La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ofreció 567 hectáreas de tierra en la frontera con México al gobierno del presidente electo, Donald Trump, para que construya campos de detención y deportación de migrantes.
En una carta enviada a la residencia de Mar-a-Lago, la funcionaria señaló que la Oficina General de Tierras de Texas “está totalmente preparada” para celebrar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para permitir la construcción de instalaciones destinadas al “procesamiento, detención y coordinación” de la deportación masiva de migrantes.
Las tierras se ubican a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, aproximadamente a 56 kilómetros de McAllen.
Buckingham detalló que las tierras fueron adquiridas el pasado 23 de octubre y en menos de 24 horas después se autorizó la construcción de la parte del muro fronterizo que corresponde al estado.
De acuerdo con el periodista estadounidense Matt Roy, el terreno se usa actualmente como granja de cultivo para la producción de cebollas, canola, sorgo, algodón, soya y maíz.
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Trump amenaza con deportación masiva de migrantes
Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero, una de las principales promesas de su campaña.
El magnate republicano de 78 años califica de “invasión” la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México.
Los acusa de envenenar “la sangre” e “infectar” Estados Unidos, de comer mascotas, de ser “asesinos” y “salvajes”, entre otros calificativos despectivos extremos.
Para “liberar”, según él, el país proyecta “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos” en cuanto asuma el cargo el 20 de enero.
“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.
El magnate respondió al mensaje con un “¡Es verdad!”.
En abril, Trump declaró que la guardia nacional, un cuerpo militar, “debería ser capaz” de hacerse cargo de las deportaciones. “Si no es así, utilizaría el ejército“, es decir, las tropas federales, declaró a Time.
La deportación de migrantes no es nada nuevo en Estados Unidos. La administración de Biden echó a más de cuatro millones, “combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes”, según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.
Pero el republicano tiene previsto llegar mucho más lejos y, aunque se desconocen los detalles de sus planes, ha dado pinceladas.
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El magnate ha prometido invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, sellar la frontera con México, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10 mil agentes.
Intentará resucitar el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera; prohibir las ciudades santuario, que los protege de la expulsión, y suprimirles “todos los beneficios federales y de asistencia social”.
Además quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.
Como consecuencia las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.
Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.
Un estudio publicado en octubre por la oenegé American Immigration Council evalúa el costo global en 88 mil millones de dólares por año, es decir, 967 mil 900 millones en más de una década.
Con información de AFP.
