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La Casa Blanca ha sido escenario de intensas conversaciones en los últimos días, con el tema migratorio ocupando un lugar central en las agendas políticas; se han generado diversas reacciones ante las recientes decisiones y declaraciones emanadas del gobierno
El presidente Donald Trump, en una conferencia de prensa, señaló directamente a ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, entre otras, describiéndolas como “ciudades santuario” y prometiendo acciones contundentes. Su declaración alude a una supuesta protección de delincuentes por parte de estas jurisdicciones, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Trump afirmó que “muy pronto les presentemos una orden ejecutiva que ponga fin a las ciudades santuario”. Esta amenaza se fundamenta en la política de línea dura migratoria del gobierno, que considera a los inmigrantes indocumentados como criminales.
Sin embargo, la postura de las ciudades y estados señalados difiere considerablemente. Sus gobernantes, en su mayoría demócratas, argumentan que la cooperación restringida se debe a las preocupaciones sobre las repercusiones negativas de una política migratoria excesivamente severa. Aducen que la falta de confianza en las autoridades desincentiva a los inmigrantes a reportar crímenes, afectando incluso la salud pública al evitar que busquen atención médica.
Las cifras son contundentes: se estima que alrededor de 14 millones de migrantes viven en situación irregular en Estados Unidos. Esta situación compleja crea un debate acalorado entre la postura del gobierno federal y la de las entidades locales.
Por otro lado, un incidente paralelo en el ámbito de la seguridad nacional ha añadido complejidad al panorama. Mike Waltz, asesor de seguridad nacional, asumió la responsabilidad por un error en la comunicación, habiendo añadido inadvertidamente a un periodista a un chat interno sobre ataques inminentes en Yemen. Este incidente destaca la importancia de la seguridad de la información en los más altos niveles del gobierno.
Mientras tanto, un juez bloqueó una orden de deportación contra una estudiante de la Universidad de Columbia, lo cual añade otra capa de complejidad a las políticas migratorias en debate.
