Tras una reciente columna sobre inmigración, en la que mencioné a un inmigrante sin estatus legal que pagaba impuestos, un lector me escribió para preguntarme: “La persona a la que se refiere en su artículo aparentemente no tiene número de la Seguridad Social. Si es así, ¿cómo podría pagar sus impuestos? El artículo parece afirmar que es contribuyente desde hace años. ¿Qué se me está escapando?”
El lector, que es un ciudadano naturalizado, pasaba por alto algo que a menudo asumo que es de conocimiento común, pero que en realidad no es ampliamente entendido.
Millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos pagan impuestos sobre la renta cada año, aportando miles de millones a las arcas federales, estatales y locales, a menudo a través del programa Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), que permite presentar declaraciones de impuestos a quienes no tienen número de la Seguridad Social. (Por supuesto, los inmigrantes — como todos los estadounidenses — también pagan impuestos sobre las ventas, la gasolina, etc.).
Este sistema ha sido durante mucho tiempo la prueba de que la inmigración y la recaudación de impuestos son dos mundos distintos, una separación que ha animado a los inmigrantes no autorizados a pagar impuestos y ha generado ingresos para el gobierno. Pero ahora, la integridad de este sistema está siendo amenazada.
En una violación escandalosa de la confianza pública, el Departamento de Seguridad Nacional ha presionado al Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus siglas en inglés) para que entregue las direcciones de unos 700.000 inmigrantes no autorizados que pretende deportar. Si el IRS obedece, destruirá la integridad de un sistema fiscal que se basa en el cumplimiento voluntario, con el riesgo de dañar a largo plazo la aplicación de las leyes fiscales y la confianza pública.
Los registros fiscales son sacrosantos: la ley garantiza que la información personal de los contribuyentes es estrictamente confidencial, con muy pocas excepciones. Si el IRS traiciona ese principio envía un mensaje escalofriante: declarar impuestos es una trampa.
“La gente tendrá demasiado miedo si se les pone en la posición de cumplir con sus obligaciones fiscales a riesgo de ser deportados”, me dijo en una entrevista Angela Divaris, abogada de una clínica legal para contribuyentes de bajos ingresos ofrecida por la organización Greater Boston Legal Services. “Cualquiera puede predecir que las devoluciones de impuestos van a disminuir”.
¿Y cómo llenan sus declaraciones de impuestos sobre la renta los inmigrantes que no pueden obtener un número de la Seguridad Social? Lo hacen solicitando un ITIN, un número únicamente para hacer trámites fiscales de nueve cifras que expide el IRS. Pero no todos los titulares de un ITIN son personas sin estatus migratorio legal. Algunos cónyuges y dependientes de ciudadanos estadounidenses, estudiantes extranjeros y otras personas que necesitan presentar declaraciones de impuestos pero carecen de SSN también los utilizan. En diciembre de 2022, había más de 5,8 millones de ITIN activos.
“El ITIN no es un permiso de trabajo. El ITIN no cambia tu estatus migratorio”, dijo Divaris. “Al IRS no le importa necesariamente si tienes permiso de trabajo. Les importa si trabajas”.
Es por ello que hasta algunos concesionarios de automóviles anuncian abiertamente opciones de financiación para titulares de un ITIN, me dijo Divaris.
A pesar de su limbo legal, los trabajadores inmigrantes sin autorización para estar aquí son una parte importante de la economía y contribuyen más de lo que muchos creen.
Sólo en 2020, los inmigrantes no autorizados pagaron aproximadamente 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, según los últimos datos disponibles del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP). Esto incluye 25.700 millones de dólares en impuestos de la Seguridad Social y 6.400 millones de dólares en impuestos de Medicare. En Massachusetts, pagaron 650 millones de dólares en impuestos estatales y locales.
El sistema fiscal estadounidense se basa en el cumplimiento voluntario, en la idea de que la gente presenta sus declaraciones y paga sus impuestos porque confía en que su información seguirá siendo privada. “Somos la envidia de otros países porque mucha gente entrega voluntariamente sus datos al IRS y paga los impuestos correspondientes”, explica Divaris. “La base del cumplimiento voluntario es que confías en que el sistema va a mantener tu información segura y privada. Pero todos perdemos si baja el cumplimiento, porque entonces bajan los ingresos recaudados”.
De hecho, según un nuevo análisis del ITEP, por cada disminución de 10 puntos porcentuales en el cumplimiento tributario entre la población inmigrante no autorizada, los ingresos fiscales se reducirían en 9.500 millones anuales. Es dinero que financia servicios públicos, escuelas, carreteras y programas sociales que benefician a todos, ciudadanos e inmigrantes por igual.
Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes ya han demandado a la administración de Trump para evitar que el IRS divulgue cualquier información de los contribuyentes para asistir en sus esfuerzos de deportación masiva. Pero el miedo ya se está extendiendo entre los inmigrantes que dependen de los ITIN para cumplir con las leyes fiscales.
Elizabeth, una inmigrante de la República Dominicana sin autorización legal, vive en Boston con sus tres hijos menores de 10 años. Quiere solicitar un ITIN para reclamar el crédito fiscal por hijos y familia de Massachusetts, que ascendería a unos 440 dólares por cada dependiente. Quiere utilizar los fondos para poner en marcha su pequeño negocio de pastelería.
Pero teme ser deportada. “No quisiera faltarle a mis hijos”, me dijo en una entrevista en español.
Aún así, Elizabeth me confirmó su intención de solicitar su ITIN a pesar del riesgo. “Estoy entre la espada y la pared, pero también quiero progresar”.
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