By Marcela Rodrigues, Aarón Torres, Adrian Ashford, Talia Richman/DMN
Jan. 24, 2025
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Updated 5:43 a.m. CST
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Escuelas públicas, iglesias y hospitales ahora enfrentan la posibilidad de que oficiales de inmigración llamen a sus puertas luego de las instrucciones del presidente Donald Trump el lunes que permiten el ingreso de autoridades migratorias en o cerca de “zonas sensibles”.
A pesar de que los niños inmigrantes tienen derecho a asistir a las escuelas públicas, muchos en el Norte de Texas consideran que de ahora en adelante será riesgoso para las familias indocumentadas acudir a las escuelas.
En las redes sociales abundaban las especulaciones sobre dónde ocurrirían las redadas y si llevarían a la separación de familias.
Nadie sabe hasta qué punto los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) van a operar en esos espacios.
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Muchos defensores de los inmigrantes están tratando de dar orientación en base a las tácticas que han usado esas corporaciones anteriormente.
Los distritos escolares no tienen permitido recabar información sobre la situación migratoria de los estudiantes, lo cual hace imposible saber cuántos estudiantes son indocumentados en un determinado distrito.
En el DISD, aproximadamente la mitad de los alumnos está estudiando inglés como segundo idioma.
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En este momento las escuelas están viviendo mucha incertidumbre, dijo Michael Hinojosa, quien fue superintendente del DISD durante la primera administración Trump, cuando muchos temían también que se llevaran a cabo deportaciones masivas.
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Hinojosa espera que los directivos escolares ayuden a los padres a mantener la calma, hasta que, y a menos que, algo cambie.
“El lugar más seguro para los estudiantes es la escuela”, afirmó Hinojosa.
El objetivo de la administración es que “los criminales ya no puedan esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto”, dice una declaración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitida el martes.
“La administración Trump no atará las manos de nuestros valientes oficiales de la ley, y en cambio confiará en que hagan uso del sentido común”.
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Esa directriz está generando miedo y confusión entre las comunidades inmigrantes de Texas, dijo Cassie Stewart de Rio Valley Relief Project, una organización de Dallas dedicada a apoyar a los refugiados y personas que buscan asilo.
“Cada vez que hay niños o familias que están tratando de vivir su vida pero tienen miedo de ser separados o sorprendidos en un lugar que para ellos es sagrado o lugar de aprendizaje… eso va a incitar mucho más miedo”, dijo.
“La gente tiene muchas preguntas”.
Con el paso de los años, el distrito escolar de Dallas ha reunido recursos para las familias relativas a la inmigración y preparación para emergencias.
Antes del anuncio de Trump, la información fue destacada en la página principal del sitio web del distrito escolar.
“Los niños tienen el derecho constitucional a un acceso equitativo a la educación independientemente de su situación migratoria o la de sus padres”, dice.
“Nadie puede ser despojado de ese derecho”.
Funcionarios del distrito han hecho saber que en caso de que un padre de familia sea detenido durante el horario escolar, el personal del DISD cuidará a los niños hasta que un “adulto autorizado” pueda ir a recogerlos.
El sitio web contiene una cita a la superintendente Stephanie Elizalde, que ella repite con frecuencia para describir las escuelas públicas de Dallas: “Nosotros somos la Estatua de la Libertad, estamos orgullosos de acogerlos a todos”.
Los niños indocumentados pueden asistir a las escuelas públicas en base a una decisión de la Suprema Corte en 1982.
En Texas viven casi 900,000 niños ciudadanos estadounidenses hijos de por lo menos un padre o madre indocumentado, según datos de la Oficina del Censo para 2022 reunidos por American Immigration Council.
En Estados Unidos viven alrededor de 700,000 niños en edad escolar indocumentados, de acuerdo con Migration Policy Institute.
No existen precedentes de detenciones migratorias en escuelas o iglesias.
En 2021 la administración Biden dio instrucciones que restringían la acción de los agentes de inmigración en “zonas protegidas” porque ellas “juegan un papel social importante”, dijo Tom Jawetz, exabogado general adjunto del DHS.
“Es importante que las autoridades sean conscientes del impacto que sus acciones pueden tener en la capacidad de las personas para ir a esos lugares porque esa interferencia no solo afecta a esas personas sino al común de la sociedad”, dijo Jawetz.
Algunos líderes religiosos expresaron su preocupación de que sus bancos y casas de culto tengan poca asistencia esta semana.
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Andrés Larraza, diácono de la parroquia católica de St. Cecilia en Oak Cliff, dijo que la directriz equivale a una intrusión en los “espacios santuario”.
“Yo no corro ningún riesgo con ninguna de esas políticas, pero me afectarán porque la gente a la que sirvo va a sufrir”, dijo.
“La amenaza de que las familias sean dispersas y separadas pesa a todos”.
Las iglesias siempre han sido un lugar de refugio para los inmigrantes. Muchas del Norte de Texas ofrecen servicios legales gratuitos y otros recursos para los refugiados y personas que buscan asilo.
Es muy pronto para saber si la orden de esta semana hará que un gran número de familias opten por permanecer en sus casas.
Si las autoridades actúan sobre los niños, eso podría desatar un “clamor público”, advirtió Margie McHugh, directora de National Center on Immigrant Integration Policy.
“Si los niños no autorizados son perseguidos en las escuelas, eso ofenderá la conciencia de muchas personas”, dijo.
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