Poco antes de que se cumpla el primer año de presidencia de Daniel Noboa, la evidencia indica que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado durante el gobierno actual. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en una remisión en el que se detallan sus motivos de preocupación, en vísperas del examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que comienza hoy en Ginebra.
Frente al aumento de la violencia, el presidente ha optado por un enfoque de mano dura en cuanto a las políticas de seguridad, y ha calificado a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de “terroristas”, declarado la existencia de un “conflicto armado interno” y prorrogado constantemente estados de excepción en el marco del denominado Plan Fénix. Amnistía Internacional considera preocupantes las denuncias existentes sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en este contexto —como las miles de detenciones llevadas a cabo con escasa evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las prisiones, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas—, presuntamente perpetradas por las fuerzas armadas durante las operaciones de seguridad. Estas actividades se han realizado con opacidad, y las personas defensoras de los derechos humanos que han denunciado los abusos se han visto estigmatizadas por las autoridades de alto nivel, incluido el presidente.
“Las medidas excepcionales que restringen los derechos humanos han pasado de ser temporales a convertirse en la norma en Ecuador, y las repercusiones negativas son claras. La población de Ecuador merece vivir en condiciones de seguridad sin tener que renunciar a sus derechos”, ha declarado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La comunidad internacional tiene un papel fundamental en llamar a las autoridades ecuatorianas a actuar con transparencia y a rendir cuentas, y ha llegado el momento de que lo haga. Estados Unidos debe garantizar que la asistencia económica y técnica que brinda a Ecuador en materia de seguridad no se utilice para socavar los derechos humanos.”
Las medidas excepcionales que restringen los derechos humanos han pasado de ser temporales a convertirse en la norma en Ecuador, y las repercusiones negativas son claras. La población de Ecuador merece vivir en condiciones de seguridad sin tener que renunciar a sus derechos. La comunidad internacional tiene un papel fundamental en llamar a las autoridades ecuatorianas a actuar con transparencia y a rendir cuentas, y ha llegado el momento de que lo haga.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las políticas de seguridad actuales no se ajustan a las normas de derechos humanos
En enero de 2024, tras una serie de episodios violentos atribuidos a los grupos delictivos implicados en el narcotráfico en la ciudad de Guayaquil, Noboa declaró un estado de excepción y la existencia de un “conflicto armado interno.” En el marco de estas medidas, las fuerzas armadas asumieron el control de las prisiones en todo el país. Aunque el estado de excepción nacional terminó oficialmente en abril de 2024, el presidente ha seguido declarando estados de excepción con regularidad en varias provincias.
El carácter indefinido de los estados de excepción vulnera las normas internacionales de derechos humanos, que establecen que estas medidas deben ser excepcionales y temporales. El despliegue de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y en el control de las prisiones plantea riesgos para los derechos humanos porque el personal militar está entrenado para combatir al enemigo y no para proteger a la población civil.
Amnistía Internacional no ha llevado a cabo una evaluación para determinar la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional en Ecuador. Aun así, la organización considera preocupante la decisión de aplicar el derecho internacional humanitario, porque esta medida puede utilizarse para debilitar determinadas salvaguardias de derechos humanos. La organización recuerda a las autoridades que el derecho internacional de los derechos humanos sigue vigente incluso en las situaciones de conflicto armado, y los derechos humanos deben ser protegidos en todo momento.
Denuncias preocupantes de violaciones de derechos humanos
En el marco del Plan Fénix, la policía y el ejército efectuaron más de 120,000 operaciones conjuntas y detuvieron a 34,945 personas entre enero y junio de 2024, según la información que el presidente proporcionó en su informe a la nación del 24 de mayo de 2024. En su alocución, Noboa se refirió a las personas detenidas como “presuntos delincuentes”, lo que contraviene directamente la presunción de inocencia. Ante la oleada de detenciones en delito flagrante que ocurrieron de manera improvisada en la calle, la Defensoría Pública explicó a Amnistía Internacional que había tenido que aumentar el despliegue de funcionarios públicos en las provincias con mayor presencia militar para tratar de responder a la creciente demanda. La situación jurídica de quienes fueron arrestadas no está del todo clara.
En este contexto, hay miembros de la policía y el ejército que podrían haber intervenido en violaciones graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Según información procedente de solicitudes de información pública, la Fiscalía General del Estado registró denuncias de 12 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, 4 casos de posibles desapariciones forzadas y 95 casos de posibles torturas, entre enero y julio de 2024. En contraste, en 2023, esta instancia únicamente había registrado 5 casos de ejecuciones extrajudiciales durante todo el año.
