El 1° de julio de 2023 entró en vigor la ley SB1718, con fuertes restricciones a la inmigración ilegal en Florida. Entre ellas se estableció que las personas que acudieran a los hospitales de Florida que aceptaran el programa Medicaid debían revelar su estatus migratorio. La norma la impulsó el gobernador republicano de ese estado, Ron DeSantis, y ahora se conocen los primeros impactos.
En el caso de la atención en los hospitales floridanos que reciben fondos del programa federal Medicaid, desde hace casi un año tienen la obligación de preguntar y también reportar el estado migratorio de los pacientes. El temor de los especialistas previo a la ejecución era que esta nueva consideración terminara por alejar a las personas y las dejara desprotegidas.
El programa estatal Medicaid se estableció en la década del 60 y se dirige a que aquellos que están en una situación económica que no les permite asumir algunos costos médicos. No tiene que ver con Medicare, que es similar, pero solo sirve para personas de más de 65 años con alguna discapacidad o condición médica específica.
El gasto de Medicaid en Florida cayó un 54% en lo que va del año y según algunos observadores esto podría ser consecuencia de la SB1718. The New york Post señala que, en el año fiscal anterior, antes de que entre en vigor la ley, el Estado del Sol invirtió más de US$148 millones en el programa para atender emergencias de los extranjeros; sin embargo, para el 3 de mayo se gastaron 67 millones.
Por su parte, la Administración de la Atención Médica (AHCA, por sus siglas en ingles) presentó el “Informe de situación migratoria del paciente hospitalizado”, que abarca desde el 1° de junio de 2023 hasta 31 de diciembre de ese mismo año. En el trabajo se incluye el número total de admisiones hospitalarias y visitas al departamento de emergencias reportadas en función del estado migratorio de un paciente en el segundo semestre del año pasado.
El documento se apoya en “la atención no compensada”, que es un gasto por servicio brindado, sin ningún ingreso en retribución. “Los hospitales deben llenar el vacío dejado por esta falta de pago debido a una combinación de ganancias reducidas, costos reducidos y mayores ingresos provenientes de los pagos de los clientes, las aseguradoras y el dinero de los contribuyentes para seguir siendo viables y continuar brindando servicios de salud”, indica la AHCA.
El informe evidencia que hubo en total unas 54.443 admisiones hospitalarias y visitas a la sala de emergencias de pacientes que no se encontraban legalmente en el país. “Se encontró que el costo total aproximado de la atención brindada a inmigrantes ilegales era superior a US$566 millones”, remarcaron los investigadores.
En cuestión de condados, los cinco hospitales que más gastaron durante el último semestre de 2023 se encontraban en:
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