En las primeras horas de su segundo mandato, Donald Trump eliminó las protecciones que desde 2011 impedían que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaran operativos en escuelas e iglesias. Según ABC 7 Chicago, esta medida permitirá a las autoridades federales llevar a cabo redadas en lugares considerados “sensibles”, como parte de una estrategia nacional para intensificar las deportaciones.
El zar de la frontera, Tom Homan, confirmó en entrevistas recientes que las redadas comenzaron el martes y que Chicago, como ciudad santuario, es uno de los principales objetivos. “Le estamos diciendo al ICE que haga cumplir la ley sin disculparse. Primero se enfocará en amenazas a la seguridad pública, pero nadie está exento”, aseguró en Fox News.
Se estima que entre 100 y 200 agentes participarán en los operativos en Chicago. Estas acciones se alinean con el discurso de Trump, quien prometió intensificar las deportaciones y eliminar políticas que, según él, limitaban la acción de las fuerzas migratorias. “Estamos sacándolos del país rápido. No habrá más lugares para esconderse”, declaró.
La inclusión de escuelas y lugares de culto como objetivos de redadas generó una ola de indignación entre docentes, líderes religiosos y comunidades inmigrantes. Pedro Martínez, CEO de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), reafirmó en ABC 7 Chicago su compromiso con la seguridad de los estudiantes: “No compartiremos información con ICE, salvo en casos de orden judicial”.
Por su parte, el sindicato de maestros de Chicago (CTU) calificó la medida como un ataque directo a las familias migrantes. “Trump ha decidido usar nuestras escuelas como escenarios de su terror migratorio. Exigimos que las autoridades locales tomen medidas para proteger a nuestros estudiantes”, indicó el CTU en un comunicado.
En el ámbito religioso, líderes como la pastora Emma Lozano de la Lincoln United Methodist Church optaron por realizar servicios virtuales para proteger a sus feligreses, muchos de ellos indocumentados. “Es devastador que estas familias se vean obligadas a vivir con miedo constante”, expresó Lozano.
La comunidad inmigrante en Chicago se organiza para enfrentar las redadas. Organizaciones como The Resurrection Project y la Coalición de Illinois pro Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (Icirr, por sus siglas en inglés) han implementado redes de respuesta rápida, como Migra Watch, para monitorear las actividades de ICE en tiempo real. Artemio Arreola, de Icirr, explicó: “Estamos aquí para documentar y alertar a la comunidad. Nuestro objetivo es proteger a las familias y evitar el pánico innecesario”.
Además, talleres como “Conozca sus derechos” están en marcha en vecindarios como Pilsen y Little Village. Estas sesiones enseñan a los migrantes cómo actuar en caso de una redada, entre los que se incluyen el derecho a solicitar una orden judicial y guardar silencio. Beatriz Ponce de León, vicealcaldesa de inmigración, enfatizó: “Es crucial que todos conozcan sus derechos para protegerse ante estas situaciones”.
El temor a las redadas no solo afecta a las familias, sino también a los negocios locales. En Little Village, varios comercios reportaron una disminución drástica en el tráfico de clientes. José Luis Vásquez, propietario de una tienda de reparación de teléfonos, señaló: “La gente tiene miedo de salir de sus casas. Esto está paralizando la vida cotidiana”.
Por otro lado, la tensión entre las políticas federales y locales sigue en aumento. Mientras Chicago mantiene su estatus como ciudad santuario, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, reiteró que no cooperará con ICE. Sin embargo, admitió que las personas con antecedentes penales graves no están protegidas bajo estas políticas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) indicó que los migrantes tienen derechos constitucionales, independientemente de su estatus migratorio. Entre ellos destacan:
