WASHINGTON.- A las pocas horas de prestar juramento como presidente de Estados Unidos por segunda vez, Donald Trump montó una escena que selló el cambio de época: sentado en el escritorio del Salón Oval de la Casa Blanca, firmó una pila de decretos –con su ya famoso marcador negro– mientras respondía preguntas de los periodistas de pie a su alrededor, testigos de sus primeras decisiones. Trump improvisó una larga conferencia de prensa –algo que su antecesor, Joe Biden, nunca hizo– entre firma y firma, desparramando definiciones sobre China, Rusia, Ucrania, Venezuela, América latina, Groenlandia, México, la OTAN, el petróleo, la inflación, los aranceles o TikTok. El acceso al Salón Oval suele ser muy restringido; ese primer día, no hubo filtro.
“¿Qué es esto?”, preguntó Trump en un momento la persona que le alcanzaba los decretos.
“La salida de la Organización Mundial de la Salud”, respondió.
“Ah, esa es una gran decisión”, contestó el flamante mandatario.
Fue el puntapié de una ráfaga de acciones ejecutivas –Trump firmó 26 apenas el primer día, una cifra sin precedentes, acorde con el ADN trumpista– con las que Trump dejó en claro que ahora está dispuesto a testear los límites de la presidencia, yendo incluso bastante más allá que en su primer gobierno. Fortalecido y sin ataduras políticas tras su triunfo electoral y el “mandato” que, según su propia lectura, recibió del pueblo norteamericano, Trump volvió al Salón Oval decidido a dar volantazos en el rumbo del país con su marcador.
Muchos decretos de Trump tuvieron un efecto inmediato, y cambiaron radicalmente la realidad de millones de personas. Más de 1500 trumpistas que estaban tras las rejas por el ataque al Congreso recuperaron su libertad gracias a un indulto presidencial o una conmutación de su condena, incluido los líderes ultraderechistas Enrique Tarrio, de Proud Boys, o Stewart Rhodes, de Oath Keepers. Ambos estaban condenados a 22 y 18 años de prisión, respectivamente, por “conspiración sediciosa”.
Del otro lado de la moneda quedaron, en primer lugar, millones de inmigrantes indocumentados, y también extranjeros con permisos de residencia temporales obtenidos durante el gobierno de Biden –de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, El Salvador, Sudán o Ucrania–, que ahora deben convivir con el miedo a ser deportados en cualquier momento a sus países de origen.
Agentes federales salieron a la caza de los inmigrantes indocumentados que viven en el país, un blanco de la nueva administración, y el gobierno federal puso en marcha un plan de deportación masiva, que incluye expulsiones en aviones militares. Miles de refugiados que ya tenían autorizados sus permisos para viajar a Estados Unidos, y una cifra incalculable de migrantes en México a la espera de una entrevista para pedir asilo quedaron ahora en el limbo, sin certezas sobre su futuro. Iglesias, hospitales y escuelas del país, intocables durante el gobierno de Biden para “la migra”, como se conoce a los agentes federales que van tras los inmigrantes, ahora comenzaron a prepararse para eventuales redadas.
“Existe un miedo real entre muchos debido a la sensación de lo desconocido”, dijo Jake Langlais, el superintendente de Escuelas del distrito Lewiston, en Maine, en una carta para referirse específicamente a la posibilidad de redadas en las escuelas. Langlais señaló que habían repasado con las escuelas los protocolos en caso de que agentes federales “aparezcan en la escuela”, y compartió “consejos” para los inmigrantes y advirtió sobre la importancia de conocer sus derechos en caso de ser detenidos.
La decisión de Trump de eliminar por decreto la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución abrió el primer frente judicial –que seguramente no será el último– de la nueva administración. Un juez federal bloqueó temporalmente la orden al responder a una de las demandas judiciales en contra, presentada por cuatro estados, Washington, Arizona, Illinois y Oregon. “Esta es una orden descaradamente inconstitucional”, declaró el juez. Trump ya adelantó que apelarán, y la discusión llegará seguramente a la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
La orden de Trump que solo reconoce dos géneros, masculino y femenino, y la que elimina los programas de diversidad, equidad e inclusión, o “DEI”, también tienen consecuencias directas. La Oficina de Personal envió un memo a las agencias federales para ordenarles que pusieran de licencia a todos los empleados contratados a través de programas DEI. Las mujeres transgénero en prisión serán enviadas a prisiones para hombres, y viceversa, y además se suspendieron los tratamientos médicos.
Las Fuerzas Armadas se preparaban para un “veto” al personal transgénero, una medida que afectará a un número desconocido de personal militar. (Un estudio de UCLA de 2014 estimó que alrededor de 15.500 personas transgénero estaban en ese momento en servicio activo). Y el Departamento de Estado eliminó la categoría “no especificada u otra identidad de género” en las solicitudes de pasaportes.
“No nos iremos a ninguna parte y lucharemos contra estas disposiciones perjudiciales con todo lo que tenemos”, prometió Human Rights Campaign, el grupo defensor de los derechos LGBTQ+ más grande del país, anticipando otra batalla legal para Trump.
A la par de estos decretos, Trump comenzó una purga política en el gobierno federal, siguiendo su promesa de deshacerse del “estado profundo” y de instalar a leales en cargos críticos para poder desplegar su agenda.
Antes de que Trump asumiera la presidencia, varios diplomáticos de carrera del Departamento de Estado renunciaron, informó The Washington Post, una salida forzada para marcar un quiebre con el gobierno de Biden. Al finalizar su primera semana en su regreso al poder, Trump también echó, según informaron varios medios, al menos 15 inspectores generales, el grupo de auditores independientes que supervisan las acciones de las agencias federales, con la aparente intención de instalar a funcionarios leales para poder mover libremente los hilos del gobierno federal. Al menos uno de ellos, Cardell Richardson, del Departamento de Estado, confirmado por el Senado en 2024, planeaba ir de todos modos presentarse al trabajo el lunes porque consideraba que su despido era ilegal.
Y alrededor de 160 funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, empleados de carrera abocados a la política exterior de la Casa Blanca, también fueron despachados a sus casas. “Todo presidente tiene derecho a tener un personal y los asesores que necesita para implementar los objetivos que el pueblo estadounidense lo eligió para perseguir”, dijo Brian McCormack, jefe de Gabinete del nuevo asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, en una llamada cuya grabación obtuvo la agencia AP.
Trump publicó este fin de semana un video en el que rememora sus primeros días de regreso en el poder.
“Las 100 horas más históricas en la historia de Estados Unidos”, dijo en su red social Truth Social “¡La Edad de Oro de Estados Unidos comienza ahora mismo!”, cerró.
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