Amnistía Internacional tuvo noticia de la posible ejecución extrajudicial de Carlos Javier Vega Ipanaque, de 19 años, que murió tras recibir disparos de soldados mientras viajaba en un automóvil con su primo en la ciudad de Guayaquil, el 2 de febrero de 2024. Según la información disponible, ninguno de los jóvenes estaba armado ni representaba una amenaza para el personal militar; sin embargo, las heridas de bala que sufrió la víctima estaban en zonas sumamente vitales del cuerpo. La organización también ha recibido información sobre la posible desaparición forzada de dos jóvenes, presuntamente cometida por las fuerzas armadas en la provincia de Los Ríos el 26 de agosto de 2024, en el contexto de una operación militar.
La militarización de la seguridad pública ha aumentado aún más los peligros y dificultades a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos. Durante una visita a Quito y Guayaquil realizada en junio de 2024, Amnistía Internacional se reunió con más de 20 organizaciones de derechos humanos y al menos 15 personas defensoras del medioambiente de las regiones de la Amazonía, la Sierra y la Costa de Ecuador. Todas denunciaron haber sufrido directamente algún tipo de incidente de seguridad durante el último año o conocer a un defensor o defensora de los derechos humanos que lo había sufrido. Quienes defienden los derechos humanos también han denunciado un aumento de los actos de estigmatización por parte de las autoridades de alto nivel. A lo largo de este año, Noboa ha estigmatizado repetidamente a las personas defensoras que trabajan por los derechos de las personas detenidas, calificándolos de “antipatrias.” Las organizaciones también han denunciado la renuencia de los altos cargos públicos a reunirse con ellas y el hecho de que cada vez les resulta más difícil acceder a la información pública, en concreto a los datos sobre los derechos humanos y los planes y políticas gubernamentales, como el Plan Fénix.
Deterioro de las condiciones carcelarias
La situación de las prisiones viene siendo motivo especial de preocupación desde que las fuerzas armadas entraran en ellas en enero de 2024. La mayoría de los casos de tortura y otros malos tratos se han registrado en estos centros. La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, junto con el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), publicó un informe a finales de abril de 2024 en el que se detallan más de 100 denuncias de tortura y otros malos tratos en las prisiones de Ecuador desde la declaración del estado de excepción.
Amnistía Internacional también ha recibido información preocupante sobre la falta de acceso de las personas privadas de la libertad a servicios básicos, como la alimentación, el agua y medicamentos, que el Estado tiene la obligación de proporcionar a quienes se encuentran bajo custodia. Durante una visita a Guayaquil realizada en junio de 2024, familiares de las personas privadas de su libertad contaron a la organización que las visitas y comunicaciones familiares habían sido suspendidas. Éstas se restablecieron en julio, gracias a la presión ejercida por organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, y las organizaciones de derechos humanos.
Un indicador del deterioro grave de las condiciones penitenciarias que ha tenido lugar este año es el número de alertas que la Defensoría del Pueblo ha enviado a la Fiscalía General del Estado en relación con el tratamiento de las personas privadas de su libertad. Hasta agosto se habían enviado 27 alertas, según los datos obtenidos por Amnistía Internacional mediante una solicitud de información pública. Esta cifra contrasta enormemente con el número total de alertas enviadas en 2023 (6) y 2022 (3). Además de estas alertas, la Defensoría del Pueblo ha denunciado al menos 24 muertes bajo custodia desde enero de 2024.
La entrada de las fuerzas armadas tampoco ha garantizado la seguridad del personal penitenciario. Según los medios de comunicación, este año han sido asesinados al menos tres directores de prisión: la directora de la Penitenciaría del Litoral —la mayor del país—, en la provincia de Guayas, y los directores de las prisiones de las provincias de Manabí y Sucumbíos.
El papel de la comunidad internacional
En este contexto, es fundamental que Ecuador garantice que sus políticas de seguridad se ajusten a las leyes y normas internacionales de derechos humanos. La comunidad internacional puede desempeñar un papel importante a la hora de pedir que las autoridades ecuatorianas actúen con transparencia y rindan cuentas. El 28 y 29 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU evaluará el desempeño de Ecuador en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones al gobierno de este país.
Estados Unidos también cumple un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos en Ecuador, teniendo en cuenta la ayuda financiera que proporciona a las fuerzas de seguridad y la cooperación que mantiene con ellas, especialmente en relación con el control de drogas y el cumplimiento de la ley. Hasta 2023, Ecuador había recibido de Estados Unidos más de 200 millones de dólares en concepto de fondos de cooperación, en su mayor parte destinados a fines de seguridad y defensa. En febrero de 2024, el presidente Noboa ratificó dos acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos por los que se establece un marco para que el personal militar estadounidense opere en Ecuador y se permite la realización de operaciones navales conjuntas para combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Además, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha admitido la participación de Ecuador en su iniciativa de derechos humanos. Teniendo en cuenta la amplitud de su implicación en las actividades ecuatorianas en materia de seguridad, las autoridades estadounidenses deben garantizar que toda ayuda económica y técnica que brinde a Ecuador se utilice de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación federal estadounidense.
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