Legisladores de la cámara de representantes y el senado en Carolina del Norte han aprobado HB10, que pasará a ser ley en el estado. Entrará en vigor el 1 de diciembre.
Esta ley obligará a todos los sheriffs, o alguaciles, en Carolina del Norte a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro de las cárceles, que son supervisadas por los sheriffs de los condados.
HB10 ha generado mucha controversia desde hace mucho tiempo. Ha sido nominado ‘antiinmigrante’ y protestado por varias organizaciones y líderes comunitarios que representan a la comunidad latina inmigrante de Carolina del Norte.
Esta ley se llevó a cabo porque la mayoría de los legisladores votaron a favor de anular el veto del gobernador demócrata Roy Cooper debido a la mayoría republicana en la Asamblea General.
WUNC investigó el texto de esta legislación y entrevistó a abogados de inmigración para preparar una lista de preguntas clave sobre esta ley. Esto se realizó con fines de aclarar información para el público hispanohablante y aclarar dudas.
¿Es nueva la cooperación de los sheriffs de Carolina del Norte con la policía migratoria?
No. La gran mayoría de los sheriffs de los 100 condados del estado ya cooperan voluntariamente con oficiales de ICE.
Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, como las agencias de sheriff que supervisan las cárceles de los condados, pueden ayudar a ICE a realizar la aplicación de las leyes de inmigración a través de lo que llaman detenciones (detainers en inglés) o retención de inmigración.
Estas detenciones son definidas por ICE como solicitudes formales a administradores de cárceles para que “notifiquen a ICE antes de que una persona removible sea liberada de la custodia y mantendrá la custodia de la persona sin estatus legal durante un breve período de tiempo para que ICE pueda tomar la custodia de esa persona.” Ese periodo puede ser de hasta 48 horas.
Las detenciones están destinadas a inmigrantes que hayan cometido delitos en los EE.UU., según ICE.
¿Qué cambia ahora?
La ley estatal actualmente ya exige que los sheriffs determinen el estatus migratorio de las personas arrestadas por delitos graves o cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, y que notifiquen a ICE si no pueden determinar su estatus.
Sin embargo, no ha existido una ley que los obligue a que obedezcan las órdenes de retención de ICE. Por ejemplo, los sheriffs de los condados de Wake, Durham, Orange, Mecklenburg y Guilford se han negado a hacerlo.
Los sheriffs solamente tienen el mandato de responder a solicitudes de ICE si vienen con una orden firmada por un juez y no suelen tenerlas, según las agencias de policiales y expertos que hablaron con WUNC.
Condados como Wake y Mecklenburg previamente colaboraron voluntariamente con ICE a través del acuerdo 287(g), un programa opcional que facilitó la comunicación entre las cárceles y los agentes de inmigración sobre el estatus migratorio de los arrestados.
El programa resultó en la deportación de varios miles de inmigrantes en Carolina del Norte, tanto por cargos menores como graves.
Los sheriffs demócratas elegidos en 2018, inclueyendo el actual sheriff de Mecklenburg, Garry McFadden, y el ex sheriff del condado de Wake, Gerald Baker, cancelaron el programa.
¿Por qué se propuso esta ley?
Ha sido una prioridad del partido republicano aprobar un proyecto de ley de este tipo desde 2018 cuando se molestaron que hubo sheriffs demócratas que buscaron apoyar a la comunidad inmigrante y cancelaron la colaboración con ICE.
El representante Destin Hall, patrocinador principal del proyecto de ley y próximo presidente de la cámara de representantes, ha declarado que el propósito de HB10 es ir en contra de los sheriffs de los condados más poblados de Carolina del Norte que se han negado a responder a las solicitudes de detención.
La cantidad de detenciones de ICE emitidas en cárceles estadounidenses fue reducida por la administración del presidente Joe Biden, de acuerdo con datos de TRAC, una base de datos de inmigración.
¿Cómo funcionará esta ley?
El objetivo de esta ley es expulsar a los inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de delitos serios a través de reportarlos con ICE.
El proyecto de ley obligaría a todos los sheriffs del estado a mantener encarcelada a cualquier persona sospechosa con una orden de detención por hasta 48 horas adicionales para dar tiempo a que los agentes de ICE vengan y la detengan.
El estatus migratorio de cualquier inmigrante acusado de un delito grave o un delito menor grave debe verificarse con ICE si las cárceles no pueden confirmar su estatus legal.
¿Por cuáles delitos se puede contactar a ICE?
Estos cargos incluyen homicidios; delitos sexuales; secuestro; trata de personas; cargos de pandillas; agresión grave o un delito menor de clase A1, como abuso infantil; agresión sexual; delito menor de muerte por vehículo o asalto con arma mortal.
