Por ELIZABETH DeORNELLAS
A medida que se acerca el Día de la Inauguración Presidencial, las continuas promesas de la entrante administración de Trump de ejecutar deportaciones masivas, han atraído renovada atención a cómo exactamente el gobierno local coopera con las autoridades federales con respecto a la ley de inmigración.
No existe una definición establecida de “condado santuario” o “ciudad santuario”, y esa falta de claridad puede dificultar que los residentes comprendan, y que los funcionarios locales se comuniquen claramente, sobre cómo cooperan con los funcionarios federales de inmigración.
Los funcionarios de los condados de Lehigh y Northampton dicen que ha circulado información engañosa e inexacta en línea y que periódicamente reciben consultas relacionadas con informes que consideran desinformación.
Tanto el condado de Lehigh como el de Northampton aparecen en un “Mapa Santuario” que el Centro de Estudios de Inmigración (CIS por sus siglas en inglés), desarrolló para mostrar los condados y ciudades que determina como jurisdicciones santuario, pero los funcionarios de ambos condados dicen que la designación es inexacta y que las autoridades del condado cooperan plenamente con todas las leyes estatales y federales, con respecto a la aplicación de la ley de inmigración.
El CIS, una organización de investigación no partidista y sin fines de lucro fundada en 1985 y con sede en Washington, se describe a sí misma como una organización que tiene una “visión pro-inmigrante y pro-baja inmigración que procura menos inmigrantes, pero busca darles una bienvenida más cálida a aquellos admitidos”. El centro de estudios ha abogado por políticas de inmigración restrictivas, incluyendo cambios sugeridos a la política de ciudadanía por derecho de nacimiento y el rechazo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA por sus siglas en inglés).
La logística de las deportaciones masivas sería compleja y potencialmente conllevaría mucho tiempo, en parte debido a la complicada relación entre las autoridades locales y el personal de Inmigración y Control de Aduanas.
¿Son Lehigh y Northampton “condados santuario”?
La respuesta es no, dijo Frank Kane, director del Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico del condado de Lehigh.
La postura oficial del condado se puede encontrar en lehighcounty.org/immigration, que establece: “El condado de Lehigh respeta la dignidad y la humanidad básica de cada persona dentro de nuestras fronteras, sin embargo, estamos en total desacuerdo con la posición de algunas entidades de que nuestras políticas nos convierten en un condado santuario. No albergamos a inmigrantes indocumentados, ni interferimos con ninguna agencia de aplicación de la ley, ni con sus esfuerzos por identificar y expulsar a personas que puedan estar aquí ilegalmente”.
La decisión de 2014 de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en el caso Galarza v. Szalczyk establece el estándar para la cooperación del condado de Lehigh con los funcionarios federales de inmigración. Ese caso, presentado originalmente en 2010, se refería a un arresto en 2008 en el que los agentes del ICE ordenaron la detención de Ernesto Galarza, creyendo erróneamente que el nativo de Nueva Jersey, de ascendencia puertorriqueña, era un inmigrante indocumentado de la República Dominicana.
Galarza estuvo detenido durante tres días en la cárcel del condado de Lehigh. En 2012, las autoridades federales, la policía local y la ciudad de Allentown llegaron a un acuerdo, pero el tribunal desestimó las demandas contra el condado de Lehigh. Tras la apelación, el fallo de 2014 determinó que las órdenes de detención del ICE son solicitudes y que las agencias locales, que no están obligadas a cumplirlas, pueden ser consideradas responsables de detención ilegal si se determina que la orden de detención es inconstitucional.
El condado llegó a un acuerdo con Galarza y Kane dijo que el caso reforzó a favor de los funcionarios del condado que las solicitudes de detención de ICE deben estar acompañadas de una orden judicial válida.
“No podemos simplemente poner a alguien en la cárcel por la palabra de otra persona”, dijo Kane. “Tiene que haber documentación”.
El condado de Northampton ha tenido experiencias similares con la ley de inmigración. En marzo de 2020, el ejecutivo del condado de Northampton, Lamont G. McClure, dio a conocer una orden ejecutiva planificada hacía un tiempo que prohibía al ICE realizar arrestos en el centro gubernamental, incluidos el juzgado y la cárcel, sin órdenes judiciales.
