El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que está dispuesto a emitir una declaración de emergencia nacional para usar las fuerzas armadas en su propósito de detener y deportar a migrantes indocumentados. Pero el alcance de una declaratoria de ese tipo es mucho mayor, pues podría invocar y utilizar hasta 150 poderes especiales o mejorados, hasta para movilizar los fondos necesarios, incluido el requisamiento de aeropuertos comerciales o de buques navales para transportar a civiles.
Se trataría de una situación extraordinaria, porque si bien desde la entrada en vigor de la Ley de Emergencias Nacionales en 1976 los distintos presidentes han emitido 79 declaraciones de emergencia, esta sería apenas la tercera vez de una declaración con fines de movilización de recursos militares. La primera fue por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y la segunda fue dictada por el propio Trump en 2019 cuando usó el Ejército para construir el muro fronterizo.
Datos y estudios publicados por el Brennan Center of Justice, un instituto de investigación especializado en leyes y políticas públicas de la Universidad de Nueva York, dan cuenta del abanico de amplios poderes emergentes de los que el presidente de Estados Unidos puede echar mano casi de forma discrecional. Y en muchos casos con una pobre rendición de cuentas.
La preocupación del Brennan Center of Justice, y de varios analistas y expertos en EU por este tema surgió justo en 2019 cuando de forma muy poco común Trump utilizó una declaratoria de emergencia para obtener, a través de las fuerzas armadas, recursos que le permitieran construir el muro fronterizo con México, luego de que estos le fueron negados por el Congreso.
El 15 de febrero de 2019 Trump emitió y firmó la declaratoria 9844 titulada “Declaración de Emergencia Nacional concerniente a la Frontera Sur de los Estados Unidos”, en la que aseguró que la frontera con México se había vuelto un “punto de entrada de criminales, miembros de la delincuencia organizada y drogas” que representaba una amenaza para la estabilidad nacional y que, por lo tanto, era necesario del uso y despliegue de las fuerzas armadas.
Tras esa declaratoria se promovieron diversos recursos judiciales alegando que se simuló la emergencia, pero ninguno fructificó. El Congreso incluso emitió una resolución dando por terminada la emergencia, pero Trump ejerció su poder de veto y la dejó sin efecto. La declaratoria se mantuvo hasta febrero de 2021, cuando Joe Biden la anuló afirmando que nunca tuvo el sustento suficiente.
Ahora los analistas advierten que Trump buscaría una reedición de la declaratoria de emergencia, pero con poderes incluso más amplios, pues la intención no solo es construir un muro sino ejecutar posibles retenciones de migrantes en suelo estadounidense y deportaciones masivas.
El historial de declaraciones y el sello Trump
En 1976 el Congreso de los Estados Unidos expidió por iniciativa presidencial la Ley de Emergencias Nacionales (Emergency National Act por su nombre en inglés) con el objetivo de dotar al presidente del país de la capacidad de invocar poderes especiales en distintas ramas del gobierno y en situaciones específicas de crisis.
Desde entonces, se han emitido 79 declaratorias de emergencia nacional de acuerdo con los registros federales revisados por el Brennan Center of Justice. La mayoría de ellas, 57, se han declarado con el objetivo de imponer ciertas sanciones económicas o bloqueos comerciales a otros países a través de poderes especiales que se otorga al presidente para ello.
Los poderes que pueden invocarse
De acuerdo con la revisión del Instituto Brennan sobre los registros legislativos de Estados Unidos actualizada a junio de 2024, el presidente puede invocar hasta 150 tipos de poderes especiales para hacer frente a crisis o amenazas.
Dichos poderes comprenden acciones que se ubican en distintos ramos y áreas de la administración pública, como salud, gestión urbana, defensa militar y defensa nacional, burocracia federal, transferencia y aseguramiento de activos, persecución penal, relaciones internacionales, entre otros.
Entre ellas figura, por ejemplo, la capacidad de acceder a fondos extraordinarios de las fuerzas armadas para financiar proyectos o misiones necesarias para atender la crisis; convocar hasta un millón de reservistas del Ejército para misiones sin necesidad de consentimiento previo; aplazar las jubilaciones o salida de militares; agilizar los pagos de contratos o dotación logística necesaria.
También se podría autorizar el echar mano del personal naval y de Guardia Costera principal o de reserva para las misiones que sean necesarias fuera de los calendarios habituales; extender los horarios de trabajo en todas esas ramas militares y también en agencias federales previa garantía de pagos extra.
El presidente puede invocar poderes para realizar despliegues extraordinarios en aduanas; tomar el control de aeropuertos civiles locales o estatales, así como de de embarcaciones para hacer uso de ellos con fines abocadas al cumplimiento de las acciones para resolver la crisis; y hasta detener y procesar penalmente a personas que cometan acciones encaminadas a entorpecer la solución de la emergencia nacional.
Incluso existe una facultad que el presidente podría invocar para, en caso de ser necesario, vender cualquier propiedad de extranjeros que ya tenga bajo su custodia si así se considera necesario.
¿Militares en redadas antiinmigrantes?
El tipo de poderes y acciones que Trump podría implementar para deportar a migrantes, incluida el uso de fuerza militar, se conocerán con precisión hasta que el presidente emita la declaratoria correspondiente e invoque el tipo de facultades extraordinarias de las que echará mano.
Lo que el presidente electo ha prometido desde la campaña es que quiere deportar hasta “20 millones” de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Una cifra que, de entrada, parece exagerada ya que de acuerdo con estimaciones del Pew Research Center (uno de los organismos más acreditados en temas estadísticos) el número de personas que vive sin documentos en este país oscila entre 11 y 12 millones.
Detectar e implementar la salida indiscriminada de toda esa población luce complejo incluso con el uso de poderes especiales. Lo que el equipo de Trump ha deslizado en las últimas semanas es que la acción inicial podría enfocarse en aquellos indocumentados que tengan registros o antecedentes criminales.
El uso de fuerza militar para implementar redadas y operativos de búsqueda de estos objetivos en particular solo sería posible si ello se ajusta a los términos que se establezcan en la declaración de emergencia nacional. Sin embargo, algunos analistas han expresado dudas de que esto vaya a ocurrir de esa forma.
Alfonso Aguilar, exjefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos y director de participación hispana en el American Principles Project, dijo en entrevista con Fox News que un escenario de “militarización” de ciudades fronterizas o ciudades “santuario” en los Estados Unidos es altamente improbable. Y apuntó que el uso de recursos militares será mucho más logístico y de respaldo que de contacto directo en los operativos.
“Hay demasiado alarmismo de parte de grupos de izquierda. No se van a realizar redadas sino arrestos selectivos enfocados inicialmente en criminales. Y yo anticiparía que el Ejército participará en capacidades de apoyo, tal vez en el traslado de personas o atención de albergues. Pero el contacto directo será de los funcionarios de las agencias federales” dijo Aguilar ante dicha televisora.
El otro reto es el costo. Aún si en la declaratoria de emergencia el presidente habilita el poder para desviar de su cauce original recursos económicos la tarea es millonaria. Estimaciones de la cadena CBS indican que se requerirían 20 mil millones de dólares para la deportación de un millón de inmigrantes, cifra cinco veces superior a los recursos de los que Trump echó mano en la declaratoria de emergencia nacional de 2019.
