubre- obligaría a los condados a contar a mano el número de papeletas emitidas en un colegio electoral, para asegurarse de que coincide con el número de papeletas contabilizadas por las máquinas de votación. Los recuentos manuales, sin embargo, no contabilizarían cuántos votos recibió cada candidato, ya que eso es lo que hacen las máquinas.
Los demócratas aplaudieron el fallo este martes por la noche. “Desde el principio, esta norma fue un esfuerzo por retrasar los resultados electorales para sembrar la duda en el resultado, y nuestra democracia es más fuerte gracias a esta decisión de bloquearla. Seguiremos luchando para garantizar que los votantes puedan depositar su voto sabiendo que contará”, afirmaron en un comunicado conjunto la campaña de Harris, el Comité Nacional Demócrata y el Partido Demócrata de Georgia.
La regla de recuento manual es objeto de litigio en múltiples frentes y una audiencia separada sobre el asunto está fijada para este miércoles. Aprobada por la mayoría republicana respaldada por Donald Trump en la junta electoral estatal, la norma obligaría a los funcionarios de un centro de votación a cotejar el número de papeletas contadas por las máquinas de votación con un recuento manual del número de papeletas emitidas.
La medida ha suscitado críticas bipartidistas, en parte porque la junta siguió adelante con ella tan cerca del día de las elecciones.
El secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, señaló que el estado ha tomado varias medidas para acelerar la comunicación de los resultados en Georgia este año. Dijo que la norma del recuento manual podría retrasar la comunicación de los resultados, fomentar la desinformación y plantear problemas de cadena de custodia de las papeletas.
La norma, escribió McBurney en su orden, “llega demasiado, demasiado tarde”.
“Esta temporada electoral es tensa; los recuerdos del 6 de enero no se han desvanecido, independientemente de la opinión de cada uno sobre la fama o infamia de esa fecha. Cualquier cosa que añada incertidumbre y desorden al proceso electoral perjudica al público”, escribió el juez, añadiendo que aunque la norma parece sobre el papel un control humano adicional de la exactitud de las elecciones, su aprobación en el último minuto “no contribuye a rebajar la tensión ni a aumentar la confianza del público en estas elecciones”.
McBurney está supervisando una serie de casos de gran repercusión relacionados con las elecciones de Georgia. El juez está examinando otra norma aprobada por la junta en agosto que obliga a los funcionarios electorales locales a realizar una “investigación razonable” de los resultados electorales antes de certificarlos, un mandato que, según los demócratas, podría dar a los funcionarios electorales de los condados una amplia autoridad para retrasar o rechazar por completo su certificación de los resultados “a la caza de supuestas irregularidades electorales.”
Y este lunes, dictaminó que los funcionarios electorales locales tienen “una obligación fija obligatoria de certificar los resultados de las elecciones” en los días posteriores a la elección – asestando un golpe a un esfuerzo de los conservadores en el estado crítico campo de batalla para obtener el derecho legal de rechazar los resultados sobre la base de una sospecha de fraude o abuso.
Este artículo se ha actualizado con más detalles.