La orden también cubre cómo el condado debe cooperar con las autoridades federales de inmigración, lo que, según él, equilibra la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración con el derecho de un individuo al debido proceso.
McClure dijo que en 2020 el condado no tenía una política escrita sobre los arrestos de ICE en el juzgado y que había estado analizando la posibilidad de crear un documento. La detención de un residente indocumentado, que se encontraba en el tribunal por un arresto por conducir ebrio, provocó la necesidad de tomar medidas, dijo.
Al igual que Kane en Lehigh, McClure no está de acuerdo con que el Centro de Estudios de Inmigración incluya a Northampton como uno de los 10 condados de Pensilvania (y tres ciudades) designados como “santuario”. Dijo que el condado “cumple con todas las leyes federales y estatales aplicables en relación con los problemas que implica la presencia de personas indocumentadas”.
No existe una definición clara de lo que constituye un condado santuario, dijo McClure. “Hemos leído la descripción del Centro de Estudios de Inmigración y no creemos que, ni siquiera según sus términos, seamos un ‘condado santuario’, sea lo que sea eso”.
El CIS hace referencia a una resolución de la Junta de Comisionados del condado de Lehigh de 2014 relacionada con el caso Galarza y la orden ejecutiva del condado de Northampton de 2020 para designar a ambos condados como de “cooperación limitada”, mientras que los funcionarios del condado se refieren a esos casos como ejemplos de condados que siguen todas las leyes aplicables.
Al cierre de esta edición, el CIS no había respondido a una pregunta sobre esa discrepancia.
Cuando se le preguntó si los funcionarios han mantenido discusiones sobre los planes anunciados de la administración Trump para aumentar las deportaciones, y cómo el condado de Northampton podría o no cumplir o ayudar con esos planes, McClure dijo que el condado continuará siguiendo las leyes estatales y federales aplicables mientras navega por cualquier cambio en la política federal.
“No podemos proporcionar más detalles sobre planes y leyes que no están en vigor”, dijo.
¿Es Allentown una “ciudad santuario”?
Lo que complica aún más el debate sobre los santuarios es el término “Ciudad Acogedora” (Welcoming City), utilizado por la organización Welcoming America para reconocer a las jurisdicciones que cumplen con su Estándar de Acogedora.
La norma, que tiene varias partes, se centra en garantizar que todos los residentes, incluidos los inmigrantes, puedan participar plenamente en la vida cívica y la economía, acceder a la educación y a los servicios locales, participar en las instituciones comunitarias, dar información a los funcionarios gubernamentales y desarrollar relaciones de confianza con los servicios de seguridad locales, como las fuerzas del orden y los servicios de emergencias.
El Ayuntamiento de Allentown está considerando una ordenanza que exigiría a la ciudad alcanzar los estándares de “ciudad acogedora”. Una de sus disposiciones prohibiría a los empleados municipales, incluida la policía, ayudar a los funcionarios federales de inmigración con acciones de cumplimiento, entre otras destinadas a proteger y dar la bienvenida a los inmigrantes independientemente de su estatus legal. Es casi idéntica a una ordenanza que la ciudad de Lancaster aprobó en 2024.
Actualmente, Allentown no tiene leyes que dicten cómo, y si la policía de la ciudad debe coordinar con agentes federales de inmigración. Una búsqueda de la palabra “inmigración” en los estatutos de la ciudad no arrojó ningún resultado.
La concejal Ce-Ce Gerlach, una de las patrocinadoras del proyecto de ley, dijo que decidió presentar la ordenanza porque los miembros de las comunidades inmigrantes de la ciudad expresaron su temor a la promesa de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.
Varios defensores hablaron a favor de la ordenanza el pasado miércoles, donde se remitió a una reunión el próximo mes de febrero para su discusión y votación final.
“Creo que esta ley debe aprobarse para que los inmigrantes estén protegidos y se sientan confiados y vivan seguros en la ciudad”, dijo Elizabeth Polanco, residente de Allentown, que se identificó como ciudadana estadounidense e inmigrante de República Dominicana.
