Según un documento interno obtenido por The New York Times, la administración de Donald Trump le daría poderes especiales a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, en inglés) para deportar a migrantes beneficiados con el «parole humanitario» y la aplicación CBP One.
El documento, firmado por Benjamine C. Huffman, jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, otorgaría a ICE nuevos poderes para expulsar de manera expedita a migrantes utilizando procedimientos que antes solo se aplicaban en la frontera sur. Según cifras oficiales, el programa de parole llevó a Estados Unidos a más de 110 000 cubanos; la aplicación CBP One, por su parte, pudo facilitar el camino migratorio de más de 140 000 nacionales de la isla, según estimaciones.
De acuerdo con el Times, el presidente Trump utilizará todas las medidas a su alcance para frenar políticas migratorias que él considera que han sido «abusadas».
Un oficial de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional afirmó al medio en calidad de anonimato que el presidente electo creía que estos programas de Joe Biden, el mandatario saliente, eran ilegítimos y que todos los migrantes que permanecían en el país «ilegítimamente» debían ser deportados. Stephen Miller, funcionario de la actual administración y arquitecto de la política migratoria de Trump, dijo oponerse también a ambos programas. Tanto CBP One como el parole fueron cerrados el mismo día que Trump asumió el cargo.
El parole humanitario le permitía a los migrantes permanecer hasta dos años en suelo estadounidense. Según el memorando al que tuvo acceso el medio neoyorquino, al parecer ICE podría expulsar a las personas que incluso se encuentran dentro del período otorgado. Los cubanos, en particular, podían pedir la residencia permanente al término de un año bajo el amparo de la Ley de Ajuste Cubano.
Según el medio Café Fuerte, no está claro si el memorado podría afectar a unos 400 mil cubanos que están en el país con el documento I-220A, que es clasificado como un documento de libertad con supervisión, pero no un parole. La mayoría de estos casos aguarda por una fecha establecida para defender su petición de asilo ante un juez de inmigración.
El memorando también otorga a los funcionarios de ICE la autoridad para revocar el parole o el estatus legal temporal bajo el cual se encuentran la mayoría de los beneficiarios de ambos programas. En caso de que los migrantes ya se encuentren en un proceso de deportación formal, que suele prolongarse durante años, los agentes de ICE tienen la facultad de cerrar sus casos y transferirlos al programa de deportación acelerada. El documento sugiere que los funcionarios prioricen a los inmigrantes que han estado en el país por más de un año y no han solicitado asilo.
Después del 21 de enero de 2025, medios confirmaron más de 460 arrestos de migrantes en redadas. Las operaciones han tenido lugar, hasta ahora, en estados como Illinois, California, Nueva York o Florida, donde reside la mayoría de la comunidad cubana en EE.UU.
Hasta el momento, las redadas de ICE no son usuales en el sur de Florida. Sin embargo, el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, parece comprometido con la política migratoria de Trump.
En 2019, DeSantis firmó un proyecto de ley que prohibía en Florida las llamadas «ciudades santuario». Este término se refiere a ciudades, condados, municipalidades —o incluso Estados enteros—, que, por lo general, no acceden a las solicitudes de ICE para detener a inmigrantes indocumentados que los agentes locales arrestan por delitos menores o investigaciones, a menos que se trate de la investigación de un delito grave.
El 10 de enero de 2025, la Oficina del Sheriff del Condado Miami-Dade aseguró que, aunque sus oficiales no preguntarían por el estatus migratorio de los detenidos, apoyarán a las autoridades federales en operaciones que requieran deportaciones.
La posible deportación masiva no es la única mala noticia que han recibido los migrantes cubanos en los últimos días. El 23 de enero Martí Noticias informó que migrantes en proceso de reunificación familiar —un programa más antiguo y diferente al parole o CBP One— habían presentado problemas para abordar sus vuelos. A algunos beneficiarios de esta política se les impidió subir al avión y se les indicó que buscaran más información en la sede diplomática estadounidense en La Habana.
