Donald Trump ha consolidado su ofensiva contra el colectivo LGTBIQ+. Nada más llegar al poder, el presidente de EE UU ha firmado una orden ejecutiva que solo reconoce la existencia de lo masculino y lo femenino, vetando la existencia de las personas trans ―uno de los colectivos que tanto el presidente como su vicepresidente, J.D. Vance, han atacado continuamente, sobre todo a las mujeres trans―. La comunidad científica, incluidas las principales asociaciones médicas estadounidenses, reconoce la existencia de identidades trans y no binarias, ajenas a los conceptos clásicos de masculino y femenino.
La orden ejecutiva de Trump (articulada bajo el epígrafe Defensa de las mujeres ante el extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el Gobierno federal) establece como política oficial de Estados Unidos el binarismo: “lo masculino y lo femenino”. “Estos sexos no son intercambiables y están fundamentados en una realidad fundamental e incontrovertible”, recoge el texto. También describe la autodeterminación de género como una “afirmación falsa” que debe ser eliminada de todas las políticas federales. “La ideología de género reemplaza la categoría biológica de sexo con un concepto cambiante de identidad de género autoevaluada”, se detalla.
La aplicación de la directiva obliga a las agencias federales a eliminar toda referencia a la identidad de género. Así, los pasaportes, los registros de la seguridad social u otros documentos de identificación oficiales deberán reflejar el sexo asignado al nacer. Además, las entidades beneficiarias de fondos públicos (desde escuelas a casas de acogida y entornos laborales) ya no estarán obligados a respetar la identidad de las personas trans. Una norma que evidencia su cara más cruda en prisiones y centros de detención, donde obliga a las mujeres trans a ser retenidas en módulos de hombres.
Desde la organización Lambda Legal, centrada en la defensa legal de personas LGTBIQ+, han condenado la orden ejecutiva de Trump, advirtiendo de “consecuencias devastadoras”, debido a, entre otras, la eliminación del acceso a la atención médica especializada, el debilitamiento de la protección en el ámbito laboral o el fomento de la discriminación y el acoso. La organización ha lanzado una campaña en contra de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo y afirma que va a explorar todas las vías legales para proteger a la población vulnerable.
Preocupación sobre el matrimonio
Además, Trump ha firmado la revocación de hasta 78 órdenes ejecutivas y acciones del Gobierno de Biden, entre las que se incluyen normativas y acuerdos para la protección de las personas LGTBIQ+, programas de diversidad e inclusión, o medidas climáticas. Entre las revocaciones más duras, se encuentra la Orden Ejecutiva 14075, firmada en junio de 2022 por Biden. Se trata de la directiva que amplió el acceso médico a las personas trans, además de prohibir las falsas terapias de conversión y establecer la obligación de crear entornos seguros para jóvenes del colectivo en centros educativos, hogares de acogida o refugios para personas sin hogar.
“Tras su jura como presidente, Donald Trump ha atacado de inmediato a la comunidad LGTBIQ+, y en particular a las personas trans”, ha denunciado el presidente del caucus de igualdad del Congreso estadounidense, Mark Takano, según recoge la publicación estadounidense The Advocate. “Donald Trump ha pasado su primer día de regreso al Despacho Oval buscando borrar a las personas trans, limitando los esfuerzos gubernamentales para protegerlas y atacando al colectivo en general”, ha agregado el político demócrata.
Otra de las mayores preocupaciones del colectivo con respecto al segundo mandato del republicano está relacionada con el matrimonio igualitario. Desde 2015, la unión de personas del mismo sexo es legal en Estados Unidos tras una sentencia del Tribunal Supremo (Obergefell v. Hodges), cuando la sala contaba con mayoría progresista.
En su primer mandato, Trump nombró a tres jueces para el Supremo, todos conservadores o ultraconservadores y cuyos cargos son vitalicios. Esa corte fue la que derogó la mítica sentencia de 1973 (Roe v. Wade) que daba cobertura legal al aborto en todo el territorio estadounidense. Igual que este derecho, el fallo que ampara a las parejas homosexuales puede ser revocado, bien por el presidente, bien por la propia sala ―dos jueces de la misma, Clarence Thomas y Samuel Alito, han mostrado su disposición para ello―.
Ante esa posibilidad, desde que ganó las elecciones los matrimonios entre personas del mismo sexo no han dejado de aumentar en los Estados de todo el país.
