Menos de una semana después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, su Administración ha chocado frontalmente con el Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro en Colombia. El mandatario sudamericano ha anunciado en la madrugada de este domingo que no permitirá el ingreso de vuelos militares norteamericanos con colombianos deportados. Estaba previsto que hoy llegaran dos de estos vuelos con al menos 160 personas. El Gobierno norteamericano ha respondido horas después, inicialmente con la suspensión por tiempo indeterminado el trabajo de la sección de visas de su embajada en Bogotá y con la promesa de más represalias.
Pocas horas más tarde, el propio presidente Trump comunicó en su red social Truth, un paquete de sanciones más amplias. “Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los bienes que entren en Estados Unidos. En una semana, aseguró, los aranceles del 25% se elevarán al 50%; prohibición de viajar y revocación inmediata de visados a los funcionarios del Gobierno colombiano y a todos sus aliados y simpatizantes; sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del Gobierno colombiano; inspecciones reforzadas de Aduanas y Protección Fronteriza de todos los nacionales colombianos y de la carga por motivos de seguridad nacional e imposición total de sanciones fiscales, bancarias y financieras de la IEEPA [International Emergency Economic Powers Act]”. Ha anunciado que esas medidas “son solo el comienzo”.
El endurecimiento de la política migratoria fue uno de los ejes de la campaña del reelecto presidente estadounidense y uno de los asuntos que concentraron el aluvión de órdenes ejecutivas que han marcado su agenda. Sólo en su primer día en la Casa Blanca detuvieron a más de 300 migrantes en redadas. “La operación de deportación masiva más grande de la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, se leía en un comunicado publicado en redes. Según las cifras del presidente, el despliegue de medios para frenar la migración representa un aumento del 60% en el número de fuerzas activas sobre el terreno desde este lunes. Colombia es uno de los principales orígenes de migrantes a Estados Unidos, y Petro ha exigido un “tratamiento digno” a quienes sean enviados de vuelta al país.
En un comunicado oficial de Presidencia, el Gobierno confirmó su participación en la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada para el próximo 30 de enero, donde se abordarán temas cruciales como la cooperación entre países miembros en materia migratoria y la protección de los derechos humanos. Paralelamente, anunciaron que se dispondrá del avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy a Colombia. “De ninguna manera los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio colombiano”, se lee.
Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece.
Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos.
No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país… https://t.co/U1MmWrNio1
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025
En respuesta, la Secretaría de Estado en cabeza de Marco Rubio anunció en la mañana de este domingo que suspenderá temporalmente el trámite y expedición de visas en Bogotá, medida que afecta a miles de colombianos. Petro, a su vez, respondió recordando que hay 15.560 establecidos de forma irregular en Colombia y exigiendo que se presenten a las autoridades locales. Aunque no anunció consecuencias en caso de que no lo hagan, quedó sentado un choque migratorio cuyas consecuencias son aún impredecibles.
Laura Sarabia, la número dos del presidente de izquierdas y quien asumirá como canciller el próximo 1 de febrero, también se pronunció en X, antes Twitter. Aseguró que el Gobierno reafirma su compromiso con un regreso “digno de nuestros connacionales” a partir de tres puntos: “Garantizar un trato respetuoso y humano, asegurar condiciones adecuadas, con transporte civil y digno, abiertos al diálogo con EE. UU. para verificar protocolos y fortalecerlos”. Y zanjó: “Por la dignidad de todos los colombianos”.
La negativa de Petro se produce en medio de la polémica que hay en varios países de América Latina por el anuncio de este endurecimiento de las medidas migratorias. El Gobierno de Brasil denunció este sábado el uso de esposas por parte de las autoridades estadounidenses contra ciudadanos del país durante un vuelo de deportación. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, ordenó a la Policía Federal que pidiera a los agentes la retirada “inmediata” de las mismas, en cuanto el avión hizo una parada técnica en la ciudad de Manaus.
Mientras constituye una incógnita cómo procederá Washington en la devolución de sin papeles a países con los que mantiene relaciones tensas, como Venezuela -desde 2022 han llegado a Estados Unidos una gran mayoría de venezolanos-, el jueves fueron devueltos a Guatemala en aviones militares los primeros deportados de ese origen. La expulsión de personas sin papeles continúa por los puertos de entrada terrestres a lo largo de la frontera sur de EE UU, aunque México también pareció dar la vuelta a un vuelo militar con destino al país la semana pasada, según informó la CNN.
La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, prometió este viernes que habrá una estrategia integral para garantizar empleo y programas sociales para las personas repatriadas. “Nos hemos estado preparando para recibir a las y a los mexicanos que tengan un espacio en la frontera y en otros lugares para que puedan tener acceso a los programas sociales, al empleo, a poderse mover en nuestro territorio nacional para ir a sus lugares de origen”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina. Los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4% del producto interior bruto (PIB) de México, que en 2024 habría recibido un estimado de 65.000 millones de dólares.
Hace poco más de un año, durante el mandato de Joe Biden, Colombia y Estados Unidos habían firmado un nuevo protocolo para el retorno de nacionales repatriados o deportados que aceleró el proceso y amplió la frecuencia de los vuelos a un promedio que, durante varios meses, rondaba los cuatro aviones por mes. Este acuerdo fue atropellado con la promesa de expulsar a todos los inmigrantes irregulares “masivamente” del país de Trump.
