Además de que el presidente electo, Donald Trump, recuperó el liderazgo republicano en Arizona, en las elecciones del 5 de noviembre de 2024, los ciudadanos en ese estado aprobaron con 1,887,806 votos (62.6%) contra 1,126,588 votos (37.4%) la Propuesta 314 (Medida de aplicación de la ley de inmigración y fronteras de Arizona).
La medida propone que la policía estatal y local tenga el poder de arrestar a inmigrantes indocumentados en Arizona, facultad que hasta ahora sólo era otorgada a las autoridades federales, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Border Patrol, en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).
También conocida como la Ley de Frontera Segura, la HCR 2060 (Propuesta 314), busca convertir en un delito estatal la entrada sin documentos a Arizona por cualquier lugar que no sea puerto de entrada, y permite los arrestos por autoridades locales, más allá de los puertos de entrada oficiales en la frontera sur.
Esta ley, impulsada por republicanos, argumenta que la aplicación de la ley migratoria ha sido débil, lo que ha creado una crisis de seguridad pública en Arizona, “causada por cárteles transnacionales involucrados en tráfico humano y contrabando de drogas en la frontera sur” (Sección 2, núm 1).
Este proyecto de ley fue introducido por el representante republicano Ben Toma ante la Cámara de Representantes el 14 de febrero de 2024. Ocho días después, la HCR 2060 fue aprobada en el pleno de la Casa de Representantes y pasó al Senado, que la aprobó en mayo último para aparecer en la boleta.
Sin embargo, la Propuesta 314 no se convertirá inmediatamente en ley, puesto está siendo impugnada por la organización Living United for Change in Arizona (LUCHA, por sus siglas en inglés). Además, esta propuesta está influenciada por la SB 4 de Texas, que está siendo discutida en los tribunales federales.
Los legisladores de Texas aprobaron en 2023 el Proyecto de Ley Senatorial 4, que permite a la policía de Texas arrestar a personas por cruzar sin documentos la frontera con México, pero los desafíos legales, como la demanda por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Texas, alega que el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva para hacer cumplir las leyes de inmigración, así como las organizaciones proinmigrantes han impedido que se implemente, mientras el litigio avanza en los tribunales federales.
Como la Propuesta 314 se basa en el Proyecto de Ley 4 del Senado de Texas, ambas son similares y se espera que la ley de Arizona pueda entrar en vigor una vez que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans determine si la ley de Texas viola la cláusula de supremacía de la Constitución.
Una ley similar a la SB 1070
El proyecto de ley 314 también se compara con una de las controvertidas leyes antiinmigrantes de Arizona, la SB 1070, conocida como “Muéstrame tus papeles” y que fue aprobada en 2010 y anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2012.
La ley permitía a la policía solicitar el estatus migratorio por la duda razonable de que una persona estuviera sin documentos en Arizona.
Durante el tiempo de la SB 1070, había retenes policiacos en las calles y era común que por el aspecto latino (color de piel e idioma) fueras cuestionado sobre tu estatus migratorio por las autoridades, para luego ser entregado a ICE, lo que puede volver a suceder con la nueva ley 314.
“La aprobación de la Propuesta 314 dividirá a las familias de Arizona y pondrá a vecinos unos contra otros. Después de la desastrosa ley SB 1070, todos creíamos que Arizona había aprendido la lección de no juzgar a sus ciudadanos basándose en su apariencia física”, dijo en un comunicado Reyna Montoya, directora ejecutiva de Aliento, una organización que apoya a familias indocumentadas.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en ingles) de Arizona se ha opuesto a la HB 2060 desde su introducción en la Legislatura del Estado de Arizona y se unió a organizaciones de derechos de los inmigrantes como para impugnar la Propuesta 314, asegurando que agotará las opciones para impedir la implementación de esta ley “inconstitucional” y “dañina”.
“La Proposición 314 no solucionará las fallas de nuestro sistema de inmigración, ni ‘asegurará la frontera’ en la forma en que lo han representado sus proponentes”, dijo Noah Schramm, estratega de política fronteriza de la ACLU de Arizona. “Lo que hará, si los tribunales alguna vez lo permiten, es separar a las familias, exacerbar la discriminación racial y aumentar la criminalización de los inmigrantes y las comunidades de color”.
La organización LUCHA, que afirma trabajar por la transformación racial, social y económica, demandó el 5 de junio de 2024, cuestionando la medida porque asegura que contiene diversos aspectos inconstitucionales.
“Nuestra impugnación fue en la Corte Suprema de Arizona y se enfoca en que una propuesta de ley o un referéndum en la boleta no puede tener múltiples cambios constitucionales”, dijo a Factchequeado Abril Gallardo, director de personal de LUCHA.
Entre otros cambios, en la boleta electoral no solo se votó por convertir en un delito estatal la migración, sino que también le otorga poder a los jueces estatales para emitir órdenes de deportación. La ley también requiere el uso del programa E-Verify para verificar la elegibilidad para algunos programas de beneficios públicos y empleo. Además, busca convertir en un delito el uso de documentos falsos para solicitar beneficios públicos.
