En menos de un mes, la propuesta de Donald Trump de realizar la mayor deportación de la historia ha pasado de lema de campaña a una realidad inminente. Y está claro que el presidente electo pretende cumplir con su promesa por todos los medios necesarios. Ya ha recurrido a las amenazas arancelarias contra México y Canadá para forzarlos a frenar la inmigración irregular hacia Estados Unidos, y la intimidación no parará ahí. Porque para expulsar a 11 millones de personas, Trump tendrá que presionar a una larga lista de países para que reciban a sus ciudadanos de vuelta, o a personas de otras nacionalidades que no pueden volver a sus países. Para ello, ha prometido que recurrirá a la coacción; la pregunta está en el cómo. Una posible vía será la retención de todo tipo de visados para los países que se nieguen a cooperar.
El presidente electo y los miembros de su futuro Gobierno han ido detallando desde el 5 de noviembre las medidas que implementarán para llevar a cabo las deportaciones masivas. Han asegurado, por ejemplo, que Trump declarará una emergencia nacional, que usará a los militares, que construirá campos de detención en la frontera y que llevará a cabo redadas masivas en los lugares de trabajo. Sin embargo, han dejado una incógnita importante por resolver: cómo planean torcer los brazos de países del mundo para que acepten a personas deportadas.
“No podemos simplemente ponerlos en un avión”, reconocía recientemente en una entrevista Tom Homan, el futuro “zar de la frontera” del republicano, que estará a cargo de las expulsiones. “Hay un proceso que debemos seguir. Tienes que ponerte en contacto con el país, ellos tienen que aceptarlos y luego tienen que enviarte los documentos de viaje”, añadía, asegurando que sería un proceso largo. De partida hay varios países que no permiten deportaciones de Estados Unidos, entre ellos Cuba, Nicaragua y Venezuela. Otros países que el Gobierno estadounidense califica de “recalcitrantes” porque se rehúsan o no cooperan en los procesos de deportaciones incluyen a China, Rusia o la India, según la última actualización del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Y otras 17 naciones cooperan a veces o poco.
Más allá de los aranceles —una herramienta que ya utilizó con fines diplomáticos durante su primera presidencia y que ahora vuelve a utilizar—, el presidente electo tiene a su disposición otro instrumento con el que podría intentar obligar a cualquiera de esos países a aceptar a inmigrantes deportados de Estados Unidos: los visados. Su Gobierno puede condicionar la concesión de visas a ciertos países a que acepten a recibir a personas deportadas por Estados Unidos. Así lo establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y lo recoge el Proyecto 2025, la agenda conservadora de la cual Trump intentó distanciarse durante la campaña electoral.
Sin embargo, entre los nombramientos que Trump ha hecho para su segunda Administración hay varios que participaron en la elaboración del Proyecto 2025, que promueve políticas ultraconservadoras para transformar el Gobierno federal con el fin de, entre otras cosas, cambiar radicalmente el sistema de inmigración del país. En la redacción del documento —el cual no solo hace eco de las políticas migratorias del republicano, sino que detalla los mecanismos para llevarlas a cabo— participaron Homan y el próximo jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien estará encargado de supervisar las políticas de la nueva Administración, especialmente en lo que respecta a la inmigración.
En la guía ultraderechista que el presidente electo podría usar como hoja de ruta para su Administración, esté dispuesto a admitirlo o no, los autores recomiendan invocar la Ley de Inmigración y Nacionalidad dentro del contexto de las deportaciones masivas para aplastar cualquier resistencia de los países afectados. Con ese fin, el texto alude a la Sección 243(d) de la INA, la cual establece que cuando “el Gobierno de un país extranjero deniega o retrasa injustificadamente la aceptación de un ciudadano, súbdito, nacional o residente de ese país, el Secretario de Estado ordenará a los funcionarios consulares de ese país extranjero que dejen de conceder visados de inmigrante o de no inmigrante, o ambos, a los ciudadanos, súbditos, nacionales y residentes de ese país”.
Se trata de una sanción que permanecería vigente hasta que el país afectado acepte el regreso de todos sus nacionales pendientes de deportación y “se comprometa formalmente a aceptar en el futuro y de manera regular a sus nacionales”, se explica en el Proyecto 2025. “La aplicación a rajatabla de esta ley demostrará a la comunidad internacional una seriedad hasta ahora inexistente en cuanto a que otras naciones deben respetar las leyes de inmigración estadounidenses y colaborar con las autoridades federales para aceptar a los nacionales que regresen, o perderán el acceso a Estados Unidos”, rematan los autores.
De aplicarse esta ley, las consecuencias serían severas. Podría poner patas arriba todo el sistema de visados del país, que incluye más de 60 diferentes tipos de visas para inmigrantes y no inmigrantes. Entre los visados para inmigrantes figuran la IRI o CR1 para cónyuges de ciudadanos estadounidense. Y entre los de no inmigrantes están las H-2A y H-2B para trabajadores temporales, las F y M para estudiantes internacionales o la B1 para viajes de turismo.
En el año fiscal de 2024, que acabó el pasado mes de octubre, Estados Unidos expidió 11,5 millones de visas, una cifra récord. La cifra forma parte de una tendencia al alza que ya era evidente el año pasado, cuando se aprobaron 11 millones de visados, la gran mayoría de ellos —10.438.327— no inmigrantes, según cifras del Departamento de Estado. El total del 2023 supuso un incremento del 50% con respecto al año anterior.
A partir de las cifras del año pasado, los cinco países cuyos ciudadanos recibieron el mayor número de visados de no inmigrante eran México, la India, Brasil, Colombia y China. Dos de ellos —la India y China—no aceptan deportaciones de Estados Unidos.
