Por Julia Ainsley, Garrett Haake y Laura Strickler — NBC News
El equipo del expresidente Donald Trump analiza retener las subvenciones federales a los departamentos de policía locales que se nieguen a ayudarlo con las deportaciones masivas que ha prometido si gana la elección, dijeron a NBC News tres fuentes cercanas a la campaña del candidato republicano.
Una medida de este tipo podría dar lugar a impugnaciones legales, como ocurrió con una política similar implementada durante el Gobierno de Trump. Las fuentes también advirtieron que ningún plan en esta dirección será oficial hasta que el propio Trump lo anuncie.
La campaña de Trump no respondió a las peticiones de comentarios.
Las tres fuentes cercanas a su campaña afirmaron que la táctica de presionar a los departamentos de policía sobreviviría a los desafíos legales y que el expresidente también presionaría a los estados, condados y ciudades demócratas para que participen en las deportaciones masivas.
Ron Vitiello, exdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato de Trump, recordó la profunda frustración de los funcionarios de la Administración cuando las prolongadas batallas judiciales con estados y ciudades controlados por los demócratas bloquearon el plan de Trump.
“El Departamento de Justicia iba a retener el dinero de las subvenciones”, dijo Vitiello a NBC News. “Pero no llegaron a disfrutarlo, si se quiere, o hacerlo a plenitud”.
Las llamadas ciudades santuario, como Chicago, y los estados, como California, se niegan actualmente a alertar a ICE cuando encuentran o detienen a inmigrantes indocumentados que, cuando terminan de cumplir su condena en prisiones estatales o cárceles locales, son liberados en la comunidad, en lugar de ser entregados a ICE.
Trump ha prometido que, si vuelve al poder, apuntará directamente contra inmigrantes indocumentados en todo el país, empezando por los que tengan antecedentes penales u órdenes de deportación.
Casi 1.5 millones de inmigrantes en Estados Unidos tienen órdenes finales de deportación, según funcionarios de ICE. Y se cree que más de 430,000 inmigrantes con antecedentes penales viven en el país fuera de los centros de detención de ICE.
Durante la primera Administración de Trump, más de 400,000 inmigrantes con antecedentes penales vivían en Estados Unidos fuera de la detención de ICE, aproximadamente el mismo número que bajo la Administración Biden-Harris.
Hacer que los agentes federales arresten y deporten hasta 1.9 millones de estos inmigrantes costaría casi 10 veces el presupuesto anual actual de ICE, según el Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización de investigación y defensa de los inmigrantes.
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Para presionar a las fuerzas del orden locales a cooperar, el equipo de Trump les cortaría el acceso a las subvenciones del Departamento de Justicia, dijeron las tres fuentes.
El Departamento de Justicia describe estas subvenciones, conocidas como el programa de subvenciones Byrne JAG, como la “principal fuente de financiación de la justicia federal para las jurisdicciones estatales y locales”.
Históricamente, el Departamento de Justicia ha concedido más de 250 millones de dólares anuales a las fuerzas del orden estatales y locales a través del programa de subvenciones Byrne JAG. El proceso es competitivo, y las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley han utilizado los fondos para cubrir gastos de la policía, los centros de rehabilitación de drogas y los programas correccionales.
Durante el Gobierno de Trump, varios estados, entre ellos Nueva York, demandaron a la Administración después de que estas cortara las subvenciones Byrne JAG a las ciudades santuario. Luego de que un tribunal de apelaciones diera la razón a la Administración, los estados controlados por demócratas apelaron a la Corte Suprema.
Antes de que la Corte Suprema dictaminara, Joe Biden ganó las elecciones de 2020, asumió el cargo y restauró el programa de subvenciones para las ciudades santuario. Los funcionarios de la campaña de Trump aseguraron que confían en que pueden llevar los desafíos legales al máximo tribunal y que su supermayoría conservadora los respaldará.
Vitiello añadió que un posible segundo mandato de Trump también ofrecería fondos adicionales a los departamentos de policía estatales y locales que participan en las deportaciones masivas.
“Puedo vaticinar incentivos bajo la Administración” para las agencias que cooperen, dijo Vitiello. “O el uso de algún tipo de palanca contra los que no quieran hacerlo”.
