El Gobierno de Donald Trump —que enfrenta varias demandas ante tribunales por acciones como la suspensión del sistema de reasentamiento de refugiados, intentos de eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento o la deportación sin audiencias judiciales de a quienes acusa sin evidencia de delitos— ahora quiere proceder en contra de abogados y despachos legales.
La Administración emitió una directiva la noche del viernes, hecha pública hasta este sábado, que ordena a la fiscal general, Pam Bondi, sancionar a abogados si el Gobierno considera que están realizando litigaciones o demandas que cree son “frívolas, sin razón o perniciosas” en contra de agencias o funcionarios federales.
Es un paso más hacia desmantelar el Estado de derecho”
ACLU
El memorando también establece que se deben tomar acciones disciplinarias adicionales, como una queja para retirarle la licencia para practicar, si se cree que algún abogado está “rompiendo reglas sobre qué reclamos son meritorios” especialmente “para casos relacionados a la seguridad nacional, seguridad pública o la integridad electoral”.
El documento ha puesto en alerta a especialistas en derecho, pues fue dado a conocer cuando el Gobierno federal de por sí ha estado criticando a jueces por realizar su trabajo y sugiriendo que el poder judicial no puede frenar acciones presidenciales pese a que Estados Unidos tiene un sistema de pesos, contrapesos y balances que justamente establece que las cortes sí pueden deliberar sobre muchos de estos temas.
Entre las posibles sanciones que prevé la directiva contra los abogados está el dejar de otorgar contratos federales a los despachos y bufetes donde trabajen esos letrados, o quitarles los accesos a información reservada gubernamental — algo que muchos abogados requieren para confirmar si, por ejemplo, sus clientes estuvieron en un edificio diplomático donde hubo problemas de salud.
La directiva no aclara qué cree el Gobierno que sean las demandas “frívolas”.
Pero en días recientes Trump ha criticado a despachos que llegaron a trabajar con personas que investigaron denuncias de diplomáticos contra el ahora presidente estadounidense o bufetes que han trabajado con Jack Smith, que hasta enero se desempeñaba como fiscal especial a cargo de pesquisas sobre las acciones de Trump antes de que sus simpatizantes realizaran un violento asalto contra el Capitolio.
La directiva de la Casa Blanca señala que el Departamento de Justicia debe revisar a todos los bufetes legales que han presentado alguna demanda legal en los últimos ocho años para determinar si hubo las presuntas acciones frívolas.
Este memorando es “un paso más hacia desmantelar el Estado de derecho” en el país, criticó la Unión Americana para los Derechos Civiles (ACLU) en un comunicado reaccionando a la directiva.
A decir de la organización, el presidente Trump quiere generar miedo con este memorando con el fin de “silenciar” a profesionistas legales cuya tarea es “representar al pueblo para resolver de manera ordenada disputas mediante el sistema de tribunales y, lo que es clave, hacer que servidores públicos rindan cuentas si es que violan los derechos de la gente”.
Actualmente la Administración de Trump enfrenta más de 130 acciones legales en tribunales de diferentes instancias, incluida la Corte Suprema, por varios decretos y acciones emprendidas desde que el presidente tomó posesión para un segundo mandato a finales de enero.
Las iniciativas que han sido llevadas ante las cortes van desde temas migratorios hasta la oleada de despidos de trabajadores federales, la eliminación de regulaciones medioambientales, la suspensión de fondos para investigación científica, o el que estén siendo borradas bases de datos sobre enfermedades como el VIH.
