El presidente Donald Trump otorgó nuevas facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para deportar de manera acelerada a inmigrantes que ingresaron al país bajo los programas de parole humanitario y CBP One, implementados durante la administración de Joe Biden.
Un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), revelado por The New York Times, indica que esta medida busca reforzar las políticas de control migratorio y endurecer las restricciones para aquellos que accedieron a Estados Unidos a través de estas iniciativas.
El documento, firmado el jueves por Benjamine C. Huffman, jefe interino del DHS, instruye a los funcionarios de ICE a usar poderes ampliados para deportar a los beneficiarios de estos programas, incluso si cumplen con las condiciones establecidas por las políticas migratorias de Biden.
Esta decisión afecta a más de 1.46 millones de personas que ingresaron al país con permisos temporales desde enero de 2023.
Programas migratorios en el punto de mira
El parole humanitario fue una medida clave introducida por Biden en octubre de 2022 para venezolanos, y en enero de 2023 se amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Unos 531,690 inmigrantes de estas nacionalidades lograron ingresar legalmente al país, incluyendo 110,240 cubanos. Este permiso les permitió residir temporalmente en Estados Unidos, con opciones para regularizar su estatus bajo ciertas condiciones.
Por otro lado, el programa CBP One, que permitía a los migrantes solicitar asilo mediante una aplicación móvil, facilitó el ingreso de más de 904,500 personas.
Ahora, con el memorando del DHS, ICE podrá revocar estos permisos temporales y proceder a deportar a los beneficiarios, incluso si no han agotado su tiempo de estancia legal o tienen casos abiertos en los tribunales de inmigración.
Endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos
Desde su primer día de regreso al poder, Trump ha tomado medidas drásticas para cumplir con sus promesas de campaña relacionadas con la migración y la seguridad nacional.
Una de sus primeras órdenes ejecutivas incluyó la eliminación de los programas de parole humanitario y CBP One, justificando estas acciones como necesarias para combatir la inmigración ilegal y fortalecer las fronteras del país.
El memorando de Huffman también establece que los funcionarios de ICE prioricen la deportación de inmigrantes que han estado en el país más de un año y no han solicitado asilo formalmente.
Además, autoriza a cerrar casos en los tribunales de inmigración y trasladar a los migrantes al programa de deportación acelerada, que elimina el requisito de un proceso judicial prolongado.
Los defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en las comunidades vulnerables.
Críticas y desafíos legales ante la deportación acelerada
La ampliación de los poderes de deportación ha generado críticas generalizadas y desafíos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en un tribunal federal en Washington D.C., argumentando que la política viola leyes federales y derechos constitucionales.
“La administración Trump busca eludir el debido proceso y avanzar en su agenda de deportación masiva”, declaró Anand Balakrishnan, abogado de la organización.
Estas nuevas facultades también podrían afectar a inmigrantes afganos y ucranianos que ingresaron al país bajo programas temporales, aumentando los temores entre aquellos que confiaron en las vías legales ofrecidas por el gobierno anterior. En total, la decisión de Trump deja a millones de personas en una posición de incertidumbre y vulnerabilidad.
Un futuro incierto para los inmigrantes que no están regularizados
Las medidas de Trump reafirman su intención de usar todos los recursos disponibles para impulsar sus políticas migratorias de línea dura. La orden ejecutiva y el memorando del DHS son solo el inicio de una serie de acciones que buscan desmantelar los programas establecidos durante la administración Biden.
La comunidad migrante enfrenta ahora un panorama incierto, con el riesgo de deportaciones masivas que podrían separar familias. Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones legales preparan estrategias para contrarrestar las nuevas disposiciones en los tribunales.
La lucha entre las políticas de endurecimiento migratorio de Trump y los derechos de los inmigrantes apenas comienza, marcando un nuevo capítulo en el complejo debate sobre la inmigración en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas políticas migratorias de Trump y su impacto en los programas de parole humanitario y CBP One
¿Qué cambios ha implementado Trump en las políticas migratorias de Estados Unidos?
El presidente Donald Trump ha otorgado nuevas facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar de manera acelerada a inmigrantes bajo los programas de parole humanitario y CBP One. Esto incluye la eliminación de estos programas, afectando a más de 1.46 millones de personas que ingresaron legalmente al país desde enero de 2023.
¿Cómo afecta la decisión de Trump a los inmigrantes que ingresaron bajo el parole humanitario?
La decisión de Trump permite a ICE revocar los permisos temporales otorgados a inmigrantes bajo el parole humanitario, incluso si cumplen con las condiciones establecidas por la administración Biden. Esto deja a muchos inmigrantes en una posición de incertidumbre y vulnerabilidad, enfrentando la posibilidad de deportaciones masivas.
¿Qué alternativas tienen los inmigrantes afectados por el fin del parole humanitario?
Los inmigrantes afectados pueden explorar otras vías para regularizar su estatus, como solicitar asilo político, acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS) o, en el caso de los cubanos, aplicar a la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia permanente tras un año y un día en Estados Unidos.
¿Qué desafíos legales enfrenta la ampliación de poderes de deportación de ICE?
La ampliación de los poderes de deportación de ICE ha provocado críticas y desafíos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda, argumentando que estas políticas violan leyes federales y derechos constitucionales, buscando eludir el debido proceso.