La otra parte de la ley es que se deben obedecer las órdenes de detención presentadas para cualquier persona detenida en la cárcel si es que ICE presenta dicha solicitud en su nombre, independientemente del tipo de delito.
Una consulta a ICE para verificar el estatus podría generar una orden de detención, pero no en todos los casos, dijeron expertos en inmigración a WUNC.
Si a un inmigrante se le emite una orden de detención, las autoridades reciben instrucciones de mantenerlo en la cárcel incluso si puede pagar la fianza o salir de la cárcel después de ver a un magistrado.
¿Serán impactados todos los inmigrantes?
No. La ley está destinada únicamente a inmigrantes sin estatus legal que son procesados a través de cárceles tras ser arrestados.
La ley implica que quienes corren mayor riesgo – o quizá el único riesgo – de ser detenidos por ICE son los inmigrantes indocumentados acusados de delitos violentos.
Según Adriel Orozco, asesor principal de políticas del American Immigration Council, estos factores pueden hacer que sea más probable que a un inmigrante se le emita una orden de detención: alguien que ya fue conocido por ICE debido a razones que incluyen tener una visa vencida, una orden de deportación antigua, una deportación previa o una orden para comparecer ante un tribunal de inmigración.
¿La ley afectará a los inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores o no violentos?
El texto de la ley no incluye delitos menores o delitos no violentos entre las razones por las cuales las autoridades deben comunicarse con ICE.
Sin embargo, los expertos en leyes de inmigración sostienen que los inmigrantes indocumentados acusados de delitos no violentos, como delitos menores de tráfico, todavía corren el riesgo de ser expulsados.
Beckie Moriello, abogada de inmigración con Raleigh Immigration Law, dice que dado que ICE puede emitir órdenes de detención por varias razones más allá de cargos criminales graves junto con el mandato de obedecer órdenes de retención, los inmigrantes indocumentados estan en mayor riesgo en condados que son “menos amigables con los inmigrantes”.
Además, Moriello dice que ha representado a clientes inmigrantes que alegaron tratamiento racista de policías y que fueron arrestados por cargos menores, como conducir sin licencia, en condados donde los alguaciles colaboraron con ICE.
Un factor importante es la reelección del presidente Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas de millones de inmigrantes indocumentados. Durante la primera presidencia de Trump se priorizó la deportación de inmigrantes por delitos menos graves.
Los recursos de la administración Biden para el control de la inmigración se han centrado en la frontera y no en el interior del país, según datos de ICE.
¿Estarán en riesgo de deportación los residentes con estatus legal bajo DACA y TPS?
Se desconoce hasta qué punto los inmigrantes con estos estatus que sean arrestados de delitos tendrán prioridad con ICE para su expulsión. Según expertos de leyes migratorias, se cree que depende del cargo y de lo que ICE considera un delito “deportable”.
Es importante señalar que tanto DACA como TPS son programas de amnistía que Trump ha buscado eliminar, lo que eliminaría el estatus legal de más de un millón de personas en Estados Unidos, incluidos miles en Carolina del Norte.
¿Por qué los defensores de la inmigración y algunos funcionarios se oponen a esta ley?
El HB10 se considera como una versión a nivel estatal del polémico programa 287(g), que fue criticado como “antiinmigrante” por facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos y mexicanos, por delitos no violentos, y por causar numerosos casos de perfil racial, según los activistas.
Este programa dañó la confianza entre los latinos en las autoridades locales, además de causar miedo. Algunos sheriffs y jefes de policía dijeron que había desanimado a los inmigrantes de colaborar con ellos en investigaciones criminales.
El 287(g) fue criticado en el pasado – igual como a HB10 hoy – por presuntamente transformar a la policía local y a los ayudantes del sheriff en agentes federales de inmigración, aunque eso puede ser una exageración.
Casi una decena de sheriffs firmaron una carta pública oponiéndose a HB10 cuando se propuso por primera vez. Los mandatorios colectivamente lo criticaron por darles “cargas administrativas sustanciales a nuestro personal penitenciario, así como a nuestro sistema judicial… sin compensación”.
¿Habrá impugnaciones legales contra esta ley?
El gobernador electo Josh Stein o el fiscal general entrante Jeff Jackson han indicado su oposición al componente de aplicación de la ley de inmigración del proyecto de ley. Sin embargo, no han comentado sobre involucrarse con alguna oposición legal al proyecto de ley.
Pero podrían haber desafíos constitucionales si los sheriffs retienen a las personas más allá del tiempo autorizado en HB10, señalan expertos legales.
La ley establece que un administrador de la cárcel sólo puede retener a la persona hasta 48 horas después de recibir la solicitud de detención si la persona es liberable de otro modo y las autoridades de ICE no se han presentado para recoger al acusado.
