La semana pasada, la administración Trump anunció que intensificará la aplicación de una disposición legal relativamente confusa que obliga a las y los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos a registrarse ante el gobierno.
Esta medida corre el riesgo de añadir otra capa de miedo y ansiedad en las comunidades de inmigrantes, donde las medidas de la administración Trump relacionadas con la inmigración ya han dejado a muchos con miedo de visitar lugares que antes eran seguros para atender necesidades esenciales como la salud y la educación.
Aquellos que no se registren podrían enfrentar multas o enjuiciamiento, lo que agrava las recientes medidas para criminalizar las infracciones de inmigración que no deberían tratarse como delitos. El mes pasado, el presidente Trump promulgó la Ley Laken Riley, que obliga a las autoridades a detener a las personas indocumentadas acusadas – pero no condenadas – de delitos leves. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo redadas de perfil alto en las principales ciudades, que han dado lugar a detenciones colaterales, incluso de ciudadanos estadounidenses.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que el objetivo del nuevo esfuerzo para el registro es empujar a los inmigrantes a autodeportarse. Sin embargo, la aplicación de un requisito de registro en realidad no cumple este objetivo. Por el contrario, amenaza con facilitar los planes de deportaciones masivas de la administración Trump, como han advertido otros grupos activistas. Las detenciones y redadas de ICE se han dirigido desproporcionadamente a las comunidades de color, como lo haría cualquier programa de deportación masiva.
No es la primera vez que el gobierno estadounidense aprovecha el registro para promover políticas de inmigración abusivas. En 2002, el presidente George W. Bush creó el programa Sistema de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad Nacional, que obligaba a las personas procedentes de 25 países, todos menos uno de mayoría musulmana, a registrarse ante el gobierno estadounidense. Este registro, que desde entonces se ha desmantelado, hizo que se registren más de 80.000 personas; más de 13.000 fueron finalmente sometidas a procedimientos de deportación.
La administración Trump no ha demostrado que la aplicación agresiva de los requisitos de registro sirva a ningún propósito gubernamental legítimo. Por el contrario, probablemente creará una mayor estigmatización y criminalización y facilitará las detenciones masivas. El Congreso debe tomar medidas urgentes para examinar y frenar estas nuevas medidas junto con el resto de la agenda de deportación de la administración Trump.
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