El Senado de Carolina del Norte dio luz verde a la ley HB 10, una propuesta que busca imponer a los sheriffs de los 100 condados del estado la obligación de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La legislación recibió una gran cantidad de críticas por parte de organizaciones que la calificaron como “antiinmigrante”, ya que obligaría a los alguaciles a notificar a ICE cuando no puedan verificar el estatus migratorio de una persona detenida, sobre todo en casos relacionados con delitos graves.
El proyecto de ley generó una gran polémica. Defensores de los derechos humanos advirtieron que su implementación podría crear un ambiente de hostilidad y miedo entre las comunidades inmigrantes. De aprobarse en su totalidad, la HB 10 tendría implicaciones profundas para las políticas de inmigración locales, ya que además obliga a los alguaciles a retener a las personas en cárceles del condado hasta por hasta 48 horas, tiempo durante el cual ICE evaluará su posible deportación.
La normativa HB 10 tiene como objetivo que los alguaciles locales colaboren con ICE cuando detienen a personas que no logran demostrar su estatus migratorio. Así, el documento establece que, cuando una persona esté confinada por cualquier período en una cárcel, centro de confinamiento, cárcel satélite o unidad de liberación laboral de cualquiera de los 100 condados, las autoridades locales deberán investigar al prisionero con el objetivo de averiguar su condición de ciudadanía, siempre y cuando esta persona esté acusada de determinados delitos graves y menores de alta severidad.
Los administradores de estas cárceles deberán podrán investigar a las personas detenidas mediante el examen de documentos o la realización de entrevistas. Si finalmente se concluye que el detenido no es residente legal o ciudadano estadounidense, el Sheriff deberá notificar al ICE y, además, estará obligado a retenerlo por un máximo de 48 horas, para que el organismo federal pueda intervenir y tomar la custodia del prisionero.
La medida, que fue aprobada por el Senado este lunes 9 de septiembre, recibió 27 votos a favor y 17 en contra. Antes de convertirse en ley, deberá ser votada en la Cámara de Representantes y, en caso de ser aprobada, pasará al escritorio del gobernador Roy Cooper. A pesar de que el mandatario demócrata vetó versiones anteriores de esta legislación, el Partido Republicano cuenta con una amplia mayoría en el parlamento estatal este 2024, lo que podría facilitar la anulación de cualquier veto.
Esta versión de la HB 10 fue revisada luego de que una propuesta anterior fuera rechazada en mayo, debido a la oposición de algunos alguaciles. Los republicanos lograron alcanzar un acuerdo que permitió reactivar la propuesta en el Senado. En tanto, si ahora el proyecto es finalmente aprobado, la ley entraría en vigor el próximo 1 de diciembre de 2024.
La normativa generó el amplio repudio de distintas organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Antelmo Salazar, presidente de El Colectivo NC, calificó a la HB 10 como una amenaza para las familias inmigrantes y dijo que su aprobación podría tener consecuencias devastadoras para los más vulnerables. A su vez, Stefanía Arteaga, directora de Carolina Migrant Network, cuestionó también el impacto económico de la ley.
LA NACION
