Aunque difieren en su enfoque, algunos ven una convergencia entre los dos principales candidatos presidenciales en lo que se refiere a la política migratoria en la frontera, señalando con sorpresa que la vicepresidenta Harris ha presentado algunas de las propuestas más restrictivas en décadas por parte de un demócrata.
Este artículo se publicó originalmente en inglés el 23 de octubre. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.
A una semana de las elecciones presidenciales, el tema de inmigración ha dominado el ciclo de noticias y ha dado mucho de qué hablar, ya sea por las agendas gubernamentales, el racismo, la desinformación, la información engañosa, o las mentiras descaradas.
Los dos principales candidatos presidenciales, el expresidente Donald J. Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, se han referido al tema casi a diario. Y en ocasiones, han detallado sus planes sobre cómo abordarían la seguridad fronteriza, las políticas que afectan a la población inmigrante que se encuentra actualmente en el país y las que se espera que lleguen.
Ninguna de las dos campañas ha respondido a las preguntas de City Limits sobre sus planes en materia de inmigración, pero he aquí algunas de las cosas que han expuesto públicamente, y lo que los defensores y expertos opinan de sus planes.
‘Xenofobia y racismo’
De los dos candidatos, el nominado republicano, Trump, tiene el programa más fácil de resumir: sus dos promesas principales son deportar a los que ya están en el país sin documentación y “sellar la frontera” a los que se atrevan a venir.
Además, Trump ha dado un giro a la idea de que los Estados Unidos es “una nación de inmigrantes”, culpándoles de muchos de sus problemas actuales —inflación, falta de viviendas asequibles, aumento de los índices de delincuencia, bajos salarios, insuficientes fondos de ayuda para catástrofes e inestabilidad económica. También ha dicho, sin fundamento, que los no ciudadanos votarán ilegalmente en las próximas elecciones y que los inmigrantes con “malos genes” están cometiendo asesinatos.
El 11 de octubre, Trump visitó Aurora, Colorado, y pronunció un discurso de casi 90 minutos lleno de retórica antiinmigrante extrema. Dijo que, si era reelegido, pondría en marcha una iniciativa llamada “Operación Aurora” para detener y deportar a inmigrantes indocumentados acusados de delitos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada sólo tres veces anteriormente, todas durante guerras.
“También invocaremos la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de Estados Unidos a todos los miembros conocidos o sospechosos de pertenecer a bandas, traficantes de drogas o miembros de cárteles, acabando de una vez por todas con el azote de la violencia de las bandas de inmigrantes ilegales”, dice la plataforma del Partido Republicano para 2024.
Según Rolling Stone, Trump y su círculo, en virtud de la ley, considerarían a los cárteles y bandas latinoamericanas naciones extranjeras, o actores que han cooptado y corrompido a sus gobiernos hasta el punto de que podrían ser considerados actores estatales.
“La xenofobia y el racismo se convertirían en en las bases de la política de inmigración estadounidense, y las deportaciones masivas destrozarían familias, comunidades y el tejido de nuestra nación”, subrayó Maribel Hernández Rivera, directora de política y asuntos gubernamentales, fronteras e inmigración de la ACLU, al hablar de los planes de Trump.
Si bien una buena parte de la población apoya la idea de deportación masiva, según una encuesta de septiembre, la logística de un proyecto de este tipo es cuestionable, y los costes potenciales masivamente caros. Según los defensores de los inmigrantes, el mero hecho de la idea provoca un efecto escalofriante entre las comunidades de inmigrantes.
“Una forma de pensar en el impacto de las deportaciones masivas y las enormes restricciones a la inmigración es el impacto que tendría en una industria tras otra: granjas, restaurantes, atención médica, cuidado de niños, construcción”, dijo David Dyssegaard Kallick, director de Immigration Research Initiative. “Pero en realidad, eso es sólo la punta del iceberg”.
Más allá de sus pretensiones de deportación, Trump ha dicho que planea reinstaurar muchas de las mismas políticas de su primer mandato: la construcción de un muro fronterizo, la política de “Permanecer en México”, la prohibición de ingreso al país a personas procedentes de países de mayoría musulmana—pero esta vez incluyendo a los refugiados de Gaza—y las restricciones de asilo. Trump también quiere acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres indocumentados.
“No se pueden subestimar los daños que un segundo mandato de Trump infligiría a los inmigrantes”, añadió Hernández Rivera.
Tales políticas probablemente suscitarían una importante oposición local. En la ciudad de Nueva York, hubo decenas de protestas contra las políticas de inmigración del expresidente en 2017, con la mayoría de los participantes en acciones públicas relacionadas con inmigración ese año, según la organización New Yorker for Parks.
Los inmigrantes representan alrededor del 38 por ciento de la población total de la ciudad —algo más de 3 millones de personas, según los datos más recientes de la ciudad—, de los cuales cerca del 13 por ciento son indocumentados.
Un enfoque fronterizo
Aunque difieren en su enfoque, muchos ven una convergencia entre los dos principales candidatos presidenciales en lo que se refiere a la política fronteriza, observando con sorpresa que la vicepresidenta Harris ha propuesto algunas de las propuestas más restrictivas en décadas por parte de un candidato demócrata.
