El Gobierno de Donald Trump deportó el pasado fin de semana a cientos de venezolanos porque, según la administración estadounidense, eran miembros de una banda de narcotraficantes. Los hombres deportados fueron trasladados a El Salvador e ingresados en la prisión de máxima seguridad CECOT.
Trump invocó una ley de 1798 que permite expulsar del país a los “enemigos extranjeros”, pero el juez federal de Washington James E. Boasberg prohibió la deportación. Sin embargo la administración Trump pasó por alto la decisión del juez, asegurando que los aviones ya estaban en el aire al momento del dictamen judicial.
La disputa se recrudeció el miércoles (19.03.2025): “Si un presidente no tiene derecho a expulsar a asesinos y otros criminales, entonces nuestro país tiene un gran problema, ¡está condenado al fracaso!”, despotricó Trump en su red Truth Social sobre la decisión de Boasberg. Trump y varios congresistas republicanos pidieron incluso su destitución.
Numerosas discordias
Este no es el único caso en el que la administración Trump y el Poder Judicial estadounidense están enfrentados. Por ejemplo, un juez federal ordenó paralizar el cierre de la agencia de ayuda al desarrollo USAID. Otra jueza de Maryland bloqueó la expulsión de las personas trans del Ejército , promovida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al menos de momento. Y un magistrado de Washington ordenó al Gobierno pagar subvenciones por un total de 14.000 millones de dólares a tres organizaciones ecologistas.
“Tenemos jueces fuera de control que están destruyendo nuestro país”, reprendió Trump en una entrevista con Fox News. Cuando se le preguntó si se opondría a una sentencia judicial, Trump respondió: “No, eso no se puede”.
¿Deportaciones ilegales?
“De momento, Trump está sufriendo derrota tras derrota en los tribunales”, dice Johannes Thimm, jefe adjunto del Grupo de Investigación de las Américas en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), con sede en Berlín. “Y ahora se ven los primeros indicios de que está cuestionando abiertamente ciertas sentencias judiciales y prácticamente no las está cumpliendo”. Esto parece estar ocurriendo en particular con las deportaciones.
Lo que piensan Trump y sus seguidores de este tipo de sentencias ha quedado de manifiesto en varias declaraciones de los últimos días. El “zar de las fronteras” nombrado por Trump, Tom Homan, dijo a Fox News: “No me importa lo que piensen los jueces”. Si “los terroristas son sacados del país”, entonces “eso debería ser motivo de celebración en este país”, sentenció.
La ministra de Justicia, Pam Bondi, también criticó la suspensión de las órdenes de deportación como un “desprecio a la autoridad del presidente Trump”. Señaló que tales resoluciones de los jueces ponían en peligro a la población y a las fuerzas del orden.
La separación de poderes, en peligro
Para Johannes Thimm, se trata de señales de alarma. El experto del SWP cree que todo el sistema de separación de poderes en EE. UU. está en peligro. Por un lado, “el Poder Legislativo prácticamente ha abdicado como poder de control que también puede frenar al presidente”. Desde las elecciones, los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras y son “prácticamente leales al cien por cien a Trump”, dice Thimm.
Queda el Poder Judicial. “Y el problema básico aquí es que los tribunales no pueden hacer cumplir efectivamente sus sentencias, especialmente contra el Gobierno. Todo el sistema se basa en que los otros poderes respeten la autoridad de los tribunales”, agrega el experto.
“El hecho de que Trump esté empezando a ignorar o a negarse a cumplir las sentencias judiciales tiene el potencial de desencadenar una crisis constitucional”, sostiene. Después de todo, en un Estado constitucional, la Policía y las autoridades de seguridad están principalmente para hacer cumplir la ley. En última instancia, sin embargo, responden ante el presidente. Pero si hay instrucciones contradictorias de ambas partes, ¿a quién deben obedecer?
¿En camino a la autocracia?
Tal vez esa sea una de las razones por las cuales John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, rechazó el llamado de Trump a destituir a algunos jueces. “Está establecido desde hace más de dos siglos que el juicio político no es una respuesta adecuada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, explicó Roberts. “Para eso están las apelaciones”.
Es poco probable que el presidente estadounidense se arriesgue a un enfrentamiento abierto con el Tribunal Supremo, en cuyo nombramiento desempeñó un papel clave. Pero “ya no es descartable que Trump simplemente ignore al Poder Judicial y nadie haga o pueda hacer realmente algo al respecto”, teme Thimm. “Entonces EE. UU. habrá dado un gran paso hacia la abolición del Estado de derecho democrático”.
(mn/cp)
