Donald Trump eliminó el parole humanitario de la era Biden con solo poner un pie en la Casa Blanca. Una de las 41 órdenes ejecutivas firmadas por el republicano este lunes se refiere a la seguridad de las fronteras, y en ella manda al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “poner fin a todos los programas categóricos de libertad condicional que sean contrarios a las políticas de Estados Unidos establecidas en mis órdenes ejecutivas, incluido el programa conocido como ‘Procesos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos’”, dice el documento. Esta orden también cerró la aplicación CBP One con la que los migrantes en México podían solicitar una cita en alguno de los puntos fronterizos y optar por una medida que les permitiera ingresar legalmente al país.
El magnate tenía a ambos programas en la mira. El año pasado, en plena campaña electoral, declaró en una entrevista con FOX News que “aviones cargados de inmigrantes ilegales” estaban llegando al país repletos de gente que no debería estar en el país. “Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales. Van a salir muy rápido”, fue su amenaza, hoy materializada.
Creado en octubre de 2022 y ampliado en enero de 2023, el parole humanitario permitió primero a inmigrantes de Venezuela y luego de Cuba, Nicaragua, Haití, ingresar legalmente a Estados Unidos después de que un patrocinador financiero hiciera la solicitud ante las autoridades migratorias. Tras recibir la autorización, los beneficiados recibían dos años de estancia en el país y un permiso de trabajo. Esta fue una de las medidas que los demócratas pusieron en marcha para reducir los cruces ilegales en la frontera, que alcanzaron sus niveles más bajos en diciembre pasado, con una reducción del 98%, según el DHS.
Las cifras oficiales también indican que más de medio millón de inmigrantes fueron beneficiados por la iniciativa que permitía la llegada de unos 30.000 inmigrantes mensuales. Los más favorecidos fueron los haitianos, con 211.040 inmigrantes, seguidos de los venezolanos con 117.330, los cubanos con 110.240 y los nicaragüenses con 93.070.
En septiembre pasado, el programa se reactivó tras una pausa iniciada en el mes de julio. El DHS confirmó una revisión interna para atender irregularidades por indicios de fraude en algunas solicitudes. A partir de entonces, comenzó un mayor control en los antecedentes penales de los patrocinadores y sus estados financieros. En octubre, el Gobierno de Biden informó de que la medida caducaría al cumplirse los dos años estipulados, lo que obligaría a miles de personas a buscar otros métodos para permanecer en el país o enfrentarse a la deportación. Para los inmigrantes de los cuatro países en cuestión el regreso no es una opción porque sus lugares de origen siguen afectados por intensos conflictos políticos y socioeconómicos.
En este sentido, la eliminación del parole ordenada por Trump significa que no serán procesadas más solicitudes, y los inmigrantes que estaban a la espera de su autorización de viaje ya no la recibirán. Los que sí la recibieron y no viajaron (a pesar del tiempo de gracia que tenían para llegar a Estados Unidos) tampoco podrán hacerlo. Este es el caso de los 3.200 nicaragüenses que tenían una autorización de viaje el mes pasado que ahora queda sin efecto.
En declaraciones a EL PAÍS, el abogado especializado en asuntos migratorios, Ezequiel Hernández, explica que los beneficiados del programa aún tienen opciones para su permanencia más allá del plazo otorgado. “La gente que llegó con el parole está legalmente aquí aunque Trump diga lo contrario”, y continúa, “pero si estas personas pretenden permanecer en el país más allá de los dos años concedidos, tienen que introducir un asilo (en el primer año de haber entrado), convocar el Tratado contra la Tortura o recibir de un juez una retención de expulsión (Withholding of removal) que impide la deportación de personas que temen ser perseguidas en sus países. Esta última es una alternativa al asilo”, afirma.
Por su parte, el abogado Ángel Leal agrega que todo dependerá de la nacionalidad de los inmigrantes. “En el caso de los cubanos, van a poder acogerse a la ley de Ajuste cubano. En el caso venezolano, si entraron al país antes del 31 de julio del 2023, tendrán la opción de pedir el Tratado de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Este también es el caso de los haitianos. Los que hayan ingresado antes del 2 de junio de 2024, podrán pedir TPS. En el caso de los nicaragüenses, solo podrán aplicar a asilo los que califiquen. El cambio o ajuste de estatus debe hacerse antes del vencimiento del parole porque si no lo hacen, están en peligro de deportación”, comentó. La nueva Administración también acaba de poner fin al derecho al asilo, pero este solo afecta a los inmigrantes en la frontera.
