Austin — Los republicanos de la Legislatura de Texas han presentado decenas de proyectos de ley sobre inmigración, ciudadanía y seguridad fronteriza, aprovechando que es el tema que distingue al segundo mandato del presidente Donald Trump.
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Entre las ideas propuestas están crear el Departamento de Seguridad Nacional de Texas, exigir comprobante de ciudadanía a las personas que se registran para votar, eliminar el derecho de colegiatura de residente estatal para los estudiantes indocumentados, y requerir a todos los oficiales de policía locales verificar el status migratorio de las personas detenidas.
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Trump hizo campaña prometiendo la deportación masiva más grande en la historia del país.
Los legisladores republicanos de Texas apoyan las promesas de campaña de Trump sobre inmigración y quieren impulsar su agenda con muchos de esos proyectos de ley.
“Sin importar lo que haya que hacer día a día, semana tras semana, mes tras mes, estamos decididos a asegurar la frontera con el presidente Trump”, dijo el vicegobernador Dan Patrick en una entrevista con CBS News en enero.
Esa actitud de hacer lo que sea necesario resultó en por lo menos 65 proyectos de ley sobre inmigración que están siendo presentados en la Cámara de Representantes y el Senado.
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Algunos están concebidos para ayudar en la iniciativa de deportación masiva de Trump, incluyendo uno al que Patrick dio prioridad: requerir a los departamentos de sheriff más grandes de Texas firmar convenios con Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Otras propuestas son para consolidar el papel del estado en la aplicación de las leyes de inmigración.
Las operaciones ordenadas por Trump contra los inmigrantes en general han sido bien recibidas, a juzgar por las encuestas, y en Texas los republicanos continuarán proponiendo medidas más duras mientras no los afecten políticamente, señalan los expertos.
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“Políticamente, ser duro en inmigración nunca va a dejar de estar de moda para los republicanos”, dijo Brandon Rottinghaus, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Houston.
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“Van a seguir insistiendo en esto hasta que ya no sea viable políticamente”.
Un día después de la victoria de Trump, el gobernador Greg Abbott dijo que Texas podría reducir lo que gasta en la Operación Lone Star, la iniciativa de seguridad fronteriza del estado que hace uso de soldados de la Guardia Nacional de Texas y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para arrestar a los migrantes y acusarlos de invasión criminal de propiedad privada.
En años recientes, una buena parte de las acciones de Texas en seguridad fronteriza ha estado enfocada a financiar la Operación Lone Star, en la cual elementos de la Guardia Nacional de Texas y el DPS son desplegados en la frontera.
Los legisladores han estado asignando fondos continuamente a la operación de Abbott contra la inmigración desde que fue lanzada en marzo de 2021.
Su costo se ha disparado a $11,100 millones, y aunque Abbott insinuó que los legisladores podrían reducir lo que han gastado, pidió otros $6,500 millones en esta sesión legislativa.
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Andrew Mahaleris, vocero de Abbott, dijo que Texas defendió la frontera durante la administración Biden y que ahora tiene un socio en la Casa Blanca.
Texas continuará sus operaciones de seguridad fronteriza, ratificó.
“Aun antes de la Operación Lone Star, Texas tenía presencia en la frontera y asignaba recursos para seguridad fronteriza en cada sesión legislativa, y vamos a seguir trabajando para asegurar la frontera no solo en los siguientes cuatro años, sino en los próximos 40 años”, dijo Mahaleris en una declaración.
Los legisladores tienen que actuar ahora para garantizar una agresiva aplicación de las leyes migratorias, dijo Selene Rodríguez, quien trabaja para Texas Public Policy Foundation, un influyente laboratorio de ideas conservador con sede en Austin.
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“Tenemos que equiparnos y protegernos ahora para que en el futuro, cuando las cosas se vayan abajo otra vez, ya tengamos listo lo que necesitamos para defender a todos los texanos”, dijo.
El representante estatal demócrata Ramón Romero, demócrata por Fort Worth, presidente de la Bancada Legislativa Mexicoamericana, cree que la propuesta perjudicará a los texanos.
“Los líderes de Texas deberían estar protegiendo nuestra fuerza laboral y nuestra economía, no atacándola”, dijo Romero en una declaración.
“Deberíamos estar abocados a financiar la educación pública, el desarrollo de la fuerza laboral, la infraestructura y el comercio, no elevando los costos y la inflación a través de onerosos mandatos migratorios sin fondos con tal de ganar puntos políticos”.
