El tribunal dijo que, aunque se necesitaban más argumentos, los abogados de los migrantes probablemente tendrían éxito en sus alegaciones de que a los venezolanos se les había denegado el debido proceso.
Un tribunal federal de apelaciones de Washington mantuvo el miércoles, por el momento, el bloqueo del uso por parte del gobierno de Donald Trump de una ley invocada de manera inusual para tiempos de guerra para deportar sumariamente a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a una violenta banda.
En una votación de 2 a 1, un panel del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia dijo que era probable que los migrantes venezolanos tuvieran éxito en sus alegaciones de que el gobierno no puede utilizar la ley de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, para trasladarlos sumariamente a una prisión en El Salvador sin una audiencia.
“El plan de expulsión del gobierno niega a los demandantes siquiera un hilo del debido proceso, aunque el gobierno reconozca su derecho a la revisión judicial de su expulsión”, escribió la jueza Patricia A. Millett.
La decisión asestó un duro golpe a los esfuerzos del gobierno de Trump por impulsar su programa de migración mediante la ley de guerra, pero la orden subyacente expirará de todos modos dentro de unos días. Es probable que el juez James E. Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito de Washington, vuelva a pronunciarse sobre la conveniencia de dictar una orden judicial de mayor duración.
A mediados de marzo, Boasberg dictó una orden de restricción que prohibía al gobierno de Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar sumariamente a los venezolanos que, según él, pertenecen a la banda Tren de Aragua. Su orden no prohíbe al gobierno detener a esos hombres ni deportarlos tras las audiencias previstas en la ley de migración usual.
En una disputa relacionada, Boasberg también está intentando determinar si el Departamento de Justicia violó su orden judicial al completar el traslado de dos aviones que transportaban venezolanos que estaban de camino a El Salvador en el momento en que la emitió. El gobierno ha alegado que no violó su orden porque los aviones ya estaban fuera del espacio aéreo estadounidense cuando la dictó.
Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles, quien representa a los migrantes venezolanos, elogió al tribunal de apelaciones por mantener la orden de restricción, que por ahora impedirá nuevos traslados de este tipo.
“El tribunal ha reconocido adecuadamente la gravedad de los problemas y la necesidad de continuar los procedimientos antes de que más personas sean enviadas a una tristemente célebre prisión salvadoreña, quizá para el resto de sus vidas”, dijo.
El caso ha surgido en los últimos días como un punto álgido sobre el uso por parte del gobierno de Trump de una ley de 227 años de antigüedad que solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante periodos de guerra declarada, para llevar a cabo su programa de deportaciones masivas en tiempos de paz.
Los funcionarios del gobierno han puesto trabas repetidamente a los intentos de Boasberg de obtener más información sobre los dos aviones que continuaron hacia El Salvador. El presidente Trump y sus aliados también han expresado su indignación ante la orden de Boasberg, calificándola de intromisión ilegítima en las competencias del poder ejecutivo en materia de seguridad nacional. Trump ha pedido su destitución.
Sin embargo, el fallo del panel de apelación ignoró en gran medida tales aspectos del enfrentamiento, centrándose en la cuestión más estrecha de si la orden de restricción era legítima.
La jueza Karen L. Henderson, nombrada por el presidente George H. W. Bush, dijo que en esta fase inicial parecía improbable que la Ley de Enemigos Extranjeros pudiera aplicarse del modo en que el gobierno de Trump estaba intentando utilizarla. También rechazó el alegato del gobierno de que el asunto excede de las competencias del poder judicial porque afecta a las relaciones exteriores.
“La materia sensible por sí misma no oculta una ley a la observación judicial”, escribió, y añadió: “De hecho, anteriormente ya hemos considerado el tipo de cuestión preciso que el gobierno sostiene que no podemos”.
La jueza Millett, nombrada por el presidente Barack Obama, coincidió con Henderson, pero escribió por separado. Su opinión se centró más en los derechos procesales de las personas acusadas por funcionarios del gobierno de Trump de pertenecer al Tren de Aragua, que la Casa Blanca designó recientemente organización terrorista.
La opinión de Millett también decía que el gobierno no se vería perjudicado por una breve pausa en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros mientras Boasberg evaluaba más a fondo los hechos y la ley.
“El tribunal de distrito ha tratado este asunto con gran celeridad y circunspección, y sus órdenes no hacen más que congelar el statu quo hasta que puedan abordarse cuestiones jurídicas de peso y sin precedentes”, escribió.
El tercer juez del panel, Justin Walker, nombrado por Trump, disintió. En su opinión, el caso no debería haberse presentado en Washington, sino en Texas, donde están recluidos los cinco migrantes venezolanos que presentaron la demanda inicial. Walker también dio mayor credibilidad a la afirmación del gobierno de Trump de que la orden original de Boasberg podría perjudicar las negociaciones diplomáticas sobre un asunto de seguridad nacional.
“El tribunal de distrito aquí en Washington, D. C. —a más de 2300 kilómetros del centro de detención de El Valle en Raymondville, Texas— no es el tribunal adecuado para conocer de las reclamaciones de los demandantes”, escribió. “Es probable que el gobierno se enfrente a un daño irreparable para la diplomacia internacional en curso, altamente sensible, y las operaciones de seguridad nacional”.
La Ley de Enemigos Extranjeros, que se aprobó en 1798 cuando el recién fundado Estados Unidos temía una guerra con Francia, permite al poder ejecutivo expulsar a los ciudadanos de un país extranjero cuyo gobierno esté en guerra declarada con Estados Unidos, o esté invadiendo o realizando una “incursión predatoria” en territorio estadounidense. En su proclamación invocando el estatuto, Trump dijo que la banda Tren de Aragua cumplía los dos últimos criterios.
Pero Henderson puso en duda esa afirmación. Escribió que, por el momento, parecía que “invasión” o “incursión predatoria” significaba una forma de ataque u hostilidades, señalando que “la migración por sí sola no bastaba”. Aun así, advirtió que el gobierno tendría la oportunidad de argumentar que la banda se ajusta a los criterios de la ley.
Al dictar su orden, Trump también afirmó que los miembros del Tren de Aragua no habían abandonado Venezuela por voluntad propia, sino que actuaban bajo la dirección clandestina del gobierno venezolano porque su líder autocrático, Nicolás Maduro, quiere desestabilizar Estados Unidos.
El mes pasado, sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses difundieron una evaluación que llegaba a la conclusión contraria. En ella se concluía que la banda no estaba bajo el control del gobierno venezolano ni actuaba bajo su dirección, y que carecía de una organización centralizada de mando y control que le permitiera cumplir las órdenes que recibiera, en caso de que existieran, según dijeron las autoridades.
Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times y se enfoca en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más de Alan Feuer
Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica. Más de Charlie Savage
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