Desde la campaña electoral, el presidente Donald Trump fue coherente. Pondría “fin al mandato de los vehículos eléctricos (VE)”. Así que no es de extrañar que la frase apareciera en una orden ejecutiva que firmó el Día de la Inauguración, apenas unas horas después de jurar su cargo.
En realidad, EE UU nunca ha tenido un mandato sobre VE, ni ningún otro tipo de ley o reglamento que obligue a los compradores estadounidenses a optar por la industria automotriz eléctrica. En su lugar, la administración Biden trató de crear una serie de incentivos para que este tipo de autos resultaran más atractivos tanto para los fabricantes como para los compradores. La nueva orden de Trump intenta deshacer todo eso.
Si tus amigos o familiares tienen dudas sobre los vehículos eléctricos, esta guía práctica puede responder sus preguntas más controversiales.
Pero es complicado
Los expertos refieren que los efectos de la orden no están claros y que probablemente tardarán un tiempo en aclararse. Las partes de la orden relativas a los VE parecen más “un mensaje” que efectos prácticos inmediatos: “Se trata de señalar las intenciones del gobierno. No está claro qué podrá hacer la administración de forma inmediata”, afirma Timothy Johnson, profesor de energía y medio ambiente en la Escuela de Medio Ambiente Duke Nicholas.
Mientras tanto, los fabricantes de automóviles seguirán fabricando y vendiendo vehículos eléctricos, y los consumidores podrán seguir comprándolos. Algunas de las normas más estrictas entrarán en vigor a finales de 2026, y las compañías desarrolladoras suelen tardar unos cinco años en planificar y fabricar un auto, lo que significa que los vehículos que cumplan esas próximas normas de emisiones ya deberían estar fabricados y en venta.
Los fabricantes de automóviles de EE UU y de todo el mundo ya se han retractado de algunas de sus promesas más ambiciosas relacionadas con los vehículos eléctricos, pero estos siguen llegando. El futuro a largo plazo de la industria automovilística estadounidense no está nada claro; otros gobiernos continúan aplicando políticas favorables para los vehículos eléctricos, y los críticos advierten que se recurrirá cada vez más a la industria china para superar la transición.
Una cosa sí es clara para el futuro de los VE en Estados Unidos: habrá demandas.
Tras el caótico relanzamiento de Jaguar y el circo, maroma y teatro de la fiesta de presentación del Cybercab de Tesla, es difícil imaginar que el año que viene vaya a superar a 2024. Pero te sugerimos que veas nuestra selección de los mejores autos eléctricos de 2025.
¿Qué pueden hacer los fabricantes?
La orden ejecutiva exige a las agencias estadounidenses que revisen sus normas relacionadas con los vehículos eléctricos y determinen si son “excesivamente engorrosas” e interfieren en la elección del consumidor. Estas deben redactar los informes correspondientes en un plazo de 30 días. “A partir de ahí, empieza la burocracia”, recita Kathy Harris, quien dirige el programa de vehículos limpios del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés). Explica que si una agencia quiere derogar una norma, tiene que pasar por el proceso público, es decir, publicar nuevos recursos, recibir retroalimentación del público, ir y venir con la industria, y luego anunciar esos comentarios. “Es demasiado papeleo el que interviene entre la administración Trump y la prohibición definitiva de cualquier programa relacionado con los VE”.
La forma más clara que tiene la Casa Blanca de flexibilizar las normas que obligan a los fabricantes a diseñar más VE será centrarse en la eficiencia del combustible y en las normas relativas a los tubos de escape. Estas exigen que los autos fabricados alcancen determinados niveles de eficiencia y que los fabricantes limiten los contaminantes emitidos en los próximos años. Una de las formas más sencillas de alcanzar esos objetivos es vender más vehículos eléctricos que no consumen gasolina ni emiten contaminantes. La última vez que Trump estuvo en el cargo, su administración tardó más de tres años en reemplazar las normas de eficiencia de combustible de la era Obama. “Esta vez, las agencias podrían ser más eficientes y lograr cambiar las reglas más rápidamente. Aun así, el proceso podría llevar meses y meses”, sugiere Harris.
Otro ámbito en el que probablemente se centrará la administración Trump son los programas de subvenciones: incluidos los que conceden a los compradores de VE créditos fiscales federales que reducen el precio de los automóviles eléctricos hasta en 7,500 dólares. Aunque la orden ejecutiva no menciona explícitamente esta política, pues estos créditos proceden de la Ley de Reducción de la Inflación, y cualquier cambio tendrá que pasar por el Congreso. De acuerdo con Johnson, la Administración podría tratar de suspender la concesión de estos créditos a través del Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés), pero ello podría acarrear una demanda judicial.
Estados Unidos podría cambiar completamente al uso de vehículos eléctricos en unos 20 años. Cuando eso ocurra, se necesitarán muchos cargadores.
Lo que sí contempla la orden de Trump
La orden se dirige explícitamente a los programas que distribuyen fondos para la recarga de vehículos eléctricos, más de 7,000 millones de dólares establecidos por la Ley Bipartidista de Infraestructuras de 2021 y destinados a facilitar la construcción de nuevos cargadores públicos en todo Estados Unidos. Exige a las agencias que hagan una pausa en la entrega de esos fondos mientras averiguan si fueron asignados con “coherencia”. Gran parte de ese financiamiento ya fue asignado a los estados, muchos firmaron contratos con constructores de infraestructuras para poner en marcha esos cargadores. Puede que sea demasiado tarde para frenar toda esa inversión.
Jeff Davis, experto en presupuesto y política del Eno Center for Transportation, dice que esta sección de la orden está particularmente “mal redactada”. Se da a entender que el dinero “seguirá circulando” y que los proyectos se construirán, pero que habrá ciertas limitantes para que los estados reciban el reembolso una vez realizado el trabajo. “Este tipo de cosas pueden resolverse demandando al gobierno federal y ganando en los tribunales”.
El lenguaje excesivamente amplio de la orden no solo podría significar el cese de los programas relacionados con el clima, sino también todos los proyectos financiados por la ley de infraestructuras. “Eso incluye miles de millones involucrados en el financiamiento de proyectos de construcción de autopistas, transporte público, aeropuertos e incluso seguridad de oleoductos y gasoductos”, refiere Davis.
Gracias a la influencia de Elon Musk, el presidente electo ha vacilado sobre el futuro de la transición eléctrica de Estados Unidos.
El estado dorado
Para los interesados en el futuro de los vehículos eléctricos, la atención se centra ahora en California. Desde la década de 1970, el estado ha sido autorizado a crear sus propias regulaciones del aire, incluidas las normas en torno a los automóviles. La orden ejecutiva subrayó la intención de Trump de “poner fin” a las capacidades de la demarcación para controlar sus propios estándares de venta, la misma autonomía que California utilizaría para prohibir nuevos autos de combustible para 2035.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) tendrá que dar el primer paso para revocar ese privilegio especial, concedido a California mediante una “exención”. Eso “inevitablemente será impugnado en los tribunales”, expresa Julia Stein, subdirectora del Instituto Emmett sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (UCLA). La última administración Trump intentó anular la exención del estado, pero no lo consiguió. “Es probable que los intentos sigan sobre una base legal inestable. Nos espera otra larga lucha por la exoneración”, concluye Stein.
Artículo originalmente publicado en WIRED. Adaptado por Alondra Flores.
