El gobierno de Trump pidió a los jueces que le permitieran utilizar una ley en tiempo de guerra para continuar con las deportaciones de venezolanos sin apenas garantías procesales.
El gobierno de Donald Trump pidió el viernes a la Corte Suprema que le permitiera utilizar una ley rara vez invocada en tiempos de guerra para seguir deportando a venezolanos sin cumplir con las garantías procesales.
La solicitud de emergencia llegó al tribunal después de que una corte federal de apelaciones mantuviera en vigor un bloqueo temporal de las deportaciones. En su solicitud a la Corte Suprema, los abogados del gobierno argumentaron que el asunto era demasiado urgente como para esperar a que el caso recorriera el camino de los tribunales inferiores.
En la solicitud del gobierno, la procuradora general en funciones, Sarah M. Harris, dijo que el caso planteaba “cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo realizar operaciones delicadas relacionadas con la seguridad nacional en este país”.
“La Constitución proporciona una respuesta clara: el presidente”, escribió Harris. “La República no puede permitirse una opción diferente”.
Los jueces establecieron un calendario rápido para el caso, pidiendo que los abogados de los inmigrantes presentaran una respuesta a la solicitud del gobierno antes de las 10:00 a. m. del 1 de abril.
El caso ofrecerá una importante prueba inicial de cómo el más alto tribunal del país se enfrentará a los agresivos esfuerzos del presidente Trump por deportar a millones de inmigrantes y a su postura hostil hacia los tribunales. El mandatario ha pedido la destitución de un juez de primera instancia que detuvo las expulsiones.
El caso gira en torno a la legalidad de una orden ejecutiva firmada por Trump que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La orden utiliza la ley para perseguir a personas que se cree que son miembros de bandas venezolanas en Estados Unidos.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite la deportación sumaria de quienes proceden de países en guerra con Estados Unidos. La ley, que es más conocida por haberse utilizado en el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, concede al gobierno una amplia libertad en tiempos de guerra declarada o invasión para expulsar a cualquier súbdito de una “nación hostil” que tenga 14 años o más como “enemigos extranjeros”.
La disputa se puso en marcha a principios de febrero, cuando el secretario de Estado Marco Rubio designó al Tren de Aragua, una violenta banda callejera venezolana, como organización terrorista extranjera.
El 14 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva invocando la ley para detener y deportar rápidamente a las personas identificadas por el gobierno como miembros de la banda.
En la solicitud del gobierno, Harris escribió que el presidente había “determinado que miles de miembros de esta organización terrorista extranjera designada se han ‘infiltrado’ ilegalmente en el país” como parte de un plan del gobierno venezolano para desestabilizar las democracias.
El juez James E. Boasberg, de la Corte Federal de Distrito de Washington, dictó una orden de restricción temporal que impedía al gobierno deportar a ningún inmigrante venezolano en virtud de la ley. El juez ordenó que cualquier vuelo que hubiera salido del país con los inmigrantes en virtud de la orden ejecutiva regresara a Estados Unidos “comoquiera que se logre, haciendo que el avión regresara o no”.
Sin embargo, decenas de personas fueron embarcadas en aviones y enviadas a una prisión de El Salvador sin muchas de las protecciones legales vigentes en virtud de la ley federal de inmigración.
El gobierno de Trump ha revelado poco sobre cómo determinó quién pertenecía a la banda, y en la solicitud solo se afirmaba que “el gobierno detuvo a miembros designados” de la banda “identificados mediante un proceso riguroso”.
Los funcionarios gubernamentales no han dado un calendario claro de cuándo aterrizaron los vuelos en El Salvador, pero funcionarios de la Casa Blanca han dicho que los migrantes “ya habían sido expulsados del territorio estadounidense” en el momento de la orden del juez.
La solicitud de emergencia no añadía claridad a esa cronología, afirmando que la expulsión de los inmigrantes “marcaba la culminación de semanas de trabajo del presidente Trump y su gabinete”.
“Como ocurre con muchas operaciones diplomáticas y de seguridad nacional delicadas, la rapidez era esencial”, decía el escrito del gobierno.
Por 2 votos a 1, un grupo de jueces federales de la Corte de Apelación del Distrito de Columbia mantuvo la suspensión de las expulsiones decretada por el juez Boasberg en una decisión emitida el 26 de marzo. Una de las juezas que votó a favor de mantener la pausa temporal, Patricia A. Millett, escribió que las deportaciones del gobierno negaban a los inmigrantes “siquiera un hilo de las debidas garantías procesales”.
En su demanda, el gobierno de Trump argumentó que la decisión del tribunal de apelaciones “pide a gritos la intervención de esta corte”, afirmando que los abogados de los inmigrantes detenidos “presentaron las demandas equivocadas en el tribunal equivocado”.
Los abogados del gobierno argumentaron que, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, las detenciones y expulsiones están “tan ligadas a juicios críticos de seguridad nacional que apenas son susceptibles de revisión judicial en absoluto”. También alegaron que los inmigrantes debían presentar sus impugnaciones en Texas, donde habían estado detenidos anteriormente, y no en Washington.
El gobierno de Trump alegó que la pausa temporal del tribunal sobre dichas deportaciones “desairó los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra las organizaciones terroristas extranjeras y fomenta el riesgo de efectos debilitantes para las delicadas negociaciones exteriores”.
El gobierno argumentó que las personas implicadas en el Tren de Aragua debían ser objeto de deportación como súbditos de una nación hostil porque estaban estrechamente alineados con el gobierno venezolano y el liderazgo del presidente del país, Nicolás Maduro. El gobierno de Trump también ha argumentado que su llegada a Estados Unidos constituye una invasión en virtud de la ley.
Sigue sin estar claro en qué pruebas se ha basado el gobierno para determinar que las personas enviadas a El Salvador son miembros de bandas venezolanas. Hasta ahora, el gobierno se ha negado a proporcionar nombres o detalles sobre los expulsados.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que el gobierno de Trump no “revelaría detalles operativos sobre una operación antiterrorista”. Los abogados del gobierno le dijeron a un juez federal que no revelarían más información sobre los vuelos a Venezuela. Hacerlo, según los abogados, pondría en peligro secretos de Estado.
En sus escritos ante el tribunal, los abogados de al menos cinco de las personas trasladadas a una prisión salvadoreña se opusieron a las afirmaciones de que estaban vinculadas a la banda. Acusaron al gobierno de basarse, al menos en parte, en tatuajes que los agentes federales creían que indicaban vínculos con la banda, y negaron que sus clientes fueran miembros de ese grupo delictivo.
Los abogados dijeron que un hombre se hizo el tatuaje porque se parecía al logotipo de su equipo de fútbol favorito. Otro se lo hizo en honor a su abuela. La hermana de un tercer inmigrante declaró bajo juramento que el tatuaje de su hermano —una rosa con pétalos de papel moneda— no estaba relacionado con ninguna banda.
Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene experiencia amplia como reportera de investigación. Más de Abbie VanSickle
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