Tras una visita a la frontera este otoño, Harris se comprometió a mantener las restricciones al asilo impuestas por el Presidente Joe Biden, que se aplicaron en junio y han reducido el número de cruces fronterizos.
A los pocos meses de tomar posesión de su cargo, el Presidente Biden encargó a Harris que dirigiera los esfuerzos diplomáticos para abordar las causas profundas de la migración en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Poco después, durante un viaje a Guatemala, Harris dijo a la población de ese país que no emigrara a los Estados Unidos.
“Quiero subrayar que el objetivo de nuestro trabajo es ayudar a los guatemaltecos a encontrar esperanza en su país”, dijo a los reunidos en una rueda de prensa en 2021. “Al mismo tiempo, quiero ser clara con la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México: No vengan. No vengan”.
Algunos defensores dicen que, en cambio, preferirían ver una política que arregle el sistema de inmigración.
“Encuesta tras encuesta muestra que los votantes quieren un enfoque equilibrado y humano a la inmigración”, dijo Hernández Rivera, incluyendo la aprobación de políticas, “tales como la contratación de más jueces de inmigración y personal para reducir la acumulación de casos”.
Si Harris es elegida presidenta, añadió Hernández Rivera, “el gobierno de Harris debe trazar un nuevo rumbo en materia de inmigración y rechazar medidas que cierran la puerta a personas cuyas vidas están en peligro, perjudican a los inmigrantes y dividen a nuestras comunidades”.
Colleen Putzel-Kavanaugh, analista política asociada del Migration Policy Institute, fue coautora de un análisis de los puntos de vista convergentes de los candidatos a finales de septiembre.
“Creo que aunque ambos partidos están de acuerdo en que la frontera suroeste debe gestionarse de forma diferente, o que las herramientas disponibles actualmente no logran lo que ellos consideran una frontera gestionada, la forma de hacerlo es bastante diferente”, explicó.
Según el sitio web de Harris, ella reconoce que el sistema de inmigración “no funciona” y necesita una “reforma integral” que incluya “una fuerte seguridad fronteriza y un camino ganado a la ciudadanía”.
Sin embargo, los detalles sobre cómo se ganaría ese camino a la ciudadanía son escasos.
“Según tengo entendido… habría algunas condiciones que deberías cumplir, algunas cosas que tienes que hacer si actualmente estás indocumentado. Y, si cumples, primero obtendrías una autorización de trabajo, y luego, con el tiempo, podrías solicitar la ciudadanía”, explicó Kallick.
Pero “el reto es que esto requiere la acción del Congreso”, donde no se ha aprobado ninguna reforma migratoria en más de cuatro décadas.
El 10 de octubre, durante un debate público organizado por Univisión, una votante en lágrimas le contó a Harris la historia de su madre, quien había muerto unas semanas antes y no había podido recibir la atención médica que necesitaba debido a su estatus migratorio.
“¿Cuáles son sus planes?”, preguntó Ivett Castillo a Harris. “¿O tiene planes para apoyar a este subgrupo de inmigrantes que llevan aquí toda su vida, o la mayor parte de ella, y tienen que vivir y morir en la sombra?”.
Tras expresar sus condolencias, Harris habló de cómo implosionó la propuesta llamada US Citizenship Act de 2021, que el gobierno de Biden lanzó tras asumir el cargo y que incluía una reforma migratoria.
“Y este es un ejemplo de que hay gente real que está sufriendo por la incapacidad de anteponer las soluciones a la política”, dijo Harris. Inmediatamente después, se refirió a la frontera y a la política.
“En lo que respecta a lo que tenemos que hacer para reforzar nuestra frontera, un grupo bipartidista de miembros del Congreso, incluido uno de los miembros más conservadores del Senado de Estados Unidos, se reunieron con uno de los proyectos de ley de seguridad fronteriza más fuertes que hemos tenido en décadas”, dijo Harris.
La vicepresidenta se refería al proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza, que ella aún apoya. Aunque no avanzó en el Congreso a principios de este año, habría proporcionado más recursos para interceptar el fentanilo y otras drogas, añadido más agentes en la frontera y asignado dinero para continuar la construcción del muro fronterizo, a pesar de que Harris había llamado al muro un “uso estúpido del dinero” en 2017.
“Como presidenta, traerá de vuelta el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza y lo firmará como ley”, dice la página web de campaña de Harris.
Hasta ahora, la vicepresidenta no ha ofrecido una política específica para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), cuyo destino está siendo sopesado actualmente por un tribunal federal de apelaciones.
El programa DACA, creado durante la administración Obama para conceder protección contra la deportación y la posibilidad de trabajar a ciertos inmigrantes que llegaron aquí de niños, ha sido objeto de un escrutinio obsesivo por parte de los republicanos, que a través de una coalición de fiscales generales republicanos han liderado una campaña para ponerle fin.
Mientras el programa permanece en el limbo legal, un fallo de 2021 prohibió al Departamento de Seguridad Nacional procesar nuevas solicitudes, permitiendo sólo a los actuales beneficiarios de DACA solicitar renovaciones y mantener sus protecciones.
“Me gustaría escuchar a Harris hablar más sobre el papel crucial que desempeñan los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo en la economía”, dijo Dyssegaard Kallick. “Los inmigrantes son propietarios de pequeñas empresas, prestan servicios clave y refuerzan muchas industrias”.
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