Se está formando un raro enfrentamiento entre la Junta de Supervisores del condado y la sheriff en relación con la prohibición de cooperación con las autoridades federales de inmigración en las cárceles, un choque que está surgiendo semanas antes de que el presidente electo Donald Trump asuma su segundo mandato y busque cumplir sus promesas de deportaciones masivas.
Hace una semana, la junta aprobó una resolución para prohibir a los oficiales de sheriff ayudar a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), incluso en lo que respecta a la transferencia de prisioneros inmigrantes. Pero la sheriff del condado, Kelly Martinez, inmediatamente declaró que no cumpliría con la resolución y que seguiría las leyes estatales, que todavía permiten algún nivel de cooperación.
Desde entonces, el conflicto ha crecido, con grupos de derechos de los inmigrantes enviando una carta enérgica instando a Martinez a reconsiderar su postura, mientras que la Oficina del Sheriff reiteró en un comunicado que no cambiaría su política. Ambos citan la ley estatal para respaldar sus posiciones.
Complicando aún más las cosas, la presidenta de la junta, Nora Vargas, quien presentó la política el 10 de diciembre, anunció inesperadamente el viernes que dejará su puesto de supervisora, por el que acaba de ser reelegida, debido a razones no especificadas de “seguridad personal”. No está claro si su partida afectará cómo avanzará la resolución en el nuevo año, y los correos electrónicos enviados a su oficina esta semana sobre el conflicto en torno a la política no fueron respondidos.
La Ley de Valores de California, o SB 54, firmada en 2017 por el entonces gobernador Jerry Brown, ya restringe la cooperación con las autoridades federales de inmigración, pero aún permite que las agencias locales notifiquen al gobierno federal las fechas de liberación y transfieran a individuos a ICE bajo ciertas circunstancias.
En 2023, 25 prisioneros fueron transferidos de las cárceles del condado de San Diego a la custodia de ICE, según un informe de la sheriff. Los prisioneros habían sido encarcelados localmente por condenas graves, que incluían asesinato, agresión con un arma mortal, DUI, posesión de drogas, robo y participación en una pandilla callejera.
Bajo la nueva política del condado, la Oficina del Sheriff y otras agencias del condado no podrían asistir en la transferencia de un prisionero a la custodia de inmigración sin una orden judicial o una orden de un tribunal. La política se centra únicamente en la aplicación de la ley de inmigración civil y no afecta a las investigaciones penales federales.
La resolución, aprobada por 3 votos a 1, instruyó al director administrativo del condado a hacer recomendaciones dentro de 180 días sobre cómo implementar más efectivamente la política. La medida fue aprobada con los tres votos de los supervisores demócratas, con el republicano Jim Desmond emitiendo el único voto en contra y Joel Anderson ausente.
Tanto antes como después de la votación, Martinez, quien es sheriff desde 2023, dejó claro que no seguiría la nueva política y que continuaría cumpliendo con las directrices de cooperación establecidas por la ley estatal.
El San Diego Immigrant Rights Consortium, una coalición de más de 40 organizaciones locales, instó a Martinez a reconsiderar en una carta del 12 de diciembre.
“Nos sentimos decepcionados por su declaración de que no seguirá (la política de la junta)”, lee la carta enviada por el presidente de la coalición, Ian Seruelo. “Esto desacata la voluntad de la comunidad y va en contra no solo de los valores de nuestro condado, sino también de la ley estatal misma”.
Lo que la coalición argumentó en la carta, que también fue enviada al Fiscal General del estado, Rob Bonta, es que no cumplir con la resolución sería una violación de la SB 54, que establece que “un funcionario de la ley tendrá discreción para cooperar con las autoridades de inmigración solo si hacerlo no viola ninguna ley federal, estatal o local, o política local”.
Pero la Oficina del Sheriff reafirmó su postura y defendió su política.
“La ley estatal actual logra el equilibrio adecuado entre limitar la cooperación de las fuerzas del orden locales con las autoridades de inmigración, garantizar la seguridad pública y construir la confianza comunitaria”, dijo la oficina en un comunicado.
Bajo la ley estatal, la Oficina del Sheriff puede compartir las fechas de liberación de las personas bajo su custodia si tienen condenas calificadas por ciertos delitos graves, violentos o sexuales, dijeron los funcionarios.
“Los oficiales de inmigración deciden si estarán presentes cuando la persona sea liberada de la custodia. La Oficina del Sheriff no coordina con ellos, ni retrasará la liberación de un individuo para acomodar a los oficiales de inmigración”.
La Oficina del Sheriff también invocó otra ley estatal que detalla la autoridad de un sheriff, insistiendo en que sus políticas son establecidas por el sheriff como funcionario elegido de manera independiente, no por la Junta de Supervisores.
“La ley de California prohíbe que la Junta de Supervisores interfiera con las funciones investigativas independientes, constitucionales y estatutarias del sheriff, y es clara en que el sheriff tiene la única y exclusiva autoridad para operar las cárceles del condado”, dice el comunicado.
El lenguaje se extrae de dos leyes diferentes: el Código de Gobierno 25303, que detalla el papel de la Junta de Supervisores, y el 26605, que otorga al sheriff autoridad sobre las cárceles.
La Oficina del Fiscal General de California dijo en un comunicado que espera “que todas las agencias locales de aplicación de la ley cumplan con la SB 54 y todas las leyes estatales y locales aplicables”.
Pero la oficina dijo que no podía proporcionar asesoramiento o análisis legal cuando se le preguntó sobre el conflicto.
“A la luz de las amenazas del presidente electo de detenciones masivas, arrestos y deportaciones, estamos monitoreando de cerca el cumplimiento”, dijo la agencia en otro comunicado. “Examinaremos los hechos de cada escenario a medida que surja, y responderemos apropiadamente si creemos que una agencia está violando la ley”.
La Oficina del Sheriff ha dicho que no planea emprender acciones legales contra el condado.
Para que Trump lleve a cabo sus deportaciones masivas, el gobierno federal ciertamente necesitaría la ayuda de las autoridades locales, en particular las cárceles, si el enfoque sigue siendo sobre los migrantes con antecedentes criminales.
La controvertida política del condado ha recibido oposición, incluyendo la de Tom Homan, elegido por Trump como “zar fronterizo”, quien dijo al New York Post que buscará frustrar la política.
Desmond, quien emitió el voto en oposición, ha criticado la decisión de la junta de convertir a San Diego en un “super-condado santuario”.
“Permanezco comprometido a oponerme a estas medidas extremas y a abogar por políticas que prioricen la seguridad de nuestras comunidades”, dijo.
Un portavoz de ICE dijo en un comunicado que la agencia federal valora la cooperación continua con otras agencias de la ley como “crucial para la misión de ICE de garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad del sistema de inmigración del país”.
“Algunas jurisdicciones han elegido limitar su cooperación con ICE en los últimos años. Esto ha tenido un impacto negativo en las operaciones de ICE, incluyendo la necesidad de que los oficiales de ICE hagan arrestos en ambientes menos seguros, lo que aumenta los riesgos de seguridad tanto para el público como para los oficiales. Desafortunadamente, estas políticas de no cooperación a menudo terminan protegiendo a criminales peligrosos que victimizan a las mismas comunidades”.
Mientras que algunos han expresado preocupaciones sobre lo que la política del condado podría significar en términos de seguridad pública, otros creen que mantener a las fuerzas del orden locales fuera de los asuntos de inmigración llevará a una mayor confianza entre las comunidades migrantes.
Otros condados de California han adoptado políticas similares. Vargas señaló en la carta de la junta que presentó la política antes de la votación que es similar a una adoptada por primera vez en Santa Clara en 2011 y actualizada más tarde en 2019.
“Nuestra política está destinada a mantener seguros a nuestros residentes y demostrar el enorme valor que los inmigrantes aportan a nuestra comunidad”, dijo la presidenta de la junta de Santa Clara, Susan Ellenberg, en una entrevista el viernes. “Y la política no es una reacción específicamente a una administración política, sino que refleja profundamente los valores de nuestro condado”.
El condado de Santa Clara y San Francisco ganaron una demanda en 2019 contra la amenaza de Trump durante su primer mandato de retener fondos federales de las ciudades y condados que no cooperaran con su plan de aplicación de inmigración. Sin embargo, los asesores de Trump continúan reiterando tales amenazas.
Original Story
The sheriff has firmly rebuffed the county’s latest immigration policy. Now what?
