Los niños que no hablen ruso no podrán acceder a la escuela en Rusia. Todos los partidos de la Duma Estatal, la Cámara baja del Parlamento ruso, han dado su visto bueno este miércoles al proyecto de ley que vetará la escolarización de los menores inmigrantes si estos no dominan el idioma. “Los profesores de las escuelas rusas no pueden enseñar ruso a los niños de otros países porque no conocen las lenguas nativas de todos los inmigrantes”, ha justificado durante la votación la jefa de la comisión parlamentaria sobre política migratoria, Irina Yarováya. “En lugar de resolver el problema sistémico de enseñar ruso a los inmigrantes, las autoridades se centran en sus consecuencias y privan a los niños del derecho a la educación”, critican los abogados de la asociación Migración y Derechos.
La medida se enmarca en una ola de creciente endurecimiento de determinados derechos civiles que está aplicando Moscú y que tiene en los migrantes a uno de los colectivos afectados. La Duma ratificará la ley la próxima semana, pero esta cuenta ya con el apoyo “absolutamente mayoritario” de los grupos parlamentarios, todos ellos satélites del Kremlin. “Si no conocen el idioma, aprendan el idioma, vengan con el conocimiento del idioma”, ha advertido el presidente de la Cámara baja, Viacheslav Volodin.
“Si una familia va a mudarse al país y va a enviar a sus hijos a la escuela, debe estar preparada para ello. Pero sugerimos comprobar primero si la familia se encuentra aquí conforme a la ley o son inmigrantes ilegales”, ha agregado Volodin, miembro del partido del presidente Vladímir Putin, Rusia Unida.
El Parlamento presionó estos meses para que el Kremlin diese luz verde a la ley. “Esto permitirá que los niños aprendan las características éticas y culturales básicas de nuestro país y también evitará el surgimiento de grupos étnicos agresivos entre los estudiantes”, dijo en septiembre la diputada Yana Lantratova al diario Izvestia.
El Ministerio de Educación ruso acabó por ceder a esa petición, aunque inicialmente propuso que los colegios tuviesen un cupo de hasta tres menores inmigrantes por aula que no dominasen el ruso. El departamento justificó la medida con que así “no aumentará la carga de trabajo de los profesores”. Sin embargo, la Duma ha ido más allá con un veto total a la escolarización de niños que no hablen el idioma.
La iniciativa ha sido promovida desde el año pasado por Valeri Fadéyev, asesor de Putin y presidente del Consejo presidencial ruso para el desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos (SPCH, en ruso). En una entrevista concedida a este periódico a finales del año pasado, el activista insistía en que no dominar el idioma supone un problema no solo para el menor inmigrante, “sino también para sus compañeros de clase y los profesores”.
Fadéyev aboga por endurecer las políticas migratorias al máximo. En otra entrevista concedida en primavera al diario oficial del parlamento, este asesor del presidente insistía en vetar también la llegada al país de los familiares de los extranjeros. “Tampoco es raro que en las familias de inmigrantes una mujer no sepa ruso, incluso en familias que ya han recibido la ciudadanía. Creo que esto es inaceptable”, agregó el máximo responsable del SPCH.
Las asociaciones defensoras de derechos humanos independientes critican la iniciativa por considerarla perjudicial para la integración y la educación de los menores.
“Es como si el médico dijera: no trataremos la otitis hasta que usted cure la secreción nasal en casa. Los funcionarios de la educación no deben limitar el número de niños extranjeros en la escuela, sino que deben crear un ecosistema y aprender a trabajar correctamente con los niños que necesitan apoyo para aprender el idioma”, opina Svetlana Gánnushkina, cofundadora del comité Ayuda Cívica y miembro de la ONG Memorial.
“Nuestros legisladores están comprometidos a luchar contra los problemas. Luchar, en lugar de resolverlos. El resultado de esta política será que vivirán en Rusia muchos jóvenes que no hablen ruso. Esto es lo que es realmente peligroso”, agrega Gánnushkina.
El veto a la escolarización de estos menores es una de las últimas medidas adoptadas por el Kremlin para endurecer su política migratoria. Este mismo mes, Putin firmó un decreto por el que los exámenes de ruso de academias privadas quedan prohibidos; se considera como circunstancia agravante la comisión de un delito siendo inmigrante ilegal; y no se puede ofrecer servicios a los extranjeros sin documentos a través de internet.
