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En el primer día de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de decretos que apuntan a transformar al gobierno federal. Varios de ellos fueron relativos a inmigración, uno de los principales temas durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca.
Uno de esos decretos, denominado Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, apunta a redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento, el proceso que garantiza a todos los nacidos en Estados Unidos obtener automáticamente la ciudadanía.
La medida, con el potencial de afectar a muchos inmigrantes, ha despertado polémica. Incluso ya fue impugnada por dos docenas de estados y ciudades gobernadas por demócratas —incluidas Washington y San Francisco.
La ciudadanía por nacimiento —conocida también por su nombre en latín, ius soli— es un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos por el que se concede automáticamente la ciudadanía a cualquiera nacido en el país, incluso si sus padres no son ciudadanos.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, indica el texto constitucional.
La ciudadanía por nacimiento se diferencia del ius sanguinis —o por derecho de sangre—, que otorga la ciudadanía en función de la ciudadanía de uno o más padres.
En los sistemas de derecho civil, como son los de la mayoría de naciones europeas, el principio dominante es el de derecho de sangre. Sin embargo, muchos países también adoptan una combinación de ius soli y ius sanguinis, garantizando la ciudadanía a niños nacidos en el país y a aquellos nacidos de padres que son ciudadanos, pero viven en el extranjero.
Alrededor de tres decenas de países otorgan ciudadanía automática a personas nacidas en su territorio, incluidos los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, y la mayoría de los países de América del Sur.
“La 14ª Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos”, señala el texto publicado y firmado el lunes. Y continúa: “La 14ª Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en Estados Unidos, pero (que) no ‘están sujetas a su jurisdicción’”.
En esa frase de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. en la que se ha basado Trump para firmar el decreto sigue a algunos partidarios de línea dura en materia inmigratoria que han argumentado en el pasado que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por lo tanto, no deberían ser considerados ciudadanos.
El decreto, que dice que entrará en vigor para los niños nacidos después de 30 días de la promulgación, se aplica en circunstancias en las que los padres están ilegalmente en el país, o en situaciones en las que la madre se encuentra allí temporalmente, con una visa, por ejemplo, y el padre no es ciudadano.
Expertos legales eran escépticos antes de esta semana de que tal argumento fuera aceptado en los tribunales, argumentando que originalmente la frase estaba dirigida a los hijos de diplomáticos extranjeros que estaban sujetos a las leyes estadounidenses y a situaciones en las que una nación extranjera ha invadido y está ocupando parte del país.
El otro camino que tiene el republicano implica un cambio en la Constitución, aunque no se ha ratificado una enmienda constitucional en más de 30 años.
Ningún presidente tiene la potestad para modificar por decreto un derecho consagrado en la Constitución.
Para eso se requiere una reforma constitucional, que es un proceso cuyos tiempos y mecanismos son más complejos, incluso en la situación del presidente electo, con mayoría en ambas cámaras, indicó a CNN el analista Óscar Chacón.
Una enmienda constitucional requiere, de acuerdo con su artículo V, contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado o ser propuesta por una Convención Constitucional convocada por dos tercios de cada legislatura estatal.
“El decreto de Trump es completamente inconstitucional”, dice el abogado Jaime Estades. “Si uno revisa la historia, ve que cuando se escribió esa enmienda, los que la escribieron no estaban pensando en lo que dice ahora Trump sobre estar ‘sujeto a la jurisdicción’. Jamás habrían escrito esa frase para no dar la ciudadanía; era una epoca de gran inmigracíón y ellos eligieron ese lenguaje para asegurarse de lo contrario: que los hijos de los inmigrantes obtuvieran la ciudadanía”, explica a CNN.
Los expertos consultados con CNN coinciden en que Trump no buscará modificar la Constitución: se trata de un proceso demasiado complejo y para el que no tiene asegurada una victoria.
Según Estades, la estretegia de Trump es crear duda sobre esa frase de la Enmienda 14 y con eso llevar el caso ante la Corte Suprema. “Quiere que la Corte decida, y prescidir de los votos de tres cuartas partes de todos los estados. Es un camino mucho más fácil”, dice.
Otro problema, indica el abogado y analista político Rafael Peñalver, es que la Corte ya se ha pronunciado inequívocamente sobre el tema en el caso Wong Kim Ark, de 1898. “Wong Kim Ark había nacido en EE.UU. y después viajado a China, y cuando regresó no le quiseron dar la entrada como ciudadano. En ese momento la Corte decidió que la 14° Enmienda le daba la ciudadanía por haber simplemente nacido en el territorio”, comenta. Además, de ese caso, añade, la ley ha sido interpretada en el sentido, sin excepciones, durante los últimos 150 años. “La Corte debería ir contra el precedente establecido, cosa que es difícil pero no imposible”, añade.
La directora ejecutiva de la organización America’s Voice, Vanessa Cárdenas, afirma que el decreto abrirá una ola de demandas que terminarán tarde o temprano en la Corte Suprema. “Aunque se trata de un proceso largo, como hemos visto en otros casos migratorios, por ejemplo el DACA, estoy convencida de que Trump quiere implementar su agenda lo más pronto posible”, comenta.
Por eso, agrega Cárdenas, habrá efecto inmediatos: “Trump usa el poder del decreto para que de forma inmediata las agencias dejen de entreguen documentos, por ejemplo, o números de seguro social, o que pidan más requisitos cuando alguien quiera inscribir a sus hijos”.
Cárdenas cree que, más allá de la definición de la Corte, la estrategia de Trump consiste en instalar miedo. “La gente no va a querer intentarlo. Mucha gente se va a autodeportar. Incluso personas con hijos que son ciudadanos va a tener temor de ejercer sus derechos en escuelas o en hospitales. Porque el punto es desalentar desde ahora mismo tanto la llegada como el ejercicio de los derechos de quienes ya están en el país”, indica.
