Un juez federal declaró ilegal este jueves el parole in place, un programa de la Administración Biden que permitía a los indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal en Estados Unidos, además de una vía más simple hacia la ciudadanía.
El fallo del juez de distrito J. Campbell Barker se produce después de que 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, impugnaran el programa en una demanda en la que alegaban que la política fomentaría la inmigración ilegal.
Barker ya había ordenado suspender la medida a finales de agosto, mientras estudiaba su legalidad. El presidente, Joe Biden, la había anunciado en junio. En su decisión de este jueves, el magistrado afirmó que el Gobierno carecía de autoridad para implementar la política sin la autorización del Congreso.
La orden de agosto de Barker impedía al Gobierno conceder el beneficio de la regularización de estatus migratorio sin salir del país, pero no impedía que aceptara nuevas solicitudes mediante el formulario I-131F de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés). El nuevo fallo impide ahora ambas cosas.
El Departamento de Justicia puede apelar el fallo, pero es probable que el presidente electo, Donald Trump, un duro crítico de las políticas migratorias de Biden, ya tenga planeado eliminar el parole in place cuando ocupe la Casa Blanca.
La política ofrece a los cónyuges indocumentados e hijos adoptivos de ciudadanos estadounidenses una vía para obtener la residencia permanente o green card sin tener que salir del país. Los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la legalización de su situación, pero normalmente tienen que salir primero del país, arriesgándose a una separación que puede durar años o incluso ser permanente.
De acuerdo con defensores de los derechos humanos, eso implicaba que muchos indocumentados prefiriesen no arriesgarse a tratar de regularizar su situación y terminar separados de sus familias.
El programa, bautizado por la Casa Blanca como Keeping Families Together (Mantener a las familias unidas), ofrece una forma de alivio legal conocida como parole in place a aproximadamente medio millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, y les permite solicitar más fácilmente la residencia permanente y la ciudadanía.
Bajo la medida de Biden, los solicitantes deben demostrar que han vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos durante 10 años y que estaban casados con un ciudadano estadounidense antes de que se anunciara el programa el 17 de junio. También deben pasar un control de antecedentes penales: los delitos graves descalifican, al igual que una serie de otros como la violencia doméstica y la mayoría de los relacionados con drogas.
Los estados que demandaron al Gobierno federal el pasado 23 de agosto son Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Con información de CBS News