Explicó que en inglés se conoce como “Single subject rule” y se refiere a una norma legislativa que exige que una ley trate únicamente sobre un solo tema. Esta regla se implementa para evitar que se introduzcan temas no relacionados en una sola legislación, lo que puede causar confusión y dificultar el proceso de toma de decisiones.
Incrementan sentencias por tráfico de fentanilo
De acuerdo a la proposición 314, sección 4, también se establece un cargo por delito grave (felony) y requisitos de sentencia aumentada por la venta de fentanilo si causa la muerte de otra persona. También, se clasifica la venta de fentanilo como un delito grave de Clase 2 y se incrementan las penalidades.
“Como usaron el tema del fentanilo, usan esta crisis que sí existe y estratégicamente lo juntan con la cuestión migratoria, buscando crear una narrativa de que el fentanilo es el resultado de la migración”, dijo Gallardo.
No obstante, un reciente estudio de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos realizado en el año fiscal 2023 encontró que el 86.4% de los individuos sentenciados por tráfico de fentanilo eran ciudadanos de los Estados Unidos.
Por su parte, la ACLU señaló que todas las enmiendas de la Proposición 314 no se pueden hacer cumplir de inmediato, pero varias partes de la ley entrarán en vigor después de la certificación estatal el 25 de noviembre de 2024, como el aumento de penalidades por tráfico de fentanilo.
Clasifica nuevos delitos a nivel estatal para cruces fronterizos no autorizados
La sección 5 de la HCR 2060 clasifica la entrada irregular como un delito menor (misdemeanor) clase 1, pero si la persona ya había sido previamente condenada por la misma acción, el delito se convierte en grave (felony) clase 6, lo que generalmente conlleva más tiempo de prisión (entre 4 meses y 2 años, aunque pueden llegar a 6 años) que un delito menor (máximo 6 meses de prisión).
Según la Propuesta 314, la inmigración sin documentos será un delito menor de clase uno en el caso de ser la primera infracción y un delito grave, de tratarse de infracciones posteriores. Además, otorga a los jueces estatales el poder de ordenar deportaciones, algo que hasta ahora no estaban facultados a hacer.
Los recursos económicos para implementar esta ley siguen siendo una cuestión relevante que aún no se define para la policía local y los alguaciles del condado, a quienes se les asignará una tarea que, hasta hace poco, había estado reservada a las dependencias federales. El jefe de policía de Yuma, Thomas Garrity, dijo a Arizona’s Family que si bien está de acuerdo en que la inmigración debe permanecer siendo ejecutada a nivel federal, están preparados para las obligaciones que implica la Proposición 314 a nivel local.
Concede autoridad a los jueces estatales para deportaciones
Con el argumento de agilizar los procesos de deportación, la Propuesta 314 plantea otorgar a los jueces estatales la capacidad de ordenar deportaciones, algo que actualmente recae exclusivamente en tribunales federales de inmigración.
En la sección 5, esta ley indica que un juez o magistrado estatal puede emitir una orden de retorno a una nación extranjera para una persona que es arrestada por entrada irregular. También establece que a la persona se le tomen huellas digitales, fotografías y medidas biométricas.
La ley establece que antes de que se emita la orden de retorno, la agencia que detenga al migrante debe recopilar los datos del detenido y cruzarlos con todas las bases de datos criminales locales, estatales y federales para identificar si la persona es una amenaza para la seguridad nacional.
El proyecto no deja claro cómo los jueces estatales pueden decidir sobre asuntos migratorios que tradicionalmente se definen a nivel federal. Como ya hemos informado en Factchequeado, las deportaciones son procesos complejos, que requieren coordinación entre agencias del gobierno estadounidense y cooperación de gobiernos de otros países (aunque esto último no siempre ocurre).
Leyes de inmigración a nivel estatal
Arizona es el estado que más recientemente legisla para dar a los funcionarios estatales la facultad de ejercer funciones hasta ahora federales en materia migratoria, después de que los republicanos lo propusieran y se aprobaran en Texas, Iowa y Oklahoma.
Los esfuerzos de estos tres estados han sido frenados por tribunales federales, pero otras disposiciones en la Ley 314, no dependen de otros estados, como que también se convierte en delito que las personas presenten documentación falsa en el intento de solicitar empleo o recibir beneficios de programas locales, estatales y federales, y estipula como requisito el uso del programa E-Verify por parte de los empleadores después de contratar a un trabajador. Si no lo hacen, incurren en un delito.
Los altos costos de la Ley 314
Los opositores a la Propuesta 314 argumentan que afectaría a la economía de Arizona, además de fomentar la discriminación racial de los latinos. Mientras, los defensores dicen que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detener a las personas que cruzan de forma no autorizada.
El Grand Canyon Institute (organización no partidista que desarrolla investigaciones sobre políticas económicas y sociales de Arizona) estima que la Propuesta 314 le costaría al estado 325 millones de dólares anualmente. Para el momento, no hay fondos designados para esta propuesta, lo que significa que Arizona tendrá que desviar recursos de programas esenciales para llevar a cabo su implementación.
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