La atención en la seguridad pública
Por lo menos 20 proyectos de ley en espera de acción legislativa abordan a grandes rasgos la seguridad pública dando más poder a las corporaciones de policía estatal y locales para hacer cumplir las leyes de inmigración, incrementan las penas para los migrantes condenados por delitos y o crean un nuevo organismo que se haga responsable de la seguridad fronteriza.
El senador Charles Schwertner, republicano por Georgetown, presentó el Proyecto de Ley 8 del Senado, el cual requiere a los sheriffs de los 43 condados que tienen un mínimo de 100,000 habitantes firmar acuerdos con ICE que den a los oficiales locales autoridad para hacer cumplir algunas leyes de inmigración.
“Al designar al Proyecto de Ley 8 como prioritario, estaremos dando un paso crítico para armar a nuestros oficiales locales con las herramientas que necesitan para identificar, detener y asistir en la deportación de extranjeros ilegales”, dijo Schwertner.
La SB8 permitiría a los oficiales locales asistir en las actividades de deportación masiva de la administración Trump, reforzando el limitado número de agentes federales disponibles para arrestar o detener a los migrantes indocumentados en el interior del país.
El representante David Spiller, republicano por Jacksboro, quien presentó una versión más amplia de la SB8 —Proyecto de Ley 2361 de la Cámara de Representantes—, dijo que la inmigración y la seguridad fronteriza son la máxima prioridad de los residentes de su distrito en el Norte de Texas, a pesar de que la frontera con México está a cientos de millas de distancia.
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Los migrantes indocumentados que tienen cargos o condenas penales en sus antecedentes pueden representar un peligro para la comunidad, dijo Spiller.
“Tenemos que hacer todo lo que podamos para combatirlo, hacer que Texas sea más seguro”, dijo. “Yo creo que por eso la iniciativa sigue ahí, y por eso estos proyectos de ley están siendo presentados”.
Spiller también presentó el Proyecto de Ley 2566 de la Cámara de Representantes, el cual permitiría a los oficiales de policía verificar el status migratorio de las personas detenidas si no traen los documentos indicados.
Si una persona no muestra documentos que demuestren que es ciudadana de Estados Unidos dentro de 48 horas, el oficial deberá tratar de verificar su status migratorio
Esa ley también requeriría a los oficiales de policía verificar el status migratorio de una persona si es arrestada o está en la cárcel.
“Tenemos que poder saber qué tipo de personas están siendo detenidas, arrestadas y procesadas o condenadas; tenemos que saber cuál es su situación migratoria”, dijo Spiller.
“Tenemos que saber porque podrían estar en una base de datos federal, y si ni siquiera nos molestamos en averiguarlo, podrían ser un peligro enorme”.
Algunos republicanos quieren consolidar la presencia del estado a lo largo de la frontera.
El Proyecto de Ley 36 del Senado, presentado por el senador Tan Parker, republicano por Flower Mound, establecería la División de Seguridad Nacional dentro del DPS.
Patrick le dio prioridad a esta iniciativa.
El director del DPS designaría al jefe de la división, y ésta sería responsable de planificar las operaciones de seguridad fronteriza, coordinar la planeación con otras corporaciones federales y estatales, y generar reportes de inteligencia
Comprobante de ciudadanía
Otra prioridad republicana es identificar a los no ciudadanos para impedir que reciban dinero de los contribuyentes para servicios sociales, se registren para votar o desempeñen un cargo público.
El senador Bryan Hughes, republicano por Mineola, presentó el Proyecto de Ley 309 del Senado, el cual requeriría un comprobante de ciudadanía para registrarse para votar.
En la Cámara de Representantes hay ocho propuestas republicanas para verificar la ciudadanía de las personas al intentar registrarse para votar o al intentar votar.
El Proyecto de Ley 304, del representante Ryan Guillen, republicano por Rio Grande City, haría indicar en la licencia de conducir o credencial de identificación expedida por el estado si la persona tiene derecho a votar.
Guillen dice que el objetivo es facilitar a los trabajadores electorales detectar a los no ciudadanos que intenten votar.
“Eso permitiría aclarar quién puede (votar) y quién no, y de esa manera estaría claro”, dijo Guillen. “No hay áreas grises”.
Cuatro propuestas de ley despojarían a los inmigrantes indocumentados del derecho de pagar colegiatura como residente estatal en los colegios y universidades de Texas.
Requerir a los inmigrantes indocumentados pagar colegiatura como foráneos ha sido el deseo de la facción más conservadora del Partido Republicano de Texas.
Texas no sería el primer estado en aprobar una ley así.
En febrero, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó varias iniciativas de ley sobre inmigración, una de las cuales despoja del beneficio de pagar colegiatura de residente del estado a los estudiantes indocumentados.
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