La suspensión de la Central de Bombeo Paposo de Colbún, generó una ola de cuestionamientos a la llamada ley de “permisología”. Pues el interrumpido megaproyecto consideraba una inversión de US$1.4 millones, y no tiene fecha para ser retomado luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta decidiera mantener el término anticipado del procedimiento de evaluación. Además, el SEA rechazó el recurso de reposición que presentó la firma en agosto.
En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista e investigador de Fundación Sol, Santiago Rosselot, profundizó respecto al problema de fondo que devela la suspensión del proyecto: el crecimiento económico y la inversión, versus el cuidado del medio ambiente. “Es fundamental poder regular las inversiones extractivistas en el país”, destacó.
“Es importante mirar también los elementos que son un poco más estructurales, y en este caso poder analizar de manera crítica el concepto de inversión”, añadió Rosselot.
Ante la disyuntiva, este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que: “Uno no debería alegrarse de que un proyecto de inversión se caiga”.
“A lo que debería conducir nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental de permisos sectoriales, es que las inversiones se realicen cumpliendo con los estándares ambientales”, complementó el jefe de la billetera fiscal.
El economista de Fundación Sol concordó con el secretario de Estado, pero aseguró que “tampoco hay que alegrarse porque un proyecto de inversión se haga solo porque se haga”.
“Hay que mirar, entre otras cosas, todo el impacto de los proyectos sobre el medio ambiente, su impacto sobre las comunidades, y cómo se organiza la sociedad en esos territorios”, insistió el economista. Además, Rosselot mencionó las eventuales repercusiones en el empleo y la economía nacional.
“Quizás la caída de un proyecto de esta envergadura podría implicar una caída en la producción agregada del país. Pero no necesariamente esto va a implicar un empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora”, analizó el especialista.
Desde Colbun se pronunciaron nuevamente esta mañana en torno a la suspensión del megaproyecto. En conversación con Radio Infinita, el CEO de la compañía controlada por el grupo Matte, José Ignacio Escobar, recalcó que la iniciativa de la Central de Bombeo Paposo estará suspendida de manera indefinida y apuntó a la falta de certezas para la inversión.
“Por ahora, y hasta que no tengamos certeza respecto a los criterios de evaluación y en los plazos, es difícil tomar esa decisión. Hemos invertido una cantidad de tiempo. El proyecto inició sus líneas bases hace más de dos años, no tenemos ninguna fecha de cambiar esta decisión”, declaró Escobar.
“El tema de la obtención de permisos y reactivar la economía, y recuperar el empleo, es fundamental”, complementó el CEO de Colbún. Un caso cuyo telón de fondo se enmarca en la discusión en torno a la llamada “permisología”.
Ante los cuestionamientos que apuntan a que la competitividad de Chile en el continente ha disminuido debido a estas burocracias, Rosselot recalcó que “la competitividad de Chile no depende solamente de la permisología”. Para el economista, el país cuenta con un “ecosistema político que premia y beneficia al gran empresariado”.
“Hay una estructura tributaria que beneficia al empresariado, hay flexibilidad laboral y muchas condiciones que se omiten de cierta forma cuando se habla del impacto que puede tener la competitividad de Chile respecto de otros países”, afirmó Rosselot, quien entregó como ejemplos la Ley Minera o la Ley de Pesca, en las que, a su juicio, se vieron beneficiados “directamente empresas extractivistas”.
Si bien el economista expuso rotundamente que “es fundamental cuidar el medio ambiente en ese sentido de cara a los desafíos económicos”, también hay que “mirar un poco la política que está detrás”.
“La derecha critica al Gobierno en este caso y hay que tomar estas críticas de donde vienen. Estamos hablando de Colbún, que pertenece al Grupo Matte, uno de los grupos económicos más poderosos del país, donde claramente los intereses que se van a defender son del empresariado por sobre los intereses del medio ambiente o lo que puedan plantear las organizaciones medioambientales”, postuló Rosselot.
