Actualmente, la legislación estadounidense otorga a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos la ciudadanía de manera automática, pero la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia podría cambiar el panorama completamente.
En Estados Unidos, los inmigrantes ilegales están bajo la mirada de la administración entrante, que prometió avanzar con la deportación masiva más grande de la historia. En este punto, existen inmigrantes ilegales que poseen hijos nacidos en el país, quienes cuentan con ciudadanía y los mismos derechos que cualquier ciudadano, por lo que deportarlos comprendería separar a miles de familias.
Los inmigrantes ilegales que poseen hijos nacidos en Estados Unidos no reciben la ciudadanía, pero pueden intentar iniciar un trámite para permanecer legalmente en el país (tarjeta de residencia permanente, visa de trabajo, etc.) o volverse a su país de origen.
Para avanzar con las deportaciones, el presidente electo tiene dos alternativas, y planteó utilizar ambas. En primer lugar, aseguró que quitará la ciudadanía por derecho de nacimiento, pese a que es un principio consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución. De esta manera, terminaría con la ciudadanía para los nacidos en el país, y podría adoptar el sistema de la ciudadanía por sangre (ius sanguinis), que se aplica en la mayor parte del mundo.
La segunda opción que tiene el presidente entrante comprende la deportación de familias enteras, y su postura quedó clara en una entrevista reciente. “La única forma de no separar a las familias es mantenerlas juntas y enviar de regreso a todos“, declaró el pasado domingo 8 de diciembre.
¿Qué sucede con los inmigrantes ilegales en Estados Unidos?
De acuerdo a la información compartida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), si una persona permanece más de seis meses en el territorio estadounidense sin los documentos pertinentes, empieza a acumular presencia ilegal.
En ese sentido, una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) advierte que quienes acumulan presencia ilegal de menos de un año se enfrentan a un primer nivel de penalización, que incluye la prohibición de regresar al país en tres años. Si el período de presencia ilegal se extiende a un año, la sanción les impide ingresar durante 10 años.
En el caso de que la presencia ilegal supere los tres años e intente el reingreso, enfrentaría una prohibición más larga junto a un proceso de deportación.