El Gobierno de Alemania anunció este lunes su decisión de activar controles en todas sus fronteras terrestres con la intención de reducir la inmigración irregular y endurecer la política de gestión de peticiones de asilo, lo que implica mantener detenidos a los solicitantes mientras se decide si Alemania o cualquier otro Estado de la UE son competentes para decidir sobre sus demandas. La medida, hecha pública por la ministra del Interior, del socialdemócrata SPD, supone aplicar una excepción a la libre circulación establecida por el acuerdo de Schengen, que prevé la posibilidad de hacerlo cuando exista una seria amenaza para la seguridad interna. Actualmente, hay una decena de países que han activado excepciones, pero, por su centralidad y por la extensión a todas las fronteras, la decisión alemana tiene una trascendencia especial.
El anuncio se produjo después de la rotunda derrota de los partidos de la coalición de Gobierno —SPD, verdes y liberales— en las elecciones regionales en el este del país, celebradas poco después de un ataque terrorista por el cual se ha detenido a un ciudadano sirio solicitante de asilo y en las que la ultraderecha protagonizó un fortísimo auge. Llega, además, a pocos días de la celebración de otros comicios en Brandeburgo, también en el este. Se trata, a todas luces, de una medida de corte electoral cuyos beneficios prácticos son tan dudosos como sus fundamentos: pese a servir de coartada populista, el porcentaje de inmigración es escaso en el este de Alemania.
Poca duda hay en cambio acerca de las consecuencias negativas de esta decisión. Además del entorpecimiento a la libertad de movimiento y del enfado ya evidente de los países vecinos, una decisión de este tipo por parte de la principal potencia de la UE marca un precedente y debilita un aspecto tan importante para la integración europea como la libre circulación. No es probable que Schengen acabe revirtiéndose, pero sí que las excepciones a su aplicación se tornen norma.
Una consecuencia tanto o más preocupante es el riesgo de que la adopción de ciertas medidas por parte de partidos moderados legitimen el discurso xenófobo de las formaciones ultras y consoliden el marco mental que hace de los inmigrantes el chivo expiatorio de problemas que nada tienen que ver con ellos. Ni el electoralismo más demagógico justifica, por ejemplo, propuestas como la de suspender la concesión de asilo a pueblos enteros, tal y como propuso el líder de los democristianos alemanes para sirios y afganos.
Alemania no es, con todo, una excepción. En otros países, formaciones presuntamente nada populistas galopan hacia posiciones extremas en materia migratoria. Baste recordar que en Francia los macronistas aprobaron en diciembre pasado una ley tan dura que fue celebrada como un logro propio por Marine Le Pen. Por su parte, el Gobierno de coalición holandés, liderado por los ultras, anunció este viernes medidas draconianas que deberá detallar aún, pero que pasan por abandonar el consenso comunitario sobre asilo.
Los partidos moderados deben rechazar el discurso migratorio ultraderechista, que alimenta una falsa idea de emergencia e inseguridad alejada de la realidad. Su responsabilidad es contrarrestar las insidias con un discurso apoyado en datos, en el derecho internacional humanitario y en la pura evidencia de la riqueza, no solo material, que la inmigración supone para la Unión Europea.
