El Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) está negociando un acuerdo para otorgarle a agencias migratorias acceso a sus bases de datos, según reportan The Washington Post, ABC News y The Wall Street Journal con base en personas al tanto de las discusiones.
Esto significa que agencias federales como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) podrían revisar los datos de algunos contribuyentes para revisar el nombre y la dirección de personas que se crea que están en Estados Unidos sin autorización.
Normalmente la información de quienes pagan impuestos se considera reservada, y usualmente sólo se puede compartir con una orden judicial de por medio. De hecho, por ese requisito el IRS ya había negado una solicitud en febrero del Departamento de Seguridad Nacional para compartirle a esa agencia los nombres, direcciones y teléfonos de unos 700,000 contribuyentes, según un reporte del diario The New York Times.
No obstante, sí hay posibles condiciones para que el IRS dé acceso a ciertos datos cuando se requieren para “investigar y perseguir leyes no relacionadas a temas de impuestos”, según la información en el sitio web oficial de la agencia. En 2023, el último año para el que hay datos, el IRS develó la información en más de 30,000 tales ocasiones, según un reporte legislativo visto por The Wall Street Journal.
No es un delito ser inmigrante indocumentado, pues las leyes estadounidenses establecen que ésta es una infracción menor. Pero eso cambia si una persona que vive en Estados Unidos sin documentos acumula antecedentes penales —por ejemplo, pasarse un semáforo— que pudieran abrir la puerta a un proceso de expulsión.
¿Qué pudiera significar esto para personas migrantes que pagan impuestos?
Todavía no queda clara la naturaleza del posible acuerdo del IRS e ICE, dado que no ha sido anunciado ni confirmado oficialmente.
Según The Washington Post, el acceso que el IRS daría es solo para que las autoridades puedan confirmar la dirección reportada únicamente de personas que ya enfrentan una orden de deportación, y la solicitud para esos datos solamente podría venir directamente de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o del director interino de ICE, Todd Lyons.
Para que el IRS comparta la información, según dijeron las fuentes a ese diario, las autoridades tendrían que ya saber el nombre completo de una persona que paga impuestos, tener propiamente reportada la fecha en la que se emitió la orden de deportación y conocer una dirección en la que pudiera encontrarse esa persona.
La idea entonces sería que la información del IRS serviría sólo para confirmar esa dirección para una posible acción migratoria, no para ir tras otras personas que no tengan que ver con ese caso específico.
¿Cómo pagan impuestos las personas migrantes?
Millones de personas usan el ITIN, o Número de Identificación Personal del Contribuyente, según el más reciente reporte anual del IRS.
E investigaciones académicas apuntan a que casi la mitad de las 11 millones de personas indocumentadas que se estima viven en Estados Unidos pagan impuestos usando el ITIN.
Este número existe desde 1996 para que quienes no son elegibles para un número de Seguro Social sí puedan pagar impuestos, como lo son personas migrantes sin ciudadanía o que no tienen una green card. Sin embargo, eso no significa que alguien que tiene un ITIN automáticamente es alguien sin estatus migratorio regularizado.
Pueden tener ITIN personas con residencia legal temporal, o personas no ciudadanas como estudiantes o investigadores que trabajan en Estados Unidos con permisos o visados especiales. También pueden tener ITIN las parejas de un ciudadano que pagan impuestos sin tener ellas mismas ciudadanía, por ejemplo si tienen una visa temporal.
En algunos estados tener un ITIN permite a la gente tramitar licencias de conducir, o una persona inmigrante puede usar su ITIN para comprobar un historial de pago de impuestos si está llevando a cabo un proceso de regularización migratoria para tener evidencia de cuántos años lleva en territorio estadounidense.
¿Qué efectos económicos puede tener el acuerdo?
Diversos análisis han encontrado que las personas migrantes que pagan impuestos contribuyen enormemente a la economía de Estados Unidos: para 2034, se estima que sus contribuciones en impuestos serán de 1.2 billones de dólares en conjunto, lo cual a su vez reforzará sustancialmente el PIB y reducirá el déficit público, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso publicado el año pasado.
Esto en parte es porque las personas nacidas fuera del país pero que trabajan en éste suman casi el 19% de las personas empleadas.
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Hasta ahora no se conocen circunstancias en las que la información de impuestos haya sido usada específicamente para fines de aplicar la ley migratoria.
Por lo que un posible efecto secundario del potencial acuerdo entre IRS e ICE es que la gente migrante que apuntala de esta manera a la economía estadounidense deje de pagar los impuestos que sí declaraba antes por temor a que el servicio hacendario comparta sus datos con agentes migratorios.
“Esto va a desincentivar a la gente que declara impuestos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses casados con alguien indocumentado”, dijo Deborah Fleischaker, exagente de ICE, a The Wall Street Journal.
¿Es seguro que se va a aplicar este acuerdo?
No todavía, especialmente porque ya hay acciones legales de organizaciones de defensa de la privacidad de datos personales ante la posibilidad de que el IRS comparta información de personas migrantes.
Estas acciones legales significan que un juez puede ordenar suspender el posible pacto entre IRS e ICE hasta que se resuelva la demanda en tribunales, en cuyo caso en teoría no se podrían compartir los datos mientras.
Una de las organizaciones que presentó una acción legal este sábado es Public Citizen.
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El grupo presentó una demanda en representación de dos organizaciones de defensa de trabajadores migrantes (Centro de Trabajadores Unidos e Immigrant Solidarity Dupage). En la demanda Public Citizen dice que desde antes de que exista un acuerdo se tiene que emitir un interdicto para prevenir “pérdidas que no pudieran remediarse si se divulga ilícitamente” la información.
“Los deseos del Gobierno por acelerar su agenda de deportaciones no son justificación suficiente para tirar por la borda décadas de protecciones establecidas para los contribuyentes”, señala Public Citizen. “Si este acuerdo realmente está siendo negociado en buena fe y con supuesto aval legal no habría necesidad para que se gestione con tanto secretismo”.
Marina E. Franco
Reportera digital en México, especializada en temas de política internacional y de género. Puede enviar información a marina.franco@nbcuni.com
