Por La Opinión
Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una demanda contra el fiscal general Merrick Garland mientras buscan grabaciones de audio de la entrevista del presidente Biden con el fiscal especial Robert Hur como parte de su investigación de juicio político.
La demanda del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington es la última escalada en la lucha por las cintas de audio de la entrevista de Hur con el presidente y el escritor fantasma de su libro, Mark Zwonitzer. Hur entrevistó a ambos hombres mientras investigaba el manejo de documentos clasificados por parte de Biden.
La investigación del Congreso comenzó con la publicación en febrero del informe del fiscal especial Robert Hur, que halló pruebas de que Biden, un demócrata, retuvo y compartió deliberadamente información altamente clasificada cuando era un ciudadano privado. Sin embargo, Hur concluyó que no se justificaban cargos penales.
Los republicanos, indignados por la decisión de Hur, emitieron una citación judicial para obtener el audio de sus entrevistas con Biden durante la primavera. Pero el Departamento de Justicia entregó solo algunos de los registros, y omitió el audio de la entrevista con el presidente.
En respuesta, el comité dijo que necesita las cintas de audio “porque ofrecen una perspectiva única e invaluable sobre información que no se puede capturar en una transcripción, como el tono vocal, el ritmo, las inflexiones, los matices verbales y otras idiosincrasias”, según la demanda. Los legisladores pidieron al tribunal que ordene al Departamento de Justicia que entregue el material.
Hur se negó a presentar cargos penales contra Biden por su manejo de material clasificado que conservó después de desempeñarse como vicepresidente, diciendo que la evidencia no establecía más allá de toda duda razonable que Biden violó la ley. El fiscal especial hizo una serie de observaciones sobre la memoria del presidente que enfurecieron a la Casa Blanca y proporcionaron munición política a los republicanos.
“Las grabaciones de audio son una mejor prueba que las transcripciones de lo que sucedió durante las entrevistas del fiscal especial con el presidente Biden y el señor Zwonitzer”, afirma la demanda. “Por ejemplo, contienen un contexto verbal y no verbal que falta en una transcripción simple. Ese contexto verbal y no verbal es muy importante en este caso porque el fiscal especial se basó en la forma en que el presidente Biden se presentó durante la entrevista —’como un hombre mayor, comprensivo y bien intencionado con mala memoria’— cuando finalmente recomendó que el presidente Biden no fuera procesado por retener y divulgar ilegalmente información clasificada”.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el departamento “está revisando la demanda y responderá ante el tribunal en el momento apropiado”.
El mes pasado , la Cámara de Representantes liderada por los republicanos votó para declarar a Garland en desacato al Congreso después de que la Casa Blanca hiciera valer el privilegio ejecutivo, impidiéndole entregar las grabaciones a los legisladores.
Pero el Departamento de Justicia se negó a aceptar la remisión por desacato, citando su política de larga data de no procesar a los funcionarios por negarse a entregar información citada citando el privilegio ejecutivo.
La demanda argumentó que “no hay base legal” para la negativa de Garland a entregar las cintas de audio.
“Garland violó, y continúa violando, su obligación legal al negarse a presentar al Comité las grabaciones de audio de las entrevistas del fiscal especial con el presidente Biden y Mark Zwonitzer cuando esas grabaciones no están cubiertas por el privilegio ejecutivo y, aun si lo estuvieran, el privilegio ejecutivo ha sido renunciado”, dice la demanda.
Los republicanos han argumentado que el presidente renunció al privilegio ejecutivo cuando el Departamento de Justicia publicó las transcripciones de las entrevistas.
Los republicanos de la Cámara de Representantes también están considerando otras vías para adquirir las cintas, incluida la de declarar a Garland en ” desacato inherente “, una herramienta que rara vez se utiliza en los tiempos modernos. Una votación de desacato inherente, que está siendo impulsada por la representante Anna Paulina Luna, podría dar como resultado que el fiscal general sea detenido, pero la mayoría de los observadores consideran que ese resultado es muy poco probable.
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