El Estado de Texas avanza en su propósito de ayudar al Gobierno de Trump a cumplir su deseo de realizar la mayor deportación de la historia. El Senado del Estado republicano aprobó esta semana un proyecto de ley que obligará a los sheriffs de todos los condados con más de 100.000 habitantes a firmar acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El Proyecto de Ley Senatorial 8, presentado por los senadores estatales republicanos Joan Huffman y Charles Schwertner, se aprobó con una votación de 20 a 11 en la cámara alta, y tiene aún que pasar a la cámara baja estatal. De aprobarse, el proyecto también permitirá a la Fiscalía General del Estado demandar a un sheriff si cree que éste no está cumpliendo con la ley.
La colaboración con las autoridades locales y estatales es necesaria para que Trump lleve a cabo sus planes de expulsiones masivas, ya que los recursos de las fuerzas federales son limitados y no dan abasto para detener a los 13 millones de indocumentados que el republicano quiere sacar del país.
La Administración Trump ha instado a los Estados a que firmen acuerdos de colaboración con ICE, bajo el paraguas del programa 287g, que permite a las autoridades locales mantener en la cárcel a las personas indocumentadas que han sido detenidas por algún motivo ajeno a su estatus migratorio para ser transferidas a los agentes de inmigración.
Hasta el año pasado, dos eran las modalidades más usadas. El modelo de aplicación de la cárcel (JEM, en inglés) permite hacer interrogatorios a los detenidos para determinar su estatus migratorio. Para ello, los agentes reciben un curso de cuatro semanas. El modelo de oficial de servicio de orden (WSO) autoriza a los agentes a cumplir las órdenes del ICE, pero no les permite hacer interrogatorios. En este caso, la capacitación solo dura ocho horas.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, sin embargo, se ha impulsado el modelo de “grupo de trabajo”, en desuso hasta ahora, que permite a las fuerzas del orden locales actuar como agentes de inmigración durante sus actividades rutinarias. Con él, por ejemplo, un agente de tráfico puede realizar detenciones a quienes carecen de documentos.
ICE ha firmado 179 acuerdos de este tipo con agencias locales de 23 Estados, algunos en Texas y la mayoría en Florida. Desde que Trump tomó posesión, las alianzas totales entre ICE y las fuerzas locales y estatales se ha duplicado, y ahora dispone de 445 acuerdos 287g en todas sus modalidades.
Además de por las dudas sobre la idoneidad de dotar a personal poco preparado de las labores de agentes migratorios, los acuerdos con ICE han encontrado oposición en muchos condados por el elevado costo que supone implementarlos, restando recursos para otros menesteres.
El proyecto de ley de Texas crearía un fondo de 20 millones de dólares para subvencionar a los condados con menos de un millón de habitantes, pero dejaría al resto sin ayudas, lo que llevó a varios senadores demócratas a oponerse.
Texas, que está gobernado por uno de los más fieles aliados de Trump en su cruzada antiinmigración, Greg Abbott, se convertiría en uno de los que más colaboran con el Gobierno federal, como Florida. El gobernador del Estado del Sol, Ron DeSantis, firmó el 13 de febrero la ley antiinmigración más radical del país, que convierte en criminales a quienes entran en Florida sin papeles, y ha obligado a las fuerzas del orden locales a colaborar con las autoridades de inmigración.
Demanda contra Florida
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó el miércoles una demanda contra la legislación de DeSantis. “La SB 4C de Florida no solo es inconstitucional, sino también cruel y peligrosa”, declaró Bacardi Jackson, director ejecutivo de la ACLU de Florida. “Esta ley despoja de poder al gobierno federal y se lo otorga a funcionarios estatales sin capacitación ni autoridad en inmigración, amenazando con separar familias y detener a personas con todo el derecho legal de estar aquí. Nuestras comunidades merecen seguridad, dignidad y el debido proceso, no ataques con motivaciones políticas”.
La denuncia detalla cómo la SB 4C obliga a las fuerzas del orden estatales a tomar decisiones complejas en materia de inmigración federal, autoriza la detención de personas que no representan una amenaza y criminaliza a individuos a quienes el Gobierno federal puede posteriormente conceder asilo, visas o estatus permanente.
“Entre nuestros demandantes se encuentran una madre que solicita una visa como víctima de un delito, una madre de cuatro hijos que cuida a un niño con discapacidades y trabajadores agrícolas que viajan regularmente entre Florida y otros Estados para cosechar nuestros alimentos”, declaró Amy Godshall, abogada de ACLU de Florida. “Esta ley no solo viola la Constitución, sino que amenaza la seguridad y el bienestar de quienes han vivido en nuestras comunidades durante décadas”.
Y mientras Florida y Texas endurecen sus leyes contra la inmigración, Maryland plantea relajarlas. La Cámara de Delegados de Maryland estudia prohibir los acuerdos 287g que ya existen en el Estado y reemplazarlos por otra cooperación diferente con ICE. La propuesta obligaría a los funcionarios de las cárceles locales a informar a las autoridades de inmigración solo en los casos en los que los detenidos estén acusados de delitos graves y vayan a ser liberados. Los agentes de inmigración tendrían 48 horas para tomar la custodia. En la actualidad, siete condados de Maryland tienen firmados acuerdos con ICE. En tres de ellos, los funcionarios locales informan a la agencia de inmigración sobre sus detenidos, incluso antes de que se produzca un juicio. Si el Senado no sigue adelante con la propuesta, la cooperación continuaría.