“Tengo experiencia en el cumplimiento de la ley y el hecho es que hay personas en este país que no deberían estar aquí y deberían ser expulsadas”, dijo el presidente del consejo, Daryl Hendricks.
“Si alguien está aquí en este país ilegalmente, no está sujeto a los mismos derechos que un ciudadano de los Estados Unidos y no está cubierto por la Constitución de los Estados Unidos”, añadió.
Gerlach dijo que la ordenanza no es una de “ciudad santuario”, porque las autoridades federales todavía pueden venir legalmente a un municipio y detener a personas en función de su estatus migratorio. Más bien, la ordenanza dicta que la ciudad no utilizará sus propios recursos para ayudar en tales medidas de control de inmigración, dijo Gerlach.
¿Cómo interactúan los fiscales del condado con la ley federal de inmigración?
Debido a que la ley de inmigración es federal, los fiscales del condado no suelen estar involucrados en la aplicación de estas leyes.
Existen algunas excepciones limitadas relacionadas con dos programas de visas: las visas U, diseñadas para proteger a las víctimas de un delito, y las visas T, diseñadas para proteger a las víctimas de la trata de personas.
Las visas U y T se aplican en circunstancias definidas para víctimas de un delito que están dispuestas a cooperar con las fuerzas locales del orden y ayudar a los fiscales. Las visas proporcionan un estatus migratorio temporal para una víctima (y miembros de la familia que califiquen), así como una autorización de trabajo. Los fiscales del condado certifican si una víctima de un delito califica o no para dichas visas, generalmente después de una solicitud del abogado de la víctima.
Las visas U y T son herramientas diseñadas para ayudar a las fuerzas del orden, pero a menudo se las malinterpreta como una ayuda para los inmigrantes, dijo el fiscal de distrito del condado de Lehigh, Gavin Holihan. En el pasado, a veces, las fuerzas del orden se negaban a certificar dichas visas, incluso para las víctimas de delitos que calificaban para estos programas, por la creencia de que al hacerlo habrían ayudado a la inmigración ilegal, agregó.
Esa percepción no está alineada con el propósito de las visas, dijo Holihan: “Están realmente diseñadas para ayudar a la aplicación de la ley para que los criminales violentos no puedan simplemente apuntar a comunidades con una gran cantidad de inmigrantes, con la esperanza de que los inmigrantes tengan miedo de cooperar con la policía, o de acercarse a agentes de la ley por temor a ser deportados”.
Puede encontrar más información sobre las visas U aquí: https://immigrantjustice.org/es/know-your-rights/conozca-sus-derechos-el-nuevo-proceso-bona-fide
Puede encontrar más información sobre las visas T aquí: https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/victimas-de-trata-de-personas-estatus-t-de-no-inmigrante
Las fuerzas de seguridad del condado y del estado son independientes de las fuerzas de seguridad federales, dijo Holihan. Donde los sistemas sí interactúan entre ellos es después de que se arresta a una persona: mientras es procesada, sus huellas dactilares se pasan por bases de datos nacionales.
“Si hubiera una orden judicial emitida por una autoridad federal, incluido el Departamento de Seguridad Nacional o inmigración, esa orden aparecería cuando fueran procesados en nuestro Centro de Registro Central y los retendríamos de conformidad con esa orden”, dijo Holihan
No existe una verdadera definición legal de una “jurisdicción santuario”, dijo Holihan, calificándola de “término inventado en el mundo político” y agregó que “bajo cualquier definición que la gente use, el condado de Lehigh no es una jurisdicción santuario. Y ciertamente nuestra oficina no es una oficina santuario, o no condonamos la mentalidad de jurisdicción santuario. Y típicamente, lo que hace una jurisdicción santuario es negarse a cooperar con el gobierno federal cuando se trata de personas que están detenidas y que también son buscadas por inmigración o el Departamento de Seguridad Nacional, y eso simplemente no es lo que hacemos en el condado de Lehigh”.
Puede comunicarse con la reportera del Morning Call Elizabeth DeOrnellas a través de edeornellas@mcall.com
Los periodistas del Morning Call Anthony Salamone y Lindsay Weber contribuyeron a este artículo.
