Texas se perfila como un aliado clave en la misión de las deportaciones masivas de Donald Trump. La comisaria de tierras del Estado, Dawn Buckingham, ha ofrecido al presidente electo en una carta un enorme rancho en la frontera para que sirva como base de operaciones para el plan de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, que se pretende poner en marcha en cuanto tome posesión. Según la carta enviada este martes, el terreno de unos 1.400 acres o 5,5 kilómetros cuadrados junto al Río Bravo en Starr County, podría fácilmente albergar nuevos centros de detención temporal y funcionar como lanzadera.
“Mi oficina está totalmente dispuesta a llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, ICE o la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para permitir que se construya una instalación para el procesamiento, detención y coordinación de la mayor deportación de criminales violentos en la historia de la nación”, dice la misiva firmada por Buckingham. El rancho en cuestión, ubicado en una zona de alto flujo de migrantes cerca a la población de La Grulla, a unos 50 km al oeste de McAllen, fue comprada por el Estado de Texas a finales de octubre, y menos de 24 horas después se aprobó el comienzo de la construcción de un tramo del muro fronterizo estatal. Según la carta, la dueña anterior no había aprobado la construcción en su propiedad y hasta había rechazado la presencia de agentes o fuerzas del orden.
En una entrevista con Fox News, Buckingham dijo que estaba “100% a bordo con la promesa de la administración Trump de sacar a estos criminales de nuestro país” y que la oferta había surgido tras una lluvia de ideas con su equipo. “Pensamos, oye, la administración Trump probablemente necesita algunas instalaciones de deportación porque tenemos un montón de estos criminales violentos que tenemos que acorralar y sacar de nuestro país”, dijo, y añadió que el terreno es mayormente plano, “fácil para la construcción”, accesible a aeropuertos internacionales y cercano al Río Bravo. “Nos complace hacer la oferta y esperamos que nos la acepten”, agregó.
Actualmente, el rancho, que es un poco más grande que un Central Park y medio, es de uso agrícola y produce una variedad de productos, incluyendo cebollas, grano, maíz, algodón y soja, según el comunicado de prensa de GLO publicado después de su compra en octubre. El condado en el que está ubicado ya ha estado en las noticias en las últimas semanas. Es el más latino del país, con un 98% de población hispana, y en las pasadas elecciones votó por primera vez en 132 años por un presidente republicano. Con la última novedad, esta localidad del Rio Grande Valley, esa sección de la frontera en el sureste de Texas que se ha derechizado notablemente en los últimos ciclos electorales, busca convertirse en protagonista de la política migratoria del presidente electo Trump.
La promesa del republicano de llevar a cabo deportaciones masivas se topará muy seguramente con desafíos logísticos y legales, como los que torpedearon las medidas que persiguió en su primer mandato, en particular la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, en esta segunda presidencia hay muchas lecciones aprendidas sobre cómo sortear los obstáculos legales. Además, los nombramientos del gabinete relacionados con migración indican que los planes van en serio.
Trump ha seleccionado a Stephen Miller, arquitecto de la política fronteriza y de inmigración durante su primera etapa de en el poder, para que regrese como asesor principal. También ha nombrado a Tom Homan, antiguo director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para que sea su “zar de la frontera”, y a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. Además, esta semana ha asegurado que está preparado para declarar la emergencia nacional por la situación en la frontera, lo cual le permitiría saltarse cualquier recurso legal y utilizar a las fuerzas armadas en las labores migratorias que desee.
Varios Estados están preparados para echar una mano, y Texas es el primero en la lista. Además de esta última oferta, después de que Trump dejara el cargo en 2021, el gobernador Greg Abbott lanzó su propia operación de control fronterizo sin precedentes que incluyó la construcción de una base militar en Eagle Pass y el despliegue de miles de policías del Departamento de Seguridad Pública y tropas de la Guardia Nacional estatal en la frontera. Aunque hubo varios recursos que alegaban que el Estado estaba incursionando en políticas que son de competencia federal, el gobernador Abbott ha continuado con sus políticas y ahora, con un gobierno en Washington aliado, es posible que se expandan. De hecho, CNN informó el sábado que el “zar de la frontera” de Texas, Michael Banks, que trabaja como asesor especial de Abbott, ya está teniendo reuniones privadas con el equipo de Trump para las iniciativas migratorias que pretenden poner en marcha en cuanto tome el poder el próximo 20 de enero.
