EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
Waldina Muñoz habla con metáforas que apelan a la madre naturaleza y a su vestido verde, mientras ventila sus reparos a las obras de mitigación que las autoridades levantaron luego de la avalancha que arrasó Mocoa. Hace ya siete años, la llamada ‘avenida fluvio torrencial’ por el desbordamiento de ríos y quebradas sepultó a más de 300 personas en la capital del Putumayo, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia. “Los seres humanos hemos sembrado cemento”, se lamenta parada sobre el borde del gigantesco muro inclinado que ahora desvía la quebrada La Taruca, lo que en Colombia se suele conocer como un jarillón. “¿Qué debíamos hacer nosotros como seres humanos? Reforestar”, explica al hacerse eco del extendido reclamo de que el cemento seca los ríos, por lo que la gente pedía un proceso de regeneración natural para evitar que se repita la recordada tragedia. Indígena Pasto de 47 años, es miembro de las Guardianas al Agua, un colectivo de lideresas ambientales, empoderadas, en el país más peligroso en el mundo para los defensores de la tierra.
A las causas ambientales les sobran mártires en Colombia, que alberga desde esta semana la cumbre mundial sobre biodiversidad bajo el lema “paz con la naturaleza”, la COP16 de Cali. De los 196 asesinatos de ambientalistas registrados en 2023 en todo el mundo, 79 ocurrieron en esta esquina de Sudamérica, de acuerdo con el más reciente informe de la oenegé Global Witness, una organización internacional que registra los asesinatos contra defensores de tierras y del medioambiente desde 2012. Siete de esos asesinatos ocurrieron en Putumayo, e incluyeron al líder indígena Phanor Guazaquillo, gobernador del cabildo nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo de Puerto Asís, baleado en diciembre. Aunque Colombia suele intercambiarse el deshonroso primer lugar de esa lista con México y Brasil, la cifra del año pasado rompió el récord para un solo país en un año. También es el que acumula más defensores asesinados desde que se llevan registros, con 461 en total.
La propia Waldina Muñoz se ha sentido amenazada muchas veces, pero nunca lo ha denunciado, relata sin amarguras. La fumigación de cultivos ilícitos con glifosato –que “también es un daño ambiental por parte del Gobierno”, apunta– la desplazó de su territorio con sus cinco guaguas (niños) a la zona urbana de Villagarzón, y tiempo después a uno de sus hijos le disparó un grupo armado que no supieron reconocer en un retén ilegal. Se debatió entre la vida y la muerte. “Atravesé un espacio de sequía superfuerte”, dice. Fue entonces cuando inició un proceso de formación como Guardiana del Agua –que incluye talleres sobre las herramientas que ofrece el Acuerdo de Escazú, que acabó su proceso de ratificación en Colombia apenas el mes pasado–. Es una iniciativa de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida de Putumayo, una red de 65 organizaciones de base para promover la defensa de los derechos humanos y el cuidado del ambiente con una perspectiva de género. La alianza tiene un acuerdo de colaboración con WWF, que invitó a este periódico a visitar varios de esos proyectos.
Muchas de esas lideresas siembran una semilla desde los conocimientos ancestrales. “Estamos trabajando como hormiguitas, en el alto, medio y bajo Putumayo”, un departamento que incluye el pie de monte que conecta Los Andes con la Amazonia, apunta Sandra Chasoy, indígena Inga, sobre sus diversos emprendimientos y luchas en favor de la tierra, que van desde ejercicios de pedagogía hasta reforestación o recolección de basuras. Además de proteger las fuentes hídricas de la deforestación, las Guardianas del Agua se oponen a las economías ilegales y los proyectos minero-energéticos. “Hay un sufrimiento grande, hay un dolor profundo, porque no todos los seres humanos escuchamos y entendemos el espíritu de la tierra, el espíritu del agua, cómo se está agotando”, señala.
Su trabajo se articula en condiciones muy adversas. Todas recuerdan el caso de Gloria Ocampo, una tejedora asesinada en 2018. El departamento es uno de los más golpeados por el narcotráfico y el conflicto armado de más de cincuenta años que Colombia busca dejar atrás. La herencia de la guerra todavía pesa. En el desordenado archipiélago de grupos armados que siguen activos después del acuerdo de paz sellado a finales de 2016, Putumayo es escenario de los feroces enfrentamientos entre dos facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC: el Frente Carolina Ramírez, parte del autodenominado Estado Mayor Central, y los Comandos de la Frontera, que mantienen una alianza con la Segunda Marquetalia.
Además, los cultivos de coca se mantienen en niveles récord. El país ha alcanzado cifras nunca antes vistas en el área dedicada al producto base de la cocaína, con más de 250.000 hectáreas en todo su territorio al cierre de 2023, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), la medición oficial. Cerca de 50.000 de esas hectáreas corresponden a Putumayo, donde la operación de empresas petroleras y mineras también ha detonado todo tipo de conflictos socioambientales.
Entre los muchos riesgos se cuentan el reclutamiento forzado y la esclavitud, además de la extendida violencia de género de la que siguen siendo víctimas, explica Anabela Mutis Vallejo, abogada de Tejedoras de Vida. Las lideresas ambientales son estigmatizadas como enemigas del desarrollo para desacreditarlas. “Cuando las mujeres tienen que trabajar en el territorio, ejerciendo liderazgos femeninos, se exponen mucho más”, enfatiza.
Los grupos criminales, el avance de grandes proyectos extractivos y la ineficacia de organismos estatales han convertido a América Latina en un escenario hostil para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus territorios. En esa larga batalla, los grupos étnicos son los grandes aliados de la biodiversidad, y como tal reclaman mayor protagonismo en la cita de Cali, en la que ya cuentan con una representación inédita. Las mujeres indígenas, afrodescendientes y de comunidades locales del mundo reciben menos del 1% del apoyo financiero internacional para enfrentar el cambio climático, apunta un análisis lanzado esta semana. El Gobierno de Gustavo Petro ha promovido ésta como la cumbre de la gente. Su ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que preside la COP16, ha presentado a las instancias de alto nivel la Declaración del Inírida, que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la gobernanza de la biodiversidad y del agua. Paz con la naturaleza no se puede quedar en un eslogan llamativo, reclama Waldina Muñoz. “Esperamos que no sea solo un lema, sino que tenga un impacto real”.
