Las alteraciones realizadas por Riopaila Castilla alteraron el equilibrio del ecosistema, generando impactos perjudiciales en la flora y fauna de la región.
El ingenio azucarero Riopaila Castilla fue multado con casi 10 mil millones de pesos por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) debido a graves daños ambientales ocasionados durante su operación el municipio de La Tebaida. Los daños incluyen la desecación de humedales y la afectación de la flora y fauna en la región.
El origen del problema
El objetivo era utilizar los terrenos para la siembra de caña de azúcar, pero las prácticas agrícolas implementadas resultaron devastadoras para el medio ambiente.
El impacto más severo fue la desecación de humedales y pantanos, debido a la construcción de canales de drenaje artificiales.
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Según la investigación de la CRQ, estos canales, separados por 100 metros y con profundidades de hasta 1.40 metros, redirigieron las aguas naturales, secando las llanuras, pequeñas lagunas y el sistema de humedales que alimentaban la microcuenca de la quebrada La Jaramilla, un afluente del río La Vieja.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) November 28, 2024
El informe técnico: un daño irreversible
El informe de la CRQ detalla que la construcción de los canales y la remoción de tierra alteraron la dinámica natural del ciclo hidrológico, afectando el flujo de agua y reduciendo la capacidad de los suelos para retener humedad.
Además, se registró una pérdida significativa de la vegetación característica del valle, lo que agravó el deterioro ambiental.
La entidad también concluyó que los cambios introducidos por Riopaila Castilla modificaron la funcionalidad del ecosistema, con consecuencias negativas para la flora y fauna local.
Aunque algunos sectores muestran signos de recuperación durante temporadas de lluvia, los canales vuelven a desecar la zona una vez terminan las precipitaciones.
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Las sanciones económicas
La CRQ impuso tres multas específicas a Riopaila Castilla, desglosadas de la siguiente manera:
1. $3.206 millones 682.190 pesos por alterar el flujo natural de las aguas y modificar los cauces de los ríos.
2. $2.788 millones 419.296 pesos por ignorar las disposiciones del gobierno del Quindío en materia de protección de humedales.
3. $3.891 millones 971.678 pesos por no realizar las intervenciones necesarias para recuperar la zona afectada.
Estas sanciones, que suman un total de $9.886 millones, buscan no solo castigar el daño ambiental, sino también generar un precedente para evitar la repetición de este tipo de prácticas destructivas en el futuro